El Govern blinda la Oficina Anticorrupción mientras PP y El PI piden su eliminación

La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, ha defendido el Proyecto de Ley de los Presupuestos de Baleares para 2022 para la reactivación económica de la comunidad, mientras PP y El PI han presentado enmiendas a la totalidad a las cuentas de su Conselleria para pedir la eliminación de la Oficina Anticorrupción.

Las enmiendas han sido presentadas durante la segunda jornada del debate del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Caib para 2022. La Conselleria de Hacienda cuenta con un presupuesto de 21 millones para el año próximo.

La consellera ha sostenido que las cuentas presentadas por el Govern surgen en un momento en el que se debe "luchar con fuerza contra la pandemia" porque, ha añadido, la "seguridad sanitaria nos permitirá tener actividad económica".

En la defensa de las enmiendas a la totalidad, la diputada del PP Núria Riera y la diputada de El PI-Proposta per les Illes Balears Maria Antònia Sureda han criticado la existencia de la Oficina Anticorrupción.

Riera, por ejemplo, ha considerado que el Govern ha hecho "un uso partidista" de la misma, mientras que Sureda ha explicado que para las funciones asumidas, "el coste ha sido muy superior y se incrementa".

Frente a ello, la consellera ha recordado que la Oficina Anticorrupción depende del Parlament. "Desde el Ejecutivo lo que se hace es mejorar la gestión tras un acuerdo con su director. Se le dota de recursos", ha explicado, para después recordar que si el Parlament considera que debe tener "un trato diferente, son ustedes los que deben modificar las leyes".

Sánchez ha abundado en que este organismo nació en un momento "importante" donde las Islas tenían a Jaume Matas y Maria Antònia Munar condenados por corrupción. "Si ahora consideran que estamos en un ciclo diferente, son los diputados quienes deben plantearlo", ha insistido, a la vez que ha recalcado: "Deben ejecutar el interés general y el interés general son ustedes".

Precisamente, en el turno de intervención de los diferentes Grupos Parlamentarios tanto Ciudadanos como PSIB, Grupo Mixto, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos han defendido la continuidad de la Oficina Anticorrupción.

En este sentido, el diputado de Cs Marc Pérez Ribas ha pedido su mantenimiento, mientras que la diputada de Unidas Podemos Antònia Martín ha subrayado que tanto "nuestro país como nuestra comunidad autónoma la necesitan".

Durante el debate de las enmiendas parciales, el diputado de Ciudadanos ha explicado las de su Grupo Parlamentario. En concreto, la formación naranja ha presentado dos enmiendas, una para poner en marcha un plan de circularidad en la Administración "para afrontar el reto demográfico de Baleares". Sobre ésta, la diputada del PSIB Maria Antònia Truyols ha anunciado que la apoyarán.

La segunda enmienda versa sobre la petición de becas de formación en Bruselas para estudiantes o trabajadores vinculados a la internacionalización de las pymes de Baleares para poder acceder a proyectos competitivos europeos. En este punto, Truyols ha ofrecido una transacción de 50.000 euros, que Ciudadanos ha aceptado.