El macrojuicio contra Cursach comenzará en junio

El juicio contra el empresario Bartolomé Cursach comenzará el 13 de junio de este año y se prolongará varios meses hasta finalizar el 13 de enero de 2023 -en agosto no habría sesiones del macrojuicio al ser un mes inhábil-, según han confirmado fuentes del caso.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Baleares han indicado que se trata de un señalamiento provisional, ya que los abogados de las partes implicadas --con más de una veintena de acusados-- tienen ahora tres días para comunicar otros señalamientos preferentes.

Posteriormente, el Tribunal resolverá para fijar la fecha de forma definitiva. El juicio se celebrará en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

Cursach, quien estuvo privado de libertad desde el 28 de febrero de 2017 hasta el 18 de abril de 2018, se enfrenta una petición de la Fiscalía Anticorrupción de ocho años y medio de cárcel, acusado de delitos de pertenencia a un grupo criminal, prevaricación administrativa, cohecho activo y coacciones.

Se investiga si policías y políticos beneficiaron a Cursach reforzando la posición de sus discotecas y locales de ocio frente a la competencia, a cambio de regalos y otras prebendas a cuenta del empresario.

Además, también se reclama a Cursach un total de 15 años de inhabilitación especial para toda actividad relativa a la hostelería, ocio o recreo, así como una sanción económica de unos 60.000 euros.

En concreto, la sanción económica correspondería al delito de cohecho activo continuado, que también implica cinco años de prisión y la inhabilitación especial para cargo o empleo público por tiempo de diez años.

Asimismo, por el delito continuado de coacciones se solicita una pena de 24 meses de prisión, mientras que por pertenencia a un grupo criminal se pide la pena de 18 meses de cárcel e inhabilitación especial por tiempo de 15 años.

En el macrojuicio también se sentará en el banquillo Bartolomé Sbert Nicolau, quien fue director general del Grupo Cursach Ocio cuando tuvieron lugar los hechos denunciados. Se le acusa de los mismos delitos y se solicita una pena de 18 meses de cárcel, 15 años de inhabilitación en actividades relacionadas, diez años para todo cargo o función pública y una multa de otros 60.000 euros, entre otros.