El Gobierno amplía en dos años el plazo de desinversión en Bankia

Redacción | 16/02/2021

El Consejo de Ministros ha ampliado en dos años, hasta diciembre de 2023, el plazo para desinvertir su participación en Bankia, con el objetivo de maximizar la recuperación de las ayudas públicas que inyectó en la entidad. Se trata de la tercera ocasión en la que el Gobierno amplía el plazo.

Según ha comunicado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior a la reunión de este martes, el objetivo es favorecer la utilización más eficiente de los recursos públicos, maximizando la recuperación de las ayudas.

"Es decir, encontrando el momento adecuado para que se puedan maximizar esos recursos que se invirtieron para esta entidad. Esta extensión del plazo va a permitir al FROB ejecutar la estrategia de desinversión con una mayor flexibilidad y aprovechando las coyunturas que puedan ser más favorables", ha explicado Montero.

De otro modo, la fecha límite para que el Gobierno saliese del capital de la entidad que se fusionará con CaixaBank previsiblemente este trimestre finalizaría en diciembre de este año.

El FROB tiene actualmente una participación 61,8% en Bankia a través de su participación del 100% en BFA Tenedora de Acciones. Tras la fusión por absorción con CaixaBank, esta participación se situará en el 16,11% del capital de la nueva entidad fusionada.

Para reflotar BFA-Bankia, el Estado inyectó 22.424 millones de euros (4.465 millones en BFA en diciembre de 2010, 7.339 millones en BFA en diciembre de 2012 y 10.620 millones de euros en Bankia en mayo de 2013).

De este importe, ha recuperado ya 3.303 millones de euros (el 14,73% de lo invertido), de los que 2.122 millones proceden de la venta de sendos paquetes del 7,5% y el 7% en 2014 y en 2017, más 1.180 millones pagados en dividendos.

Esta es la tercera vez que el Gobierno amplía el plazo inicial de venta de su participación en Bankia. Aunque en 2012 se comprometió a vender la participación del FROB antes de diciembre de 2017, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en diciembre de 2016 un real decreto ley por el que prolongó el plazo en dos años, con lo que la fecha límite se fijó en diciembre de 2019, y estableció la posibilidad de nuevas prórrogas previo acuerdo del Consejo de Ministros.

Asimismo, en 2018 volvió a ampliar el plazo, para situarlo en diciembre de 2021, fecha que se modifica hasta diciembre de 2023 con el acuerdo adoptado este martes.

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