"Absoluto rechazo" a la política urbanística por parte del sector de la construcción

El sector de la Construcción en Baleares ha trasladado su "absoluto rechazo" a la política de vivienda impulsada en los últimos años en las islas, al considerar que está impidiendo “poder desarrollar vivienda asequible en la comunidad, como ha denunciado la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas.

La presidenta de la patronal ha lamentado este lunes tras la Comisión de Construcción de CAEB que "la nueva hornada de normas urbanísticas y anuncios de restricciones adicionales impone más trabas y criterios subjetivos" y que el sector alerta del intento de desviar la atención sobre una política urbanística "equivocada con consecuencias muy negativas”, ha señalado la entidad en una nota.

Representantes y miembros de diversas asociaciones de las islas vinculadas al sector de la construcción se han reunido en el salón de actos de CAEB para analizar "la delicada situación y el malestar creciente de un sector que se siente ignorado por una política urbanística que no está solucionando la grave falta de vivienda que padece la comunidad", han apuntado desde la patronal.

Planas se ha referido al aumento de los precios de la vivienda que afecta sobre todo a los residentes y a aquellas personas que pretenden trasladarse a las islas para trabajar y vivir en Baleares.

"No acabamos de entender porqué algunas de las medidas, de tanta relevancia social, no tienen cabida en las mesas de diálogo que el Govern convoca regularmente para ir de la mano y buscar consensos en los problemas que más afectan a la ciudadanía de Baleares”, ha manifestado la presidenta de la CAEB.

Para Planas, la gota que ha colmado el vaso del sector ha sido el Decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia Urbanística publicado el pasado 29 de diciembre en el BOIB que se prevé presentar este martes en el Parlament.

Ha advertido que este decreto "no hará más que encarecer aún más la vivienda y fomentará la especulación del suelo en un entorno de máxima preocupación ciudadana", motivo por el cual ha instado a los partidos a reconsiderar su posición ante un decreto que ha calificado de "electoralista".

Por su parte, el presidente la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (Proinba), Luis Martín, ha afirmado que el sector considera que este decreto supone "un ataque frontal a la necesidad de vivienda asequible en Baleares, dentro de una situación de emergencia habitacional”.

"El Govern vuelve a utilizar este ‘decretazo’ para aplicar sin consenso alguno unas medidas que provocan mayor inseguridad jurídica de propietarios e inversores al hacer urbanismo por decreto, invadiendo competencias municipales", ha reprochado.

El sector también ha denunciado que las limitaciones a los municipios para poder autorizar nuevo suelo urbanizable provocará un encarecimiento del precio de la vivienda, en vez de articular soluciones para disponer de suelo a precio razonable para poder desarrollar vivienda asequible.

Además, el sector ha remarcado que la desclasificación de urbanizables del Decreto Ley del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Palma y del Plan Territorial del Consell de Mallorca quitan del mercado 53.200 hectáreas donde construir unas 20.000 viviendas y que en la actualidad se construyen unas 3.000 viviendas nuevas al año cuando el ritmo óptimo para poder atender la demanda sería de unas 7.000 anuales, según los expertos.

En esta línea, desde el sector han insistido en que, al construir menos vivienda nueva, se presiona al mercado de la segunda mano, que encarece su precio, y a la vez repercute en una subida de los alquileres, al aumentar la demanda.

La principal motivación de estas medidas, según el Decreto, es priorizar la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbana. Desde el sector consideran que ello es "positivo y acertado", si bien han hecho hincapié en que no se puede pretender que sólo con estas actuaciones se resuelvan las necesidades de vivienda en los municipios.

También han alertado de que este decreto se suma a medidas y modificaciones reiteradas de normativa que “solo provocan un aumento de la inseguridad jurídica". "Esto causará un descenso de la actividad que se verá traducido en una reducción de las plantillas", han advertido desde el sector.

La Construcción en Baleares ha exigido un pacto entre todos los partidos para actuar de manera determinada en un plan de vivienda en la comunidad que se respete durante 20 años y que favorezca la estabilidad normativa, seguridad jurídica y eficiencia en la tramitación, eliminando lo que genere arbitrariedad al sistema”, ha asegurado el presidente de la Comisión de Construcción de CAEB, Óscar Carreras.

Entre otras propuestas, el sector ha sugerido adaptar la normativa urbanística urgentemente a las necesidades de la sociedad actual, aportando mayor flexibilidad y eficiencia a los espacios urbanos disponibles, crecer en altura y en densidad, igualando alturas en zonas urbanas y permitir cambios de uso a suelos urbanos no aprovechados para generar vivienda asequible y establecer un programa de cesión de suelo público en régimen de derecho de superficie para el desarrollo de vivienda a precio asequible.

También ha propuesto incentivar al sector inmobiliario para poder volver a generar vivienda asequible, incentivar con más recursos públicos la compra y el alquiler para jóvenes y personas vulnerables, reducir la enorme carga fiscal de la vivienda, reducir el tiempo de espera para las licencias de obra y modernizar los procesos administrativos relacionados con la vivienda.