Alegan contra la megaplanta de compostaje de Llucmajor y reclaman opciones más descentralizadas

Redacción | 21/11/2022

El Grupo Ornitológico Balear (GOB) ha informado de la presentación de alegaciones a la megaplanta de compostaje que está proyectada en Llucmajor y reclama alternativas "hiperdescentralizadas" con menores costes de implantación y operatividad para la gestión de la fracción orgánica.

La organización ecologista ha argumentado que frente al proyecto actual, otras soluciones mixtas de compostaje tradicional, doméstico, comunitario y de agrocompostaje serían "más eficientes económicamente" y repercutirían en la economía de desarrollo local, al tiempo que evitarían el transporte y la gestión centralizada de residuos.

Aunque el GOB admite que la gestión de los residuos orgánicos es una de las "asignaturas pendientes, el coste de las grandes instalaciones como la de Llucmajor --una de las más grandes que está previsto construir-- no está justificado.

Además, en el caso de la planta de Llucmajor, han indicado que entra en conflicto con los planteamientos relativos a los principios de proximidad y autosuficiencia. Una megaplanta, han argumentado, no permite el desarrollo del agrocompostaje ni el impulso de la economía circular.

Las alegaciones hacen referencia a la ubicación y, entre otras cuestiones, al hecho de que no cuenta con dotación eléctrica ni recursos hídricos propios. Respecto a esto, según han indicado, la necesidad de un proyecto de una nueva línea de media tensión y un parque fotovoltaico encarecen la inversión.

Respecto a la falta de los recursos hídricos necesarios, el GOB ha indicado que el proyecto se refiere a la recogida de agua de lluvia, pero sin justificar la disponibilidad de recursos hídricos suficientes para el desarrollo de la actividad. De hecho, sigue el GOB, se apunta a la necesidad de transportar agua con camiones, lo que incrementaría el tráfico de vehículos pesados.

Las simulación de las naves cerradas de la planta, han indicado, advierten del gran impacto que tendrá la instalación en un paisaje singular, en suelo rústico, y que ha tenido que requerir la declaración de interés general.

La entidad ecologista ha explicado que la gestión hiperdescentralizada de la fracción orgánica, más económica y con menos impactos en todos los sentidos, evitaría esta implantación de unas infraestructuras de carácter industrial en suelo rústico.

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