Caso Cursach: Agentes de la Patrulla Verde niegan haber exigido sexo a cambio de no hacer inspecciones

Los agentes de la Patrulla Verde Gabriel Mayol y José Mayans han negado, este martes durante el juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares por el caso Cursach, haber exigido sexo a cambio de no realizar inspecciones en determinados locales.

Ante preguntas de las diferentes partes, tanto Mayol como Mayans han defendido sus actuaciones en estos establecimientos por cuestiones regladas.

Cabe recordar que la Fiscalía solicita para Mayol nueve años y medio de cárcel por delitos de cohecho pasivo, abuso de función pública con solicitud sexual, delito continuado de coacciones y delito de revelación de secretos.

En cambio, para Mayans, el Ministerio Fiscal pide seis años y medio por un delito de cohecho pasivo continuado y coacciones.

En su declaración, el agente Mayol ha concretado que estuvo en la Patrulla Verde desde 1998 hasta 2015 y se ha sumado a las declaraciones anteriores, de Bartolomé Capó, Gabriel Torres y Feliciano Franco, sobre cómo funcionaba la Patrulla Verde.

Además de indicar que no estuvo presencialmente en una supuesta inspección pactada a la discoteca Tito's y defender las intervenciones en Sa Trobada por incumplimiento de normativa, el agente de la Patrulla Verde ha resaltado que "normalmente" las discotecas del Grupo Cursach "están muy bien". "En su actividad no he encontrado ninguna anomalía. Sí he denunciado a sus tiqueteros", ha dicho.

Con todo, ha aseverado que "nunca" ha hecho un acta "injustificada" y no ha recibido ninguna indicación por parte del empresario Bartolomé Cursach y su 'mano derecha', Bartolomé Sbert. "Rotundamente, no".

A continuación, su compañero en la Patrulla Verde, José Mayans, ha coincidido en su declaración con Mayol en el relato de los hechos ocurridos durante la inspección en Tito's. El agente ha rechazado haber cobrado comisiones, exigido regalos o no pagar consumiciones a cambio de no expedientar a ciertos locales.

Igualmente, ha concretado que los controles en la zona de La Lonja, el Paseo Marítimo y la zona de Santa Catalina se hicieron por orden del Ayuntamiento de Palma, en concreto del área de Seguridad Ciudadana, para realizar vigilancia de los horarios de cierre de los locales.

Además ha rechazado que haya ido con prostitutas o haya consumido cocaína. "Es completamente falso. No soy consumidor de cocaína", ha afirmado, para después indicar sobre la instrucción judicial: "Lo que hemos pasado nosotros, no lo saben".

Anteriormente, el oficial de la Patrulla Verde Feliciano Franco ha negado que se enviara a agentes para que se denunciara a locales de la competencia del empresario Bartolomé Cursach.

Franco, para quien la Fiscalía pide dos años de cárcel por un delito continuado de coacciones, ha sido el primero en declarar este martes.

Antes de comenzar, el Tribunal ha recordado a los investigados que eviten leer sus declaraciones de la fase de instrucción porque la que sirve es la del juicio.

El policía local ha justificado sus intervenciones dentro del grupo de trabajo de la Patrulla Verde, en la que estuvo desde 2005 hasta 2015, momento en el que fue detenido por supuestas coacciones a locales por orden del Grupo Cursach.

A pesar de haber reconocido los "pocos recursos" con los que trabaja la Patrulla Verde, el agente ha subrayado que hacían "muchos requerimientos".

Franco ha rechazado que el sistema de reparto realizado por el oficial de la Patrulla Verde Gabriel Torres fuese objeto de "muchas quejas", sino que se debatía "mucho".

Esta afirmación ha sido señalado por el Ministerio Fiscal como una contradicción con su declaración en fase de instrucción, ya que en "más de una ocasión" afirmó que el trabajo se podía distribuir de una forma y "ahora dice lo contrario".

Sobre las justificaciones para realizar inspecciones en determinados locales de ocio, Franco ha subrayado que existían controles de cierre y apertura aunque "la Patrulla de fin de semana sabía que su primera labor era comprobar que estaban cerrados". "Había órdenes verbales, por supuesto, pero el policía contestaba no sólo con informes sino con su hoja de ruta porque los oficiales teníamos que comprobar su trabajo", ha aseverado.

A continuación, la acusación particular que representa a Sa Trobada ha preguntado por el motivo de las inspecciones a su representado. El oficial de la Patrulla Verde ha subrayado que la cantidad de denuncias existentes era "muy gráfico". "No tenían licencia de discoteca y funcionaban así", ha expresado.

Ante preguntas de los abogados de la defensa, Franco ha rehusado que conozca o tenga relación con Cursach o el ex director del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert. Es más, ha concretado que él mismo ha levantado actas a locales de este grupo empresarial.

Después de subrayar que los informes del Grupo de Blanqueo de la Policía contenían "datos falsos" sobre las actuaciones en locales, la magistrada titular del Tribunal, Samantha Romero, le ha preguntado el porqué a lo que Franco ha resaltado que había "persistencia" tanto por el juez Manuel Penalva como el fiscal Subirán y el grupo de Blanqueo en la fase de instrucción en "seguir mintiendo". "Era tan fácil como que nos facilitaran los expedientes que ahora sí están en la causa, pero así se pudo mantener la ficción durante años".