La Audiencia Nacional sienta en el banquillo a Jordi Pujol y a sus siete hijos

Redacción | 16/06/2021

El ex presidente catalán Jordi Pujol

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la apertura de juicio oral contra el ex presidente catalán Jordi Pujol y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política, y ha pedido al 'clan' que deposite 7,5 millones de euros para cubrir las eventuales responsabilidades civiles.

Pedraz lleva al banquillo de los acusados a toda la familia, a excepción de la mujer del ex president, Marta Ferrusola --a la que exoneró por su estado de salud después de que la defensa presentara un informe médico en el que alegaba que sufría demencia severa--, así como a otras once personas, entre ellas Mercé Gironés, la ex mujer del primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, y varios empresarios.

Les imputa presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, delito de frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública. Para garantizar las posibles responsabilidades civiles por estos últimos, pide a Jordi Pujol Ferrusola que deposite 7,5 millones de euros y a su ex mujer, otros 400.000 euros, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de embargo de sus bienes si no lo hacen o se declaran insolventes.

No obstante, el juez ha ratificado la situación de libertad de todos los procesados al considerar que "no existe la necesidad de asegurar la presencia de los acusados en las sesiones del juicio oral" que se seguirán en la Audiencia Nacional.

Además, Pedraz ha dado un mes, hasta el 16 de julio, a los acusados para que presenten escrito de defensa ante las acusaciones formuladas, un lapso de tiempo que entiende "proporcional" a "la complejidad de la causa".

HASTA 29 AÑOS DE CÁRCEL

De esta forma, el magistrado ha seguido el camino señalado por la Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito de acusación se dirigió contra todo el 'clan', al estimar que actuaron conjuntamente, mientras que Abogacía del Estado apuntó solo al primogénito, su ex mujer y otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, aunque destacó el papel de Jordi Pujol Jr y su madre en la "dirección operativa" de esta presunta organización criminal.

El Ministerio Público solicitó 9 años de cárcel para el ex president, 29 para su hijo mayor, 14 para Josep y 17 para Gironés por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio. Para los demás --Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola--, reclamó una pena de 8 años de prisión por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Los Servicios Jurídicos del Estado, en un escrito conocido ayer mismo, pidieron una pena de 25 años de cárcel para Jordi Pujol Jr, así como de 17 años y medio para su ex mujer y 4 para Josep, por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsificación en documento mercantil y frustración a la ejecución, exonerando al resto de la familia.

Las acusaciones habían exigido además que se aseguraran importantes cuantías. Así, Abogacía estimó que el mayor de los Pujol y su ex mujer deben depositar 7.768.127 euros por la responsabilidad civil derivada de los delitos contra la Hacienda Pública, importe que Anticorrupción fijó en 6,84 millones para él y 668.000 para Gironés, pidiendo también 204.000 euros al ex presidente catalán y 932.000 euros a su hijo Josep.

SE APROVECHARON DE "UNA POSICIÓN PRIVILEGIADA"

En el auto con el que José de la Mata puso fin a la instrucción en julio de 2020, después de ocho años, el juez propuso juzgar a la familia al completo por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas", acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

De la Mata dio por acreditado que parte de esas "actividades corruptas" que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi Pujol entre 1980 y 2003, aunque se habrían prolongado más allá de su salida del cargo, generándoles "cantidades millonarias" que desvinculó de la herencia familiar del abuelo Florensi Pujol esgrimida por los acusados.

El instructor situó origen del dinero en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas a distintas empresas, que realizaban entregas millonarias a la familia, disimuladas bajo estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando paraísos fiscales y fórmulas contractuales. Y ello a cambio de una "contraprestación" que pasaba por que los Pujol ejercieran "concretas influencias" para adjudicaciones y concesiones "a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán".

De la Mata concretó el papel que cada miembro de la familia habría desempeñado en esta operativa. El liderazgo estaba "encarnado" en Jordi Pujol y Marta Ferrusola, que se autodenominaba 'la 'madre superiora de la congregación'. En el siguiente escalón estaba Jordi Pujol Jr, 'el capellán de la parroquia', que siguiendo las instrucciones de sus padres "asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y distribución de las cantidades ilícitas" dentro del grupo familiar.

El resto de los hermanos --Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia--, sin perjuicio de su participación individual en determinados negocios u operaciones, "seguían las instrucciones" del mayor, "abriendo sus propias posiciones bancarias en Andorra, gestionando los capitales que eran distribuidos" por el primogénito y "tomando decisiones a lo largo de los años para mantener oculto su patrimonio ilícito"

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