Las trabajadoras sociales cargan contra Ayuntamiento de Palma por el decreto de estabilización

Las trabajadoras sociales cargan contra el Ayuntamiento de Palma por el decreto de estabilización. Según ha informado el sindicato Asociación de Trabajadores de Administraciones Públicas (ATAP), el Consistorio les ha comunicado ceses inminentes, previstos para finales de este mismo mes, por no haber superado el proceso selectivo ordinario de concurso-oposición, "cuando hoy se resolvería por concurso de méritos", se quejan. 

Se conoce como decreto de estabilización a la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que tiene como objetivo reducirla al 8 por ciento y transponer las directrices europeas en cuanto al abuso de la temporalidad ilícita.

No obstante, argumentan, estas directrices comunitarias exigen sancionar los abusos cometidos y no regula ninguna sanción a los abusos ya cometidos, incumpliendo descaradamente la normativa europea. Esta "falta de voluntad política" en solucionar los abusos ya cometidos es la "consecuencia de los ceses actuales de trabajadores públicos temporales en abuso de la contratación temporal" aseguran.

Desde ATAP han recalcado que las trabajadoras que van a cesar son mujeres, mayores de 45 años, con experiencia en su puesto de trabajo, una media de 14 años de antigüedad, "condenándolas a un riesgo de exclusión laboral" por sus edades y sus perfiles especializados como trabajadoras sociales en el sector público.

El sindicato recuerda que en el momento del COVID fueron personal esencial y sacaron los servicios públicos adelante, sufriendo mayor carga laboral, a lo que el Ayuntamiento responde "encubriendo un ERE ilegal y gratuito, para mantener su trabajo que llevaban décadas realizando de manera precaria e ilícita por el mal funcionamiento de la Administración, al infringir la ley y no convocar anualmente la oferta pública"

Según ATAP, las trabajadoras ya han demandado en los juzgados "este fraude", sin haber sentencia resolutoria. Así, advierten que la jurisprudencia ya reconoce el abuso de la temporalidad convirtiéndose en fraude de ley.

Por ello, estos ceses son ilegales al ser contrarios a la normativa europea actual y su jurisprudencia. Los trabajadores en abuso de la temporalidad no pueden someterse a un sistema de oposición ordinario para lograr la estabilidad, porque deben sancionarse antes los abusos. De la misma forma, no pueden someterse a procesos selectivos a aquellos trabajadores "en abuso" ya que esto conllevaría penalizar y sancionar a la propia víctima del abuso y no a la Administración que ha cometido el abuso y fraude de ley.

"El Ayuntamiento de Palma está haciendo todo lo contrario de lo que dictamina Europa en sus sentencias", han asegurado, al sacar a oferta pública las plazas judicializadas, sin tener en cuenta la posible readmisión de las trabajadoras si los Tribunales les dieran la razón con las correspondientes consecuencias de aumento de gasto público y empeoramiento del servicio público.

Así, las trabajadoras piden que se reviertan los ceses y se les incluya en plazas vacantes temporales hasta que se resuelva su procedimiento judicial, por no haber tenido oportunidad legal de estabilizar su situación contractual fraudulenta durante tantos años.