Denuncian ante la Fiscalía el presunto entramado corrupto en UGT que desvió fondos del Fogasa

El sindicato para la Defensa de la Solidaridad con los Trabajadores de España (Solidaridad) ha interpuesto esta mañana una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial de Madrid para que se investigue la presunta trama corrupta que habría desviado fondos de UGT del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), un organismo adscrito al Ministerio de Trabajo que garantiza indemnizaciones por despidos.

A las dependencias de la Fiscalía Provincial, ubicada en la sede de la Audiencia Provincial de Madrid de la calle Santiago de Compostela, se han acercado el secretario general de Solidaridad y diputado de Vox por Almería en la Junta de Andalucía, Rodrigo Alonso Fernández, acompañado por su letrado, para registrar la denuncia por delitos de estafa, falsedad en documento mercantil, apropiación indebida y un delito contra los derechos de los trabajadores.

Esta denuncia se suma a otra presentada por el propio UGT ante la Fiscalía de Madrid y a la que presentó ante la Policía el exsecretario general de UGT Madrid Luis Miguel López Reillo, que dimitió tras denunciar este caso.

El líder del sindicato ha subrayado que Solidaridad es "muy sensible" a los casos de corrupción y en este caso, su líder más, al provenir de Andalucía aludiendo al caso de los ERES en el que se investigó una red de corrupción política integrada en el seno de la Junta de Andalucía.

"La denuncia se basa en el supuesto entramado de cobros irregulares por parte de UGT Madrid cuyos fondos vienen del Fogasa y en un caso donde se han usado de forma fraudulenta los datos personales de los afiliados. Se cifra la estafa en unos tres millones de euros y vamos a denunciarlo para que se esclarezcan los hechos y se llegue al fin de la cuestión", ha reseñado.

"Si ha habido una estafa, queremos que el dinero vuelva al erario público y se condene a los responsables. No nos sorprende el caso de corrupción por los datos históricos en torno a los sindicatos, y más de UGT y CC.OO., no solo en Andalucía sino también en Madrid y Asturias. Queremos que se señalen a los culpables, les metan en la cárcel y devuelvan el dinero.

En el caso de que se judicialice el asunto, el sindicato se personará como acusación popular. "Vamos a llegar hasta el final", ha advertido el diputado de Vox por Almería.

DILIGENCIAS

En la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, se solicita al fiscal del caso que requiera al Fogasa los expedientes de los pagos a UGT.

También que se reclame al banco los extractos de las transferencias y cheques relacionados. De igual modo, este sindicato pide que declaren Luis Miguel López Reillo y el responsable de finanzas, Clemente Sánchez Arenas.

Tras la dimisión de Reillo, se puso en marcha una gestora presidida por Rafael Espartero, vicesecretario general de organización confederal y policía municipal de Madrid.

Fue precisamente la gestora del sindicato la que puso en manos de la Fiscalía de Madrid la documentación facilitada en su denuncia por el exlíder del sindicato. A principios de enero, la Fiscalía acordó la apertura de unas diligencias de investigación tras la denuncia de UGT.

TRABAJADORES FALSOS

El desvío de dinero público del presunto entramado se habría situado entre el millón y los dos millones de euros y se habrían creado trabajadores falsos y empresas ficticias para poder desviar los fondos.

Además del personal de la propia UGT, se sospecha que también forman parte de la trama pequeñas entidades bancarias. Los datos aportados centran estas actuaciones en la zona de Getafe.

El exlíder de UGT Madrid recibió hace unos meses importantes avisos de los analistas económicos cercanos al propio sindicato que habían detectado "descuadres y descontrol absoluto" en las cuestas de gestión de esos fondos, y le recomendaron poner el caso en manos de la autoridades policiales.

De forma paralela, UGT abrió una investigación interna con un auditor para determinar "la profundidad" de la estafa y garantizar que el estafado en la trama corrupta es el propio sindicato, dado que se pagaron pagado fondos a trabajadores que no eran receptivos de esos fondos.