Arranca la próxima semana el juicio del 'caso Peaje': un caso de corrupción que afectó al Consell

La Audiencia de Baleares arrancará este lunes 5 de septiembre, en Sa Gerreria y con un jurado popular, el juicio del conocido como 'caso Peaje', un caso de corrupción que afectó al Consell de Mallorca en la etapa de Unió Mallorquina (2003-2007).

El juicio se celebrará en Sa Gerreria en lugar de en el Palacio de Justicia de la plaza del Mercat por razones de aforo. De hecho, las sesiones se retrasaron debido a la necesidad de encontrar un espacio adecuado para acoger las sesiones, que se prevé que duren un mes, hasta el 7 de octubre.

En este caso iniciado en 2009 se investiga el presunto desvío de 42 millones de euros del Consell de Mallorca, durante el desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor.

Entre los imputados se encuentran el ex conseller insular de Obras Públicas y Carreteras Antoni Pascual, el ex director de este ramo Gonzalo Aguiar, el ex director de Obra por parte del Consell Francisco Orejudo, y varios de los responsables e integrantes de la UTE encargada del proyecto. Se enfrentan a acusaciones por malversación, cohecho pasivo y activo, fraude a la administración y falsedad documental.

La Fiscalía acusa al exconseller de haber cobrado comisiones sobre parte de los fondos utilizados en la obra de la carretera. Según los investigadores habría recibido una cantidad no determinada pero "muy superior" a los 5.000 euros. Además habría permitido un sobrecoste en el precio del contrato y de las obras, estimado en unos 41,9 millones de euros.

Asimismo, entre otras cuestiones se investiga si el director de obra se aprovechó de su posición para, de común acuerdo con responsables de la UTE, haber conseguido que se realizaran obras en la finca de su pareja sentimental a cargo de la institución insular.

Para ello, desde la empresa se habrían presentado facturas en las que se simulaba que eran trabajos realizados en la carretera, en lugar del inmueble.

Del mismo modo se investiga si otros cargos también se aprovecharon para realizar obras en domicilios particulares facturando el coste a la UTE, y si exigieron dinero a particulares y empresas titulares de establecimientos ubicados en la carretera para hacer obras de asfaltado en la entrada de los negocios.

En la acusación se incluyen asimismo varias cenas y comidas servidas de forma gratuita por uno de los acusados, propietario de un restaurante, en un domicilio, el restaurante --con un millar de comensales-- y la comunión del hijo del vigilante de la obra --con 500 personas-. Supuestamente estas comidas se hicieron en pago de las obras realizadas.

Otro aspecto objeto de investigación es la supuesta emisión fraudulenta de justificantes de horas extra para cobrar más cantidades de manera indebida.