Penalva y Subirán arremeten contra las acusaciones de los fiscales de Madrid: "pasarán a la historia negra de la Fiscalía"

El juez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán han vuelto a pronunciarse en el marco de la causa que les investiga por las presuntas irregularidades que desplegaron al frente del caso Cursach. Lo han hecho para arremeter contra las últimas manifestaciones efectuadas por los fiscales de Madrid personados en las pesquisas. Según ambos juristas, las afirmaciones vertidas por aquéllos acerca de una supuesta reunión de Subirán con un testigo protegido para preparar su declaración pasarán "a la historia negra" de la Fiscalía.

A través de varios escritos a los que ha tenido acceso Crónica Balear, los dos investigados se oponen así a las afirmaciones vertidas en las últimas semanas por varias acusaciones -entre las que se encuentra el Ministerio Público- en los recursos que interpusieron contra la decisión del magistrado Carlos Gómez de no investigar el papel ejercido por el conocido como testigo protegido 26 y de apartar del caso un informe de la Policía Nacional que desgranaba las argucias que desplegó en connivencia con juez y exfiscal.

Se trata de un trilero a quien, supuestamente, utilizaron Penalva y Subirán para incriminar falsamente a varios policías locales de Palma -a quienes en realidad no conocía- en una trama dirigida a favorecer al grupo Cursach a cambio de dinero, drogas y sexo.

En el escrito con el que los dos juristas combaten los argumentos de los fiscales Tomás Herranz y Fernando Bermejo, la defensa de ambos alega que para acometer una instrucción "necesariamente" deben reunirse suficientes indicios para sostenerla. Y, en este sentido, aseveran que "sostener que existe tal noticia criminis por que se apunte a que un fiscal se reúna con un testigo (...) es algo que verdaderamente sorprende viniendo de todo un Ministerio Fiscal".

Los fiscales aludían, en concreto, a parte del informe de la Policía Nacional que detalla las actuaciones del testigo 26 con la supuesta complicidad de Penalva y Subirán, entre ellas, su reunión con el exfiscal previa a una de sus declaraciones en el Juzgado. Un encuentro que los dos investigados niegan que se produjese.

"Ni aunque hubiese existido tal reunión sería indicio alguno de criminalidad. No existió tal reunión" -incide la defensa- "y, desde luego, pretender una imputación sobre una supuesta reunión (que no existió) para, sobre la misma, hacer responsable al fiscal de lo que declara o deja de declarar un testigo es algo que, dicho sea con todo el respeto, pasará a la historia negra del Ministerio Fiscal", arguye el abogado de Penalva y Subirán.

A su juicio, "podría asumirse semejante planteamiento (y difícilmente) en una acusación particular, pero en un Ministerio Fiscal (con las obligaciones derivadas de su propio Estatuto) es algo inaceptable", insiste el letrado, quien puntualiza que, en el caso de sus patrocinados, "no solo es necesario que exista noticia criminis sino que, además, tratándose de aforados, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo establece que deben tratarse de indicios verdaderamente sólidos e individualizados, cosa que, desde luego, en nuestro caso no concurre".

El representante legal de juez y exfiscal lanza incluso una advertencia: de confirmarse lo afirmado por la acusación pública y de descubrirse que, "por ejemplo, el Ministerio Fiscal, en la presente instrucción, ha mantenido reuniones con testigos, perjudicados o los abogados de estos", le llevará a concluir la existencia de "indicios de criminalidad" por parte de los fiscales, "máxime si esos testigos y perjudicados han declarado de forma diferente a como declararon en su día en sede judicial".

En este sentido, la Fiscalía apuntaba a los indicios de presunta actividad delictiva de los antiguos investigadores a la hora de utilizar al testigo 26 para que reforzase las tesis incriminatorias que sostenían en base a lo  declarado por otro testigo, Daniel Corral, entonces testigo protegido 29. La Policía Nacional llega a considerar a éste un auténtico misil teledirigido por juez y exfiscal contra todos aquellos que, de algún modo, dificultasen las investigaciones del caso Cursach.

Mientras tanto, en otro de sus escritos, Penalva y Subirán rebaten lo manifestado por otra de las acusaciones acerca de los supuestos tratos de favor que habría recibido el trilero a cambio de reforzar las tesis que mantenían ambos juristas. Entre tales beneficios, el testigo habría quedado en libertad en el marco de otras investigaciones -las impulsadas a mediados de 2016 contra varios miembros del clan de los Bustamante por dedicarse al juego del trile- y vio eliminada la orden de residir fuera de Mallorca.

"Dejando al margen que la colaboración con la Administración de Justicia puede conllevar atenuantes, la realidad es que mi mandante [en alusión a Penalva] adoptó las medidas cautelares que estimó oportunas, las modificó cuando así lo consideró, y todo ello (y eso es verdaderamente importante) lo motivó y lo razonó". Por ello, recrimina que se le acuse de favorecer al testigo por el papel que desplegó en el caso Cursach: "simplemente se especula sin base alguna sobre el propio dictado de la resolución, pero no se abordan sus motivaciones".

Del mismo modo, responde a otra de las acusaciones particulares en el procedimiento judicial en el que juez y exfiscal se encuentran encausados. La acusación aludía a los "numerosos indicios ya acreditados de criminalidad" relativos a la "maquinaria de presión e instrumentalización de testigos" que habrían construido Penalva y Subirán. Y, sobre ello, éstos hacen hincapié en el hecho de que, en su opinión, no se analice "ni uno solo de esos indicios" a la hora de hacer referencia a las actuaciones que llevaron a cabo.