Las protestas no cesan en Birmania pese a los 100 días transcurridos desde el golpe de Estado

EP | 10/05/2021

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La situación política y social se vio sacudida en Birmania el 1 de febrero. Las Fuerzas Armadas hicieron valer su poder para deponer al Gobierno que lideraba 'de facto' Aung San Suu Kyi y desataron una ola de protestas sin precedentes en la historia reciente del país asiático y que sigue dejando movilizaciones diarias en las principales ciudades cien días después de la asonada.

Las Fuerzas Armadas venían cebando durante meses lo que terminó de concretarse a principios de febrero. Con la excusa de un supuesto fraude en las elecciones generales de noviembre --en las que el partido afín a los militares volvió a perder frente a la Liga Nacional de la Democracia (LND) de Suu Kyi--, el Ejército alegó que era "inevitable" volver a tomar las riendas.

Así al menos lo justificó el jefe de las Fuerzas Armadas y líder golpista, Min Aung Hlaing, que a los mandos de nuevo de una junta militar decretó un estado de emergencia de un año en aras de una entendida estabilidad que no ha hecho sino alejarse conforme han ido pasando las semanas. Birmania vuelve al sistema que aspiró a dejar atrás en 2012 y contra el que había luchado Suu Kyi durante décadas, a costa de su libertad.

La transición, enturbiada también por críticas al depuesto Gobierno y a las posiciones adoptadas por líderes como la propia Suu Kyi, fracasaba de forma abrupta y miles de personas optaron por salir a la calle. Las tímidas protestas de los primeros días han derivado en un desafío abierto que la junta no ha logrado contener a golpe de leyes ni de armas.

El régimen ha bloqueado comunicaciones y censurado contenidos en busca de un silencio que complica la obtención de informaciones a pie de calle, pero los muertos por la represión de las fuerzas de seguridad se cuentan ya por cientos. Solo el 27 de marzo, día de las Fuerzas Armadas, más de cien personas murieron intentando desafiar a la junta.

La Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) tiene registrados al menos 780 víctimas mortales, pero solo sería una estimación. Fuentes de la asociación explicaron en abril a Europa Press que solo incluyen en sus balances casos que "han sido verificados e identificados", por lo que habría "muchas más" víctimas de las que ellos incluyen en sus balances.

PERSECUCIÓN DE ANTIGUOS LÍDERES

Según la AAPP, unas 4.900 personas han sido detenidas desde el golpe de Estado. Entre ellas figuran el depuesto presidente birmano, Win Myint, y Suu Kyi, sobre quienes pesan ya varios cargos penales que van desde importar dispositivos electrónicos de forma ilegal a incumplir las normas para combatir la pandemia de COVID-19 o poner en riesgo el orden público.

A estas alturas nadie se atreve a pronosticar cuál puede ser el futuro judicial de los dos antiguos líderes, de los que se han ido teniendo noticias a cuentagotas en estos últimos tres meses. Tampoco se han podido pronunciar públicamente sobre su situación, denunciada por miembros del entorno que intentan mantener vivos los llamamientos en favor de la fallida democracia.

Suu Kyi, bajo arresto domiciliario, ha comparecido este lunes de forma telemática ante el juez, que ha ordenado que la premio Nobel de la Paz acuda presencialmente a una vista en la capital, Naipidó, el 24 de mayo, según un abogado citado por el portal independiente 'The Irrawaddy'. Será la primera vista presencial desde su arresto y también acudirán a ella otros exaltos cargos como Win Myint.

La oposición constituyó una administración paralela como contrapeso a la junta militar, más con vistas a reivindicarse ante el exterior que porque realmente pueda controlar algo a nivel interno. La semana pasada, este gabinete anunció su propia "Fuerza de Defensa", en un intento por constituirse como alternativa también en el ámbito de la seguridad, donde por ahora es fuerte la junta.

SE PIDEN MÁS MEDIDAS

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya avisó en abril del riesgo de que la crisis política en Birmania derivase en una guerra civil y aludió a "parecidos claros" con el inicio del conflicto en Siria en el año 2011. La expresidenta chilena, que ve indicios de crímenes contra la humanidad por la violenta represión de las protestas, denunció el uso de armas sofisticadas en la contención de estas manifestaciones.

Bachelet reclamó más medidas a la comunidad internacional. "Los países con influencia tienen que aplicar urgentemente una presión concertada sobre el Ejército de Birmania", exhortó la expresidenta chilena, abogando por cortar el suministro de armas y fondos a la junta militar.

Más de 200 ONG han reclamado este mes un embargo armamentístico, en un llamamiento común que recibió el respaldo del relator especial de la ONU sobre la situación de Derechos Humanos, Tom Andrews. Para este relator, frenar el flujo que recibe el régimen birmano "es literalmente una cuestión de vida o muerte" en el país asiático.

El Consejo de Seguridad de la ONU no tiene sobre la mesa este paso, por lo que por ahora la respuesta internacional a los abusos de las Fuerzas Armadas de Birmania se ha limitado a una retórica más o menos frontal y a sanciones dirigidas, bien contra líderes de la junta o contra empresas estatales que puedan ser consideradas fuente clave en la financiación de las autoridades.

Las fuentes de la AAPP consultadas por Europa Press plantearon "la estrategia 'Tres Cortes'" contra la junta: "cortar armas, cortar dinero y cortar impunidad". Este triple enfoque, añaden, "deslegitima el mandato de la junta, le priva de los materiales que necesita para su terrorismo y le hace responsable de sus acciones".

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