Piden 20 años de cárcel para un exteniente de alcalde de Palma por agresión sexual a dos presos

La Fiscalía de Madrid solicita 20 años de cárcel para el exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma Rodrigo de Santos, del PP, por la presunta comisión de dos delitos de agresión sexual que habría cometido contra dos hombres cuando trabajaba en la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos.

Así consta en el escrito de acusación, en el que se acusa al exteniente de alcalde y de Urbanismo de Palma de un delito continuado de agresión sexual y otro delito de agresión sexual.

El acusado ya fue condenado en 2010 por la Audiencia Provincial de Palma por un delito de abuso sexual con acceso carnal a menor, a la pena de 5 años de prisión y prohibición de aproximación y comunicación por tiempo de 8 años.

Rodrigo D.S. trabajó en esta Fundación desde el año 2015, desempeñando a partir de octubre de 2016 las funciones de coordinador del programa de reinserción social de preso, avalando a los internos que carecían de arraigo familiar ante Instituciones Penitenciarias.

De este modo, se les alojaba en las viviendas que poseía esta Fundación en Vallecas, "proporcionándoles un lugar donde poder residir durante los permisos penitenciarios e incluso una vez que les era concedida la libertad condicional y la libertad definitiva, haciéndose responsable de los internos ante la Junta de Tratamiento del Centro penitenciario".

El fiscal relata que, entre los meses de febrero y julio de 2017, un preso estuvo residiendo durante los permisos penitenciarios por encontrarse en el segundo y tercer grado penitenciario en dichas casas de acogida situadas en la calle de Madrid.

"Durante este periodo de tiempo el procesado, prevaliéndose de su condición de coordinador del citado programa y bajo la amenaza de retirarle el aval por parte de la Fundación, imprescindible para poder disfrutar de los permisos penitenciarios, le obligó en siete ocasiones, a mantener relaciones sexuales", recoge el escrito.

Otro de los casos de agresión sexual lo sitúa a mediados de febrero de 2017, cuando el procesado, prevaliéndose de su condición de coordinador del programa, invitó a otro preso en permiso a pasar la noche a su casa de Alcobendas, acudiendo éste coaccionado, por miedo a que le retiraran los permisos. Durante la noche, encontrándose dormido la víctima, el procesado se introdujo en su cama, realizándole tocamientos.