El final del edificio 'okupa' de la calle Manacor pone a los vecinos en alerta

Varios operarios han comenzado esta mañana a tapiar el polémico edificio del número 63 de la calle Manacor, que durante los últimos meses se encontraba 'okupado' y que el pasado sábado fue incendiado, lo que motivó el desalojo de los moradores que allí residían y se saldó con  la detención del presunto autor de prender fuego al inmueble.

Los trabajos de emparedado, que están siendo llevados a cabo por la propiedad del edificio, dan cumplimiento a la orden emitida por el Ayuntamiento a mediados de septiembre de proceder al blindado de la finca ante los graves riesgos estructurales que presenta el inmueble. Mientras tanto, Cort ha ido dictando diversas medidas cautelares dirigidas a prohibir el uso del edificio, apuntalar forjados, eliminar elementos inestables de la fachada y del interior y tapiar el acceso. 

Varios vecinos han manifestado cómo, después de que el edificio fuese precintado tras el incendio, algunos de sus ahora ex moradores han intentado alojarse en otro local abandonado, propiedad de una entidad bancaria, situado a escasos metros del inmueble siniestrado. Según el relato de los testigos, los 'okupas' procedieron a cortar los candados del local, lo que puso en alerta a los vecinos de la misma finca, quienes dieron de inmediato aviso al banco para evitar que se instalasen en él. 

Los residentes de la zona han manifestado, asimismo, que durante la labor de tapiado, los ex moradores del inmueble 'okupa' han comenzado a increpar a los operarios, lo que ha generado momentos de nervios y tensión y ha llevado a solicitar la presencia de agentes de la Policía Local. Tras su llegada, dos patrullas del cuerpo han decidido permanecer en la zona para evitar altercados.  

Cabe recordar que, el pasado 11 de septiembre, técnicos del Ayuntamiento precintaron el edificio 'okupa' y prohibieron su utilización, lo que no impidió que sus moradores continuaran accediendo al inmueble. La decisión venía motivada por un informe de los Bomberos de Palma a raíz del incendio que había sufrido el edificio semanas antes.

Oficialmente, la finca está declarada en ruinas y los técnicos de Cort aconsejan su derribo debido a las precarias condiciones de conservación y salubridad, lo que pone en riesgo la seguridad de los vecinos de la zona. Además, el edificio presenta importantes problemas de estabilidad, cuenta con zonas parcialmente apuntaladas, muchas viguetas están oxidadas y, por lo tanto, han perdido capacidad de apoyo, por lo que no cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad.

La situación llegó a tal extremo que, el pasado sábado, alrededor de una decena de vecinos se concentró frente a las puertas de este edificio para denunciar que, desde que lo 'okuparon' el pasado mes de abril, las peleas, los gritos y la suciedad van a más en el barrio.

Una problemática que se ha intensificado en las últimas semanas. Una vecina aseguraba a Crónica Balear la semana pasada que bajaba por la noche con miedo, “siempre con el teléfono en la mano para pedir auxilio”. Preguntada por el porqué de tanto reparo, aseguraba: “¿Cómo no tenerlo con lo que se ve y se oye allí dentro: peleas, gritos, robos...?”. “Tampoco aparcamos los coches por ahí, porque te los dejan destrozados”, explicaba Roberto, propietario de un piso cercano al edificio 'okupa'. “Y la basura la tiramos ahora en el contenedor de enfrente”.

“Es vergonzoso. Incluso lanzan papel higiénico usado por la ventana. Hay una montaña de papeles justo debajo de su ventana. Ha llegado un punto ya en el que la situación es insostenible”, mantenía, por su parte, otro residente que el pasado sábado salió a protestar.

Cabe señalar que, a nivel nacional, Vox llevará este martes a debate en el Pleno del Congreso una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que la Policía pueda desalojar 'okupas' de las viviendas ajenas en las que se encuentren sin la correspondiente orden judicial.

Se trata de una propuesta que los de Santiago Abascal vienen defendiendo desde hace tiempo. Su propio líder llegó a decir, ya en 2019, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberían poder echar a okupas "con una patada en el culo", esto es, "inmediatamente", con el fin de garantizar la propiedad privada.