Más de cien contratos encadenados en un año: la situación de los interinos en Mallorca

Esther Ballesteros | 22/06/2020

Central del SAMU 061.

Más de cien contratos temporales encadenados en un mismo año, ejercicio tras ejercicio. Es la situación que atraviesan numerosos trabajadores interinos en Mallorca, quienes han decidido unir sus fuerzas en la lucha por el reconocimiento de sus derechos de estabilidad e inamovilidad.

Tras la reciente sentencia dictada por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, pionera a nivel nacional, que reconoce como empleada pública fija a una interina que llevaba más de 12 años prestando sus servicios en el Ayuntamiento alicantino con contrato temporal, los interinos de Mallorca se están organizando.

De hecho, unos 40 interinos de Palma se han sumado a los 200 trabajadores del Ayuntamiento que, en idéntica situación, ya han llevado a Cort a los tribunales. Asimismo, al menos una decena de interinos de Gerencia de urgencias del 061 en Palma y otros 15 trabajadores de Calvià quieren poner su situación en conocimiento de la justicia.

En declaraciones a Crónica Balear, la presidenta de la Agrupación de Trabajadores del Ayuntamiento de Palma (ATAP), Isabel Reynés, afirma que la resolución judicial ha animado a numerosos trabajadores en esta situación a demandar a la Administración por un "abuso" en la temporalidad de sus contratos.

Y es que, según la responsable de ATAP, la mayoría de estos trabajadores lleva más de diez años prestando sus servicios sin poder optar a derechos de los que sí gozan los funcionarios de carrera, como el acceso a los concursos para la provisión de vacantes y promoción profesional.

Es más, apunta que hay casos en los que enfermeras y celadores sin un puesto fijo pueden llegar a acumular más de cien contratos temporales en un solo año, ejercicio tras ejercicio. También, trabajadoras sociales que llevan más de veinte años sin ver regularizada su situación laboral.

"La Administración utiliza las contrataciones temporales en puestos de trabajo con tareas fijas y estructurales y sin tan siquiera organizar procesos de consolidación", lamenta Reynés en relación a una "injusticia" que, en el caso de los trabajadores dependientes del Ib-Salud, "va más allá del límite legal de su estatuto marco".

Y hace una comparativa: "en la empresa privada, tras dos años la empresa debe hacer fijo al trabajador. Si transcurre más tiempo sin convertir en indefinido su contrato, el empresario se enfrenta a sanciones económicas bastante importantes".

Ante tal problemática, los trabajadores quieren alzar con más fuerza su voz. "El coronavirus ha disimulado esta situación, pero cuando todo se normalice la sanidad va a salir en bloque. La sociedad comienza a empatizar con el personal sanitario", subraya.

En esta misma línea, la presidenta de ATAP recrimina que se emplace a los trabajadores a presentarse a unas oposiciones que "les van a precarizar más". "Es escandaloso que a un médico que acumula 20 años de experiencia le hagan pasar por ello, cuando ha estado al pie del camión, estudiando casos reales, realizando horas extras", recalca.

Al respecto, Reynés señala que ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estableció que para los interinos "las oposiciones no son adecuadas porque ya son empleados públicos. Lo único que se tiene que hacer es consolidar su plaza".

"La Administración no puede hacerle pasar por esa situación cuando durante años ha estado infringiendo la normativa. La víctima del abuso no debe pagar por este agravio, sino ser reparada por ello", incide.

Una de las medidas que adoptará ATAP será acudir este jueves al pleno del Ayuntamiento de Palma, junto a otros sindicatos como CGT en el Consell y SINTTA, con el objetivo de hacerse oír y que sus pretensiones sean tomadas en consideración por la Corporación municipal.

Por su parte, el vicepresidente de ATAP, Bernat Pons, subraya que, con la sentencia dictada en Alicante, el juez “se ha puesto a sus espaldas a unos 800.000 interinos de toda España” y recuerda que, de hecho, el pasado mes de marzo el TJUE ya censuró el uso “abusivo” de las relaciones laborales de tiempo determinado en la Administración española. “La resolución del TJUE ya nos daba la razón“, sentencia.

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