Los seis magistrados que deben juzgar el caso Cursach se abstienen en bloque

Los seis magistrados que forman parte de la sala que debe juzgar la pieza principal del caso Cursach se han abstenido en bloque. Así lo exponen en un informe en el que alegan que en diversas ocasiones han tomado parte del "galimatías de instrucción" que supusieron las investigaciones de la causa y, por tanto, consideran que se encuentran contaminados de cara a su enjuiciamiento.

En una decisión insólita tanto en Baleares como a nivel nacional -el hecho de que la Sección al completo de una Audiencia Provincial plantee apartarse antes del juicio de un procedimiento judicial-, Rocío Martín, ponente del tribunal de la Sección Primera, así como los magistrados Jaime Tártalo, Samantha Romero, Gemma Robles, Eleonor Moyá y Cristina Díaz Sastre, han emitido un informe de diez páginas en el que ponen los hechos en conocimiento de las partes y aseveran que concurre en ellos causa de abstención por falta de apariencia de imparcialidad objetiva.

En su informe, al que ha tenido acceso Crónica Balear, los jueces afirman que, debido a la "magnitud" del caso Cursach y a los numerosos recursos planteados a lo largo de su instrucción, se han visto obligados a deliberar en numerosas ocasiones sobre los mismos, teniendo en cuenta, además, el volumen de diligencias "inaudito" y "muy difícil de seguir" que ha supuesto, desde 2014, el desarrollo de las pesquisas.

"Debido a las especiales circunstancias de esta instrucción y sus incidentes, hemos tenido que supervisar la labor instructora respecto de resoluciones de notable relevancia en la tramitación del procedimiento, lo que ha supuesto, necesariamente, tomar conocimiento del material instructor y adentrarnos en los indicios contra varios investigados, analizando, en varias ocasiones, éstos", prosigue la Sala que, además, ha debido pronunciarse sobre cuestiones de nulidad, "algunas de las cuales hemos estimado y otras no".

Más en concreto, recalcan los seis jueces, desde que se inició la causa hace seis años han dictado "resoluciones relativas a diligencias de investigación, nulidad de resoluciones, peticiones de nulidad de actuaciones, medidas cautelares (tanto privativas de libertad como no privativas de libertad, revocando unas y confirmando otras), competencia, personaciones, cuestiones relativas a defectos del procedimiento y al secreto, confirmación de auto de transformación en procedimiento abreviado, etc.".

"No nos hallamos ante un control aislado de un acto puntual de la fase de instrucción sino ante diferentes controles en los que la Sección (que deberá proceder a enjuiciar), ha tenido que formar criterio a la vista de la respuesta que ha tenido que ir dando a los recursos interpuestos contra las resoluciones del juez de instrucción para avanzar en la investigación", apostillan.

El caso Cursach, cuya instrucción han puesto en entredicho, hasta el momento, siete informes de la Policía Nacional, suma un nueva eventualidad en el camino. Ahora será la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), órgano ante el que los magistrados han presentado su informe, la que se pronuncie sobre sus planteamientos.

En el marco de la causa prevén sentarse en el banquillo el empresario del ocio Bartolomé Cursach -sobre quien pesa una petición de condena de petición de condena de ocho años y medio de prisión por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa, coacciones y cohecho activo-, su exnúmero dos Bartolomé Sbert y otros 22 procesados, acusados de agasajar con dinero, drogas y sexo a diversos funcionarios a cambio de su protección.

Frente a tales tesis, la Policía Nacional apunta en sus informes al presunto montaje que habrían urdido los antiguos investigadores del caso Cursach -el juez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro miembros del grupo de Blanqueo del cuerpo policial- para apuntalar la existencia de un entramado de intercambio de favores dirigido a mantener a flote los negocios de Cursach.

Precisamente, entre mañana y el miércoles está previsto que declaren ante el TSJIB los dos principales testigos sobre los que Penalva y Subirán sustentaron sus pesquisas: María José Losantos (ex testigo protegida 31 del caso y quien será interrrogada por videoconferencia) y Daniel Corral (ex testigo 29), entre otros numerosos imputados y testigos. Todos ellos se encuentran citados en el marco de la causa que indaga el papel ejercido por la considerada "organización criminal" -en palabras de la Policía Nacional- supuestamente encabezada por Penalva y Subirán para allanar sus investigaciones y lograr futuras condenas.