PP amplía su denuncia en Anticorrupción por contratos del Gobierno

El Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ha ampliado este lunes la denuncia que interpuso el pasado 10 de marzo en la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada por contratos adjudicados por el Ejecutivo central durante la pandemia, presentando "pruebas" de las presuntas irregularidades, y ha reclamado que se investigue si en estos podría haber involucrados fondos europeos.

"Estamos para ampliar la denuncia y aportar pruebas a esa denuncia. Hemos aportado las cuentas de la empresa vinculada con el marido de Nadia Calviño --vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos--, unas cuentas que reflejan una pérdida patrimonial y una posible deuda con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria", ha explicado el portavoz de la formación, Alfonso Serrano, a los medios de comunicación.

Según ha relatado, estos hechos "inhabilitarían a la empresa a ser contratada por la Administración General del Estado", cuestión que no se habría cumplido al haber recibido contratos con el Ministerio de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión en concepto de "reputación online" y también impediría que se le considerase "intermediario digital" en el Plan Kit Digital que lidera Nadia Calviño.

PP PLANTEA DUDAS SOBRE "QUIÉN ESTÁ DETRÁS" DE LA EMPRESA

También han cuestionado la entrega de los créditos ICO a esta compañía por valor de 350.000 y 500.000 euros, que "sorprende la agilidad" con la que se concedieron mientras el "órgano encargado de velar por estos fondos respondía" al área de Calviño.

Asimismo, Serrano ha asegurado que también han tratado de dilucidar "quién está detrás de esta empresa" y ha detallado que la compañía está participada al 100% por otra empresa que a su vez lo está en un 30% por un fondo de inversión y en un 70% por una empresa radicada en Luxemburgo. "A día de hoy es imposible saber quién está detrás de la empresa", ha deslizado el portavoz 'popular'.

Es por ello que en la ampliación de la denuncia, solicita que la Fiscalía Anticorrupción investigue la "titularidad real" de la compañía para poder delimitar si hubo o no "conflicto de interés" porque dada la "opaca composición accionarial" es de "enorme dificultad" conocer quiénes eran los "beneficiarios reales" de estas concesiones públicas.

Serrano ha explicado, además, que la documentación aportada no solo se limita a los contratos vinculados al marido de la vicepresidenta, sino que también ahondan en otros concedidos por los ministerios de Sanidad y de Transportes. La denuncia interpuesta el 10 de marzo se refiere a doce contratos por valor de 326 millones de euros y a catorce ayudas en forma de avales por un valor de más de 800.000 euros.

El PP reclama en el escrito registrado este lunes que se requiera al Ejecutivo central que entregue pormenorizadamente de qué partidas presupuestarias salieron los fondos vinculados a estos contratos por si hubiera "alguna afección a los intereses financieros de la Unión Europea". "A lo mejor pueden haberse pagado con fondos europeos", ha apostillado Serrano.

FISCALÍA EUROPEA

Por otro lado, al ser preguntado por si cree que la Fiscalía Europea debería también reclamar la investigación de estos contratos --como sucediera con el contrato de emergencia vinculado al hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso--, ha señalado que lo "desconoce" porque "no se ha tenido conocimiento de la actividad" de la representante de España en la Fiscalía Europea, Concepción Sabadell, desde que fuera designada en 2020.

Ha recordado que este nombramiento lo llevó a cabo la Fiscal General del Estado y exministra socialista de Justicia, Dolores Delgado. Sabadell es conocida por su labor acusadora en el 'caso Gürtel' como fiscal anticorrupción.

Este lunes la Fiscalía Europea ha emitido un comunicado en el que señala que se ha puesto en contacto con Dolores Delgado para solicitarle que si tiene dudas sobre quién tiene la competencia para investigar el contrato de emergencia vinculado a Tomás Ayuso eleve una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Esta petición, se ha hecho horas antes de que Delgado reúna a la Junta de Fiscales de Sala para escuchar su opinión, no vinculante, sobre si las investigaciones deben permanecer en su totalidad en la Fiscalía Anticorrupción, si la parte de la malversación debe ir a la Fiscalía Europea o si todo ha de quedar en manos de esta última.