Penalva y Subirán declaran como investigados por las irregularidades en el caso Cursach

Esther Ballesteros | 06/02/2020

El juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán

Más de dos años después de que comenzasen a salir a la luz las presuntas irregularidades cometidas por el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y varios agentes de Blanqueo al frente de la instrucción de las distintas piezas del caso Cursach, los dos juristas declaran a lo largo de este jueves como investigados por estos hechos.

En medio de la gran expectación que ha generado su citación, ambos han llegado pasadas las 9.00 horas al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), órgano que, al ser aforados Penalva y Subirán, ha asumido las investigaciones sobre las prácticas supuestamente ilícitas que desplegaron al investigar las actividades del empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach.

El primero en declarar ha sido Penalva, cuyo interrogatorio se ha prolongado durante una hora y media. Tras él, pocos minutos antes de las 12.00 horas, le ha tocado el turno a Subirán, quien continúa respondiendo a puerta cerrada a las preguntas de las partes.

Sobre ambos pesan delitos de detención ilegal, prevaricación, revelación de secretos y deslealtad profesional que pesan sobre ellos. Además de rebatir estas acusaciones, los dos investigados aseguran ser víctimas de un complot entre Policía y Fiscalía dirigido a echar por tierra la labor indagatoria que llevaron a cabo.

En la comparecencia se encuentran presentes la propia defensa de Penalva y Subirán, los fiscales Concepción Sabadell y Tomás Herranz -procedentes de Madrid- y las numerosas acusaciones particulares personadas en la causa en representación, entre otros, de Cursach, de su exnúmero dos Bartolomé Sbert, del exdiputado del PP Álvaro Gijón y de la Asociación de Víctimas de Arbitrariedades Judiciales (JAVA).

El TSJIB se arrogó estas pesquisas, más conocida como "caso Whatsapps", al considerar que existen elementos suficientes en la actuación de Penalva y Subirán que justifican seguir adelante con las investigaciones. Lo hizo tras analizar la exposición razonada que la jueza Carmen Abrines, hasta entonces instructora de esta causa, elevó al órgano judicial para que éste se hiciera cargo del caso.

Prácticas supuestamente ilícitas cometidas por Penalva y Subirán

La resolución de la Sala recogía así las conclusiones vertidas por la magistrada en su exposición, en la que, subrayaba el tribunal, se “constata la comisión de unos determinados hechos presuntamente delictivos” llevados a cabo por Penalva, Subirán y cuatro miembros del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional mientras se encontraban al frente de los casos Cursach y de sus piezas ORA -recientemente archivada- e IME.

Sobre tales prácticas, los magistrados señalaban, en base al informe de la jueza, que aquéllas se dividen en dos tipos: las relacionadas con las filtraciones a la prensa que los anteriores investigadores habrían efectuado en al menos 19 ocasiones -lo que supondría la comisión de delitos de revelación de secretos y deslealtad profesional- y las relativas a la “demora deliberada e injustificada” en la toma de declaraciones a los efectos de poder justificar varios ingresos en prisión -de lo que se derivarían delitos de prevaricación y detención ilegal-.

Y es que, según varios atestados policiales, los antiguos investigadores se habrían puesto de acuerdo para postergar distintas declaraciones así como diversos requerimientos de documentación que, mientras tanto, “les permitiría justificar la prisión provisional” de los detenidos.

Se trata de las medidas de ingreso en la cárcel decretadas contra el empresario Antoni Roig (quien se encontraba detenido en la Jefatura de Policía en el marco del caso ORA), el exgerente del Instituto Municipal de Deportes (IME) Antoni Ramis y el exjefe de mantenimiento de los polideportivos municipales Alberto Serna.

A lo largo de las investigaciones, la Policía Nacional destapó, en relación a estos arrestos, conversaciones reveladoras entre Penalva, Subirán y los miembros del grupo de Blanqueo vertidas en el grupo de whatsapp que todos ellos mantenían abierto en paralelo a la instrucción del caso Cursach.

En este sentido, los actuales investigadores detallan cómo el mismo día de las detenciones, el 24 de enero de 2017, el subinspector de Blanqueo sugirió la posibilidad de acordar la prisión de uno de ellos -"y Serna ‘pal’ talego si puede ser".

Actuar "a fuego lento"

Lo plasmado en en el chat se habría concretado después en actuaciones “formalmente dirigidas a solicitar documentación y a retrasar declaraciones testificales", tal y como aseveraba la anterior instructora del "caso Whatsapps". Y ello a tenor de diversas expresiones de quien parece ser Penalva: “no hay excesiva prisa, que cuando lo tengamos todo ya no hay razón para la prisión”, “se me ocurre que si queremos acordar una prisión quizás es un error hacer los testigos mañana” y la necesidad de actuar "a fuego lento".

Los informes de la Policía Nacional revelan, asimismo, que Penalva habría instado al subispector de Blanqueo “apretar” a Roig para que incriminase a Álvaro Gijón en el cobro de comisiones -que en ningún momento se han acreditado- por la adjudicación del servicio de regulación del aparcamiento en Palma.

Respecto a las presuntas filtraciones, Penalva y Subirán habrían incurrido en un delito de revelación de secretos al filtrar a la prensa informaciones declaradas secretas o, sin serlo, antes de que hubieran dado traslado de las mismas a las partes personadas, “con el consiguiente perjuicio para las partes y el ejercicio del derecho de defensa", según la anterior instructora.

La magistrada afirmaba que en el periodo en el que se produjeron tales filtraciones únicamente podían tener acceso a las pesquisas el juez instructor, el fiscal anticorrupción encargado del caso y los miembros del grupo de Blanqueo.

La Audiencia Provincial de Palma llegó a apuntar a la "gravedad" de estos hechos y a avalar las diversas intervenciones telefónicas acordadas y el seguimiento de filtraciones posteriores para investigar esta supuesta revelación de secretos.

Inexistencia de un grupo criminal y coacciones a testigos

La anterior jueza del "caso Whatsapps", manifestó, en contraste con lo anterior, no apreciar la
existencia de los indicios “claros, serios y fundados” de que los investigadores conformasen una organización criminal. Indicaba, pese a los indicios recabados por la Policía Nacional, que el grupo de whatsapp creado por todos ellos "era esencialmente un grupo de trabajo".

En esta línea, recalcaba que, al margen de las prácticas presuntamente irregulares que han salido a la luz, “existió una labor de investigación que tampoco se puede obviar”.

E incidía en que “lo mismo cabe decir respecto a las presuntas coacciones a testigos“. La magistrada profundizaba al respecto y señalaba que en las conversaciones extraídas del chat y en diferentes declaraciones de testigos, en contra de lo manifestado por varios atestados policiales y por las acusaciones del caso, “no se aprecia ni intimidación, ni coacción ni inducción a ningún falseamiento de la realidad“.

"No podemos olvidar que esta causa es muy compleja y que los testigos han sufrido mucha presión", sentenciaba Abrines.

Sentimiento general

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