Penalva y Subirán se niegan a entregar sus móviles ante el TSJIB

Esther Ballesteros | 11/03/2020

El juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, ambos apartados del caso Cursach, han anunciado que no van a aportar sus teléfonos móviles ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), después de que este órgano les haya otorgado un plazo de cinco días para entregar sus dispositivos en el marco del conocido como caso Whatsapps.

El magistrado instructor de la causa, Carlos Gómez, dio este plazo a ambos juristas para que hicieran entrega voluntaria de los teléfonos en los que consten las conversaciones que, vía whatsapp, mantuvieron con varios policías de Blanqueo en paralelo a la instrucción del caso Cursach. Con esta medida, adoptada a petición de una de las acusaciones, la ejercida por el exintendente de la Policía Local de Palma, Antonio Vera, el juez busca identificar plenamente a todos los intervinientes en el chat investigado.

Mediante un escrito al que ha tenido acceso Crónica Balear, la defensa de Penalva y Subirán, pese a asegurar que ambos no tienen inconveniente en aportar sus móviles, asevera que no se entregarán por decisión de su abogado. Entre sus alegatos, el letrado justifica que se trata de teléfonos adquiridos con posterioridad a los hechos que están siendo investigados, por lo que "nula aportación implicarían a la causa".

Asimismo, añade que, "como es lógico y evidente, dichos móviles contienen además de cuestiones absolutamente privadas de mis representados", además de "conversaciones con este letrado, las cuales no puede quedar a merced de terceras partes".

La defensa señala, en esta línea, que no considera "correcta" la entrega de los móviles para su utilización o volcado por parte de la Policía Nacional, reiterando que el proceder de los actuales investigadores policiales le parece "incorrecto".

Se refiere, en concreto, a las indagaciones que está llevando a cabo la Policía Nacional en torno a las maniobras presuntamente irregulares que desplegaron los antiguos investigadores del caso Cursach para apuntalar sus acusaciones, obtener falsas pruebas incriminatorias, omitir las que podían poner en tela de juicio sus tesis y efectuar continuas e interesadas filtraciones a la prensa. Las alusiones a tales prácticas figuran en los mensajes que se cruzaron durante meses y que evidenciarían la connivencia establecida entre todos ellos.

En diversas ocasiones a lo largo de los últimos meses, Penalva y Subirán han recriminado que la difusión de determinados extractos de las conversaciones de whatsapp que mantuvieron con los miembros de Blanqueo “afectan directamente” a su intimidad.

Del mismo modo, el abogado de Penalva y Subirán recrimina en su último escrito varias de las diligencias solicitadas por las distintas acusaciones, con las que, asevera, "se está pretendiendo ampliar indebidamente el objeto de la instrucción". Por ello, incide en que "antes de, en su caso, aportar nada debe aclararse esta cuestión".

Entre las peticiones formuladas por las acusaciones y aceptadas por el TSJIB se encuentra la celebración de tres jornadas maratonianas con un total de 48 testificales los días 31 de marzo y 1 y 2 de abril. Entre las citaciones previstas se encuentran las del exdiputado del PP Álvaro Gijón, la exconcejal de Función Pública en el Ayuntamiento de Palma Irene San Gil, y de varios testigos protegidos, como la número 31, más conocida como "la madame".

Tanto Penalva como Subirán declararon por primera vez, en calidad de investigados, el pasado 6 de febrero para defenderse de las acusaciones que les sitúan en el epicentro de un cúmulo de actuaciones supuestamente ilícitas dirigidas a armar a su antojo el caso Cursach. Lo hicieron no sin evasivas, contradicciones y desvío de responsabilidades entre ellos.

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