Alertan del riesgo de que beneficiarios de las ayudas por el Covid defrauden al Govern

La Sindicatura de Cuentas ha alertado del riesgo de que algunos beneficiarios de las ayudas directas entregadas por el Govern a las empresas y profesionales para hacer frente a la pandemia del Covid puedan defraudar a la administración autonómica.

Lo ha explicado este martes el síndico mayor, Joan Roselló, en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlament, en la que ha comparecido para dar cuenta de su informe de fiscalización de la convocatoria extraordinaria de estas subvenciones en 2021, que supusieron la adjudicación de unos 855 millones de euros.

Para su análisis, la Sindicatura ha seleccionado 390 expedientes --de los cerca de 10.000-- de forma aleatoria, de los cuales ha revisado si las subvenciones se ajustaron a los requisitos establecidos, si se adjudicaron de acuerdo a la normativa, si se destinaron a las finalidades para las que se habían concedido o si estuvieron correctamente justificadas por los beneficiarios, entre otros aspectos.

Aunque los síndicos han determinado que la actividad subvencionadora llevada a cabo por la administración se desarrolló en sus aspectos más significativos de forma correcta, también han detectado algunas incidencias graves en la gestión y control de la misma. Éstas, dado los escasos recursos con los que cuenta el Govern para llevar a cabo la liquidación de todos los expedientes, comporta un "riesgo significativo de fraude" por parte de algunos beneficiarios, ha advertido Roselló.

De los 723 expedientes revisados, ha puesto como ejemplo, la Comunidad Autónoma ya ha dictado 371 resoluciones de reintegro de las ayudas --por incumplimientos de las condiciones--, ha interpuesto 47 recursos contenciosos-administrativos y ha derivado cuatro a la Abogacía autonómica.

El síndico mayor también ha expuesto algunas de las limitaciones que se han encontrado a la hora de realizar su informe, como el hecho de que el 93 por ciento de los expedientes seleccionados en la muestra todavía no han sido fiscalizados por la administración. "Por lo tanto, si bien la Sindicatura los ha fiscalizado, no ha podido comprobar el control realizado por el Govern, porque éste ni siquiera había comenzado. No se ha comprobado si los beneficiarios han entregado la documentación justificativa dos años después de haber acabado el plazo para hacerlo", ha subrayado. Esto, a juicio de Roselló, habla de un "colapso" en la revisión de los expedientes, muchos de los cuales ni siquiera se ha comenzado a comprobar que cumplan con los requisitos.

Otra de las limitaciones que han identificado ha sido que la administración no ha decidido de qué manera comprobará que los beneficiarios han cumplido con las condiciones de mantenimiento de actividad, el no reparto de dividendos o el no incremento de las retribuciones del personal directivo, por lo que tampoco han podido someterlo a revisión. "El reloj, mientras, sigue corriendo", ha subrayado Roselló, quien ha recordado que tan solo queda un año para que acabe el plazo.

En cuanto a las incidencias, Roselló ha destacado la falta de una previsión temporal de las actuaciones a realizar en cuanto a la revisión de las justificaciones y la liquidación de las subvenciones. "Esto podría llevar a que la liquidación no se pueda realizar en el plazo de cuatro años y los potenciales incumplimientos y reintegros queden sin efecto", ha apuntado.

También se han identificado incoherencias en las bases de las convocatorias derivadas de los ocho cambios a los que fueron sometidas para modificar determinados aspectos. Así las cosas, Roselló ha recomendado que se agilicen las tareas de revisión de las justificaciones dotando de más personal al departamento encargado y que se definan los procedimientos para certificar el cumplimiento de las condiciones. También ha instado a la intervención a realizar un control financiero específico y a realizar una evaluación del impacto económico que ha tenido la convocatoria de las ayudas en Baleares.

SUBVENCIONES DE LOS CONSELLS INSULARES

En la comisión de este martes la Sindicatura de Cuentas también ha dado cuenta de otros cinco informes, cuatro de ellos relativos a las subvenciones y los contratos de cada uno de los consells insulares durante el ejercicio 2022. El síndico Fernando Toll-Messía, quien ha sido el encargado de desgranarlos, ha apuntado que en líneas generales se han hecho de acuerdo a la legalidad, aunque también se han identificado algunas incidencias.

Uno de los puntos en los que más énfasis ha hecho, entre los muchos que ha detallado, ha sido el exceso de subvenciones directas adjudicadas por las instituciones insulares. Éstas, aunque deberían ser una excepción y deberían concederse de forma "restrictiva", han supuesto el 32% de las adjudicadas por el Consell de Mallorca, el 30% por el Consell de Menorca, un 37% por el Consell de Ibiza y un 41% por el Consell de Formentera.

En cuanto a los contratos analizados --tanto convencionales como menores--, ha señalado Toll-Messía, se han detectado 21 "incidencias significativas" en Mallorca, 17 en Menorca, 24 en Ibiza y 14 en Formentera. Obviando estas cuestiones, ha admitido, la actividad contractual de los consells se ha desarrollado de conformidad con la normativa legal.

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS ENTIDADES LOCALES

La síndica Maria Antònia García, por su parte, se ha encargado de dar cuenta del informe elaborado por la Sindicatura sobre las medidas adoptadas por las administraciones locales de Baleares en materia de ahorro y eficiencia energética durante 2023. En concreto, ha explicado, la Sindicatura ha tomado como muestra los 13 municipios del archipiélago con más de 20.000 habitantes: Palma, Calvià, Ibiza, Manacor, Santa Eulària, Marratxí, Llucmajor, Ciutadella, Inca, Maó, Sant Josep, Sant Antoni y Alcùdia.

De todos ellos, entre otros aspectos, se han analizado sus actuaciones en materia de eficiencia energética o el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del Pacto europeo de las Alcaldías por el Clima y la Energía, del que en 2023 formaban parte 65 de los 67 municipios de las Islas. Los dos restantes, ha asegurado García, son Sant Joan de Labritja y Santa Eulària, que sin embargo a día de hoy ya han iniciado los trámites para adherirse.

Entre los compromisos que conlleva formar parte del pacto destacan la realización de un inventario de emisiones y un análisis de riesgos y vulnerabilidades, la redacción de un plan de acción con un conjunto de actividades y el seguimiento periódico de éstas. "Prácticamente todos los ayuntamientos que firmaron su adhesión han cumplido con el requisito de presentar su plan de actuaciones. Faltaban tres, pero ya están trabajando para registrarlo", ha dicho la síndica. El contenido del mismo, ha añadido, cumplía en todos los casos con los requisitos exigidos por Europa.

El primer informe de seguimiento, que se debe realizar a los dos años de la presentación del plan, tan solo ha sido remitido de momento por Calvià. El presupuesto destinado por los 13 ayuntamientos a acciones y políticas en favor del clima y la sostenibilidad rondan los 452 millones de euros. El 90% se han invertido en acciones de mitigación y casi la totalidad del 10% restante, a otras de adaptación. Prácticamente no ha habido acciones para luchar contra la pobreza energética, ha lamentado la síndica.

En cualquier caso, se ha mostrado en disposición de afirmar que existe "un alto grado de compromiso" por parte de los municipios de Baleares en cumplir con la agenda europea en materia de eficiencia energética. Aún así, les ha recomendado adoptar medidas como la constitución de una asamblea municipal ciudadana de cambio climático o identificar los grupos de población más vulnerables a las amenazas climáticas.