El TSJIB ordena someter a Subirán a un examen forense para determinar si puede defenderse e ir a juicio

El magistrado que investiga las presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción del caso Cursach, Carlos Gómez, ha ordenado someter al exfiscal Miguel Ángel Subirán a un examen forense para determinar si se halla en condiciones de defenderse en el marco de estas pesquisas y de afrontar la acusación en un posible juicio por este procedimiento judicial.

Mediante una providencia dictada este jueves, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha oficiado al Instituto de Medicina Legal para que se proceda, "a la mayor brevedad posible", al examen de Subirán por parte de un psiquiatra forense "a los efectos de valorar su capacidad para asegurar la contradicción y defensa y para entender la trascendencia del proceso, incluido un eventual juicio oral".

El pasado mes de abril, Gómez acordó el archivo de la causa respecto a Subirán "en tanto no recupere la salud mental en términos que le permitan continuar el proceso sin merma de su derecho de defensa”. Así lo hizo después de que un informe forense solicitado por el exfiscal determinase que éste no se encuentra en situación de afrontar las investigaciones debido a su situación médica. El magistrado rechazó, además, citar a declarar a la forense que confeccionó el documento, como solicitaban algunas acusaciones.

Ya un mes antes, Subirán había alegado ante el TSJIB no hallarse en circunstancias de poder declarar el 15 de abril, fecha en la que había sido citado a declarar como investigado junto al juez Manuel Penalva y los cuatro policías de Blanqueo con los que colaboraban al frente del caso Cursach. Según manifestaba en su escrito, la comparecencia judicial podía "empeorar su estado".

En su petición, el exfiscal se amparaba en los informes médicos que dieron pie a su jubilación anticipada forzosa, a los 59 años, por "incapacidad”. Cabe recordar que en junio de 2020 el Ministerio de Justicia declaró la jubilación del exacusador público, si bien previamente, en octubre de 2021, fue apartado de su cargo en la Fiscalía Anticorrupción, que ocupaba de forma temporal. Subirán fue designado fiscal delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en virtud de un decreto del fiscal general del Estado de mayo de 2010.

Desde entonces, el exfiscal estuvo presente en la instrucción de las numerosas causas de corrupción incoadas en Baleares, entre ellas el caso Nóos, Palma Arena, Ibatur, Relámpago, Picnic, Voltor o Maquillaje, con la mirada especialmente puesta en el desvío de fondos públicos y en la criminalidad organizada.

Cabe recordar que Gómez, apenas un mes después de reabrir la causa en torno a las supuestas actuaciones delictivas llevadas a cabo durante la instrucción del caso Cursach, decidió tumbar de nuevo las acusaciones más graves que pesaban sobre Penalva y Subirán: las relativas al supuesto aleccionamiento de testigos que habrían llevado a cabo en aras a reforzar sus tesis en torno a una presunta trama policial dirigida a favorecer al grupo Cursach.

Frente a ello, la Fiscalía Anticorrupción así como las acusaciones particulares reclaman que se abra la vía para que ambos juristas sean juzgados por coaccionar a testigos, encarcelar de forma premeditada a varios investigados y prolongar deliberadamente sus detenciones.

En el caso de Subirán, los fiscales de Madrid Tomás Herranz y Fernando Bermejo muestran tajantes su disconformidad con la decisión de Gómez de exonerar de forma provisional a Subirán por incapacidad médica. No en vano, consideran que no se ha producido ningún supuesto de demencia sobrevenida que justifique el archivo de las pesquisas, una circunstancia sobre la que, al amparo del artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), sí se apoyaba Gómez a la hora de exculpar a Subirán.

Es más, estimaban preciso que Subirán “sea examinado por un especialista en psiquiatría que pueda determinar su situación mental”, especialidad que los fiscales desconocen "si posee quien emitió" el informe solicitado por él. La Fiscalía entregó además un informe del Instituto de Medicina Legal de Baleares que, al contrario que el anterior dictamen, precisa que el tratamiento prescrito al encausado "no genera por sí mismo una merma en su nivel de funcionamiento global".