Acusan a Martí March de mentir al afirmar que solo 10 familias han pedido el castellano como lengua vehicular

La asociación de profesores 'Plis Educación, por favor' acusa al conseller de Educación, Martí March, de mentir al afirmar que solo 10 familias han pedido el castellano como lengua vehicular. 

"Para contestar en sede parlamentaria a una pregunta de un partido político, el conseller de Educación debe preguntar a todos los directores si han recibido solicitud de padres reclamando que que se imparta en castellano al menos el 25 por ciento del horario lectivo y en al menos una área/materia/asignatura no lingüística troncal o de carácter análogo. Si no ha preguntado demuestra una falta total de rigor y profesionalidad y, si ha preguntado, ha ocultado datos"

Indican que el conseller quiere hacer creer que solicitar un derecho es algo sencillo y rápido, cuando es todo lo contrario, ya que la administración tiene una serie de privilegios procesales desesperantes para el ciudadano.

"Primero hay que solicitar el derecho al 25 por ciento en castellano al director del centro. Segundo, el director tiene tres meses para contestar. Tercero, el solicitante tiene un mes para interponer recurso de alzada. Cuarto, el conseller de Educación tiene tres meses para contestar. Quinto, el solicitante tiene dos meses para interponer recurso contencioso ante los tribunales. Sexto, una vez interpuesto el TSJIB puede tardar meses o años en responder. Total, se precisan unos nueve meses para llegar a las puertas del TSJIB y entre un año o tres para obtener sentencia".

Los diez casos que Martí March indica corresponden a diez solicitudes que fueron contestadas rápidamente por los directores correspondientes y llegaron antes de las vacaciones escolares, unos ante la Conselleria en alzada y otros ante el TSJIB en contencioso. "Pero la realidad es que hay más de 100 solicitudes que los directores no contestaron dejando pasar los tres meses de plazo máximo, cumplidos durante las vacaciones escolares. Estas solicitudes entrarán en alzada en unos días."

Martí March insinúa que 10 familias solicitantes de español como lengua vehicular son pocas, algo que PLIS rechaza "porque 10 familias que tengan que esperar meses y meses a que se resuelva su solicitud, exponerse mientras tanto a las presiones de directores y profesores, vencer el miedo a represalias y gastarse el dinero que tal vez no tienen en entablar un juicio contencioso significa que hay cientos de familias que no se atreven a ser héroes y abandonan".

También dijo Martí March en el Parlament que ninguna sentencia ha obligado a ningún centro balear a impartir en castellano el 25% del horario lectivo. "Este es un argumento asombroso, justo cuando contra él se han interpuesto ahora mismo 10 recursos contenciosos. Es como el ladrón que dice que aún no lo han pillado ni le han condenado. Es cuestión de tiempo; le irán llegando sentencias condenatorias", indican. 

Finalmente, recuerdan a Martí March que hay dos responsables de la ilegalidad de los proyectos lingüísticos: en primer lugar, los directores, no los miembros del consejo escolar, porque son los directores, garantes de que la ley se cumpla en los centros, los únicos que pueden elaborar el proyecto lingüístico que llegue al consejo escolar, no pudiendo este plantear textos alternativas; y, en segundo lugar, el conseller de Educación, que debe informar a los directores del marco jurídico al que los proyectos lingüísticos deben ajustarse, marco jurídico que el defensor del pueblo le había traslado directamente, a partir de una queja de PLIS". 

"Pero el conseller ya está preparando la puerta de salida y afirma cada vez que le preguntan que los únicos responsables de los proyectos lingüísticos son los miembros del consejo escolar. Esta insistencia solo significa una cosa, que utiliza a los directores y consejo escolar como conejillos chivos expiatorios ante las sentencias que se avecinan", concluyen.