Sonia Vivas se niega a declarar en la causa abierta contra ella por reutilizar informes médicos antiguos contra dos policías

La concejala de Justicia Social de Palma y ex agente de la Policía Local, Sonia Vivas, se ha acogido a su derecho de no declarar en el marco de la causa abierta contra ella por denunciar las vejaciones homófobas de dos compañeros del cuerpo utilizando, presuntamente, los mismos informes médicos que había presentado en otra causa seis años antes para acreditar el menoscabo físico y mental que aseguraba haber sufrido.

La regidora ha hecho acto de presencia en los Juzgados de Vía Alemania a las 9.45 horas acompañada por su abogado, Josep de Luis. Vivas ha eludido hacer declaraciones a los periodistas que aguardaban su llegada y, acto seguido, ha acudido al Juzgado de Instrucción número 1, donde estaba citada. Tras negarse a declarar, la edil ha abandonado las dependencias judiciales junto a su letrado, quien ha atendido a los medios para manifestar que, desde que su patrocinada dio el paso a la vida política, “ha recibido diversas denuncias, todas ellas provenientes del mismo ecosistema, y al menos las que sabemos que se han tramitado han sido archivadas tras emplear el mismo procedimiento: no declarando”.

“Intuimos que este caso recorrerá el mismo camino, entre otras cosas porque da la sensación de que las denuncias contra Vivas no están hechas pensando tanto en los juzgados como en la prensa. No entraremos en este juego”, ha remarcado De Luis, quien ha subrayado que la edil "está centrada en Cort y todos estos intentos de despistarla o desviar la atención de la ciudadanía hacia otras cosas que no sean su estricto trabajo en la Regiduría no nos interesan lo más mínimo”.

En concreto, la denuncia contra Vivas fue interpuesta hace más de un año por la Asociación de Víctimas por Arbitrariedades Judiciales (JAVA), que acusa a la regidora de Podemos de incurrir en un delito de estafa procesal. La entidad representa a los dos agentes condenados en firme, respectivamente, a tres años y cinco meses de prisión y a un año y tres meses a raíz del trato al que, según la sentencia confirmada por el Tribunal Supremo (TS), sometieron a la concejala. Sobre uno de ellos, A. J., pesa un delito de coacciones, mientras que en el caso del otro funcionario policial, R. P., se suman los de denuncia falsa y falso testimonio.

Precisamente, esta semana la Audiencia Provincial de Baleares ha dado cinco días de plazo al agente sobre el que pesa la mayor condena para que ingrese en prisión por estos hechos. En su resolución, cuya ponente fue la magistrada Carmen Lamela, la Sala de lo Penal del TS considera probado que los inculpados mostraron esta actitud como "forma habitual de relacionarse" con Vivas y cómo ambos "realizaban hechos tales como apodarle y llamarle ‘tijeritas’, llevarse la mano a los genitales con actos obscenos, hacer chistes de homosexuales en su presencia para que los oyera y mofarse de ella".

La resolución explica cómo el 2 de septiembre de 2016, al ser entrevistada en una emisora de radio, Vivas "reveló el acoso del que había sido objeto en el cuartel de San Fernando por determinados compañeros policías, al vejarla y menospreciarla por su condición de lesbiana, sin dar en ningún momento ni el nombre ni la identidad de los agentes a quienes había denunciado".

Sin embargo, los dos policías "se sintieron aludidos como los autores del acoso públicamente denunciado" y, a partir de ese momento y "con la finalidad de desacreditar y escarmentar a su compañera", se pusieron en contacto con otra mujer con la que Vivas se había enemistado en el pasado con el objetivo de que colaborase "con su testimonio y sus actuaciones" para hacer frente a la denuncia de Vivas "y así hostigarla y desacreditarla", proseguía la sentencia.

En su querella, JAVA asegura, por su parte, que la regidora, "con un desprecio absoluto a la Administración de Justicia y a la verdad", reutilizó contra ambos agentes los documentos médicos y la baja laboral en los que ya se había apoyado seis años antes en otra causa "con la única y miserable finalidad de dar credibilidad a su testimonio" en la causa relativa al acoso homófobo. Con ello, según la asociación, Vivas pretendía "conseguir una sentencia injusta con la que perjudicar económicamente a los querellantes a la par que enriquecerse injustamente".

La querella sostiene que Sonia Vivas llevó a los tribunales en 2011 a otra ex agente de la Policía Local -a la sazón su excompañera sentimental- y a otros dos miembros del cuerpo por, supuestamente, calumniarla, falsear datos y faltar a la verdad contra ella con el objetivo de perjudicarla.

La entonces policía consideraba que, con ello, le habían ocasionado "un importante menoscabo físico y mental" por el que tuvo que causar baja. Para demostrar que las presuntas lesiones eran resultado de estos hechos, Vivas presentó diversos informes médicos así como el de la propia baja. El Juzgado, sin embargo, no tardó en archivar las diligencias al no considerar probadas las acusaciones de la ex agente.

Años después, la regidora reaparecería como víctima de otra supuesta trama contra ella, en este caso por el trato homófobo empleado por los dos agentes. Una causa en la que, de nuevo, saldrían a relucir los informes médicos que ya había utilizado en 2011.