Piden inhabilitar a Torra por colocar pancartas independentistas en el Palau de la Generalitat

EP | 27/05/2021

Torra entrega al Museu d'Història de Catalunya la pancarta en favor de los presos soberanistas

La Fiscalía de Barcelona solicita una pena de inhabilitación de un año y ocho meses para el expresidente de la Generalitat Quim Torra por un presunto delito de desobediencia por negarse a retirar del Palau de la Generalitat una pancarta que pedía la libertad de los presos del 1-O, pese al requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En el escrito de acusación, el fiscal pide también imponer una multa de cien euros diarios a Torra durante diez meses --30.000 euros en total-- y recuerda que el entonces presidente manifestó "su clara voluntad de no atender ninguna orden que se le pudiera dar al respecto" tras los requerimientos judiciales.

Esta es la segunda causa judicial contra el expresidente Torra por mantener en la fachada del Palau de la Generalitat una pancarta con un mensaje de apoyo a los presos del 1-O, después de ser condenado a un año y medio de inhabilitación en la primera causa.

HECHOS

La Asociación Impulso Ciudadano pidió el 28 de junio de 2019 al Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (Tsjc) que se obligara a Torra a retirar la pancarta 'Libertad presos políticos y exiliados' en catalán e inglés y un lazo amarillo, y aunque la sala contenciosa-administrativa admitió la petición de medidas cautelares y dictó la orden --se le otorgaron 48 horas para cumplirla--, Torra emitió un comunicado asegurando que se negaba "a dar cumplimiento a aquello".

Torra no descolgó la pancarta alegando que no era una decisión firme y que se podía recurrir, y el 27 de septiembre una letrada de la administración de justicia levantó acta: "Me persono en la Plaça Sant Jaume de Barcelona y observo que en el balcón de la fachada del Palau de la Generalitat de Cataluña continua colocada la pancarta" y el lazo amarillo.

El mismo 27 de septiembre funcionarios de los Mossos d'Esquadra acudieron al Palau de la Generalitat con la orden y finalmente varios trabajadores la descolgaron.

La Fiscalía dicta que la inhabilitación del expresidente conlleva la "privación definitiva de estos empleos o cargos públicos y de los honores que le sean anejos, así como la imposibilidad de obtener los mismos durante el tiempo de condena".

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