La oposición centra el debate en el Parlament sobre el "sobredimensionado" organigrama del Govern

PP, Vox y Cs han centrado este jueves buena parte del debate sobre el presupuesto de la Conselleria de Administraciones Públicas y Modernización en el organigrama del Govern, que consideran "sobredimensionado", un asunto que algunos parlamentarios han ligado a la congelación salarial de los funcionarios autonómicos.

Durante el debate para la aprobación de los presupuestos en el Parlament, la portavoz de Cs, Patricia Guasp, ha cuestionado la estructura de altos cargos del Govern y ha resaltado que su grupo "ha hecho un trabajo de bisturí, enmienda por enmienda" para rebajar el organigrama, "no como otros grupos" que han propuesto "cargarse de cuajo las Direcciones Generales". Con estas palabras se ha referido a PP y Vox, que han defendido enmiendas de totalidad al presupuesto de la Conselleria.

El diputado del PP Juan Manuel Lafuente ha afirmado que la de Isabel Castro es "una Conselleria de reparto de sillas", subrayando que el gasto anual en personal eventual y político asciende a 1,7 millones de euros. "Después les dice a los sindicatos, cuando le piden subir [los salarios] lo que han subido todas las administraciones públicas, que no tiene dinero para pagarles la subida", ha criticado el 'popular'.

También el diputado de Vox Sergio Rodríguez se ha referido a las retribuciones de los trabajadores autonómicos, al reprochar a Unidas Podemos que vote a favor de los presupuestos "y de congelar el sueldo a los funcionarios". La consellera Castro no se ha referido a esta cuestión ni en su primera intervención ni en la réplica.

Por otra parte, la diputada socialista Mercedes Garrido ha reconocido que el Govern actual tiene más altos cargos que el del PP, pero "la diferencia con el PP es que sus cargos públicos servían para debilitar el estado del bienestar y éstos sirven para fortalecerlo". El portavoz de MÉS per Mallorca ha llamado a reforzar el "músculo" de la administración y ha rechazado que la administración pública "quede reducida a la mínima expresión".

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Otro asunto que también ha ocupado el debate de esta sección ha sido la política de Memoria Democrática, tras afirmar el representante de Vox que la Secretaría autonómica correspondiente "debe ser cerrada y fumigada". Estas palabras han suscitado numerosas críticas por parte de los grupos que apoyan al Govern. La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Esperança Sans, ha dicho que PP y Vox "luchan por ver quién ocupa la extrema derecha".

Sans ha prometido que con un gobierno progresista no desaparecerá el área de Memoria Democrática, ya que "mientras siga habiendo víctimas sin encontrar en las cunetas o fosas comunes de la guerra y la dictadura, nunca dejará de haber sufrimiento en las familias".

Por su parte, la consellera ha remarcado que el Govern trabaja en "acabar con la impunidad de los efectos de la dictadura franquista" en la sociedad balear y que su prioridad es "reparar, tal como indican los organismos internacionales de Derechos Humanos y las Naciones Unidas".

RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA

Otro tema que ha generado debate son las enmiendas que afectan a la radiotelevisión pública, IB3 -que Vox reclama "cerrar"-. La portavoz de Cs ha criticado esta enmienda para "cargarse la televisión pública". "No es ningún chiringuito. Están haciendo una labor de información plural indispensable", ha dicho Guasp, que ha avisado de que "sigue pendiente resolver las mejoras sociolaborales" de los trabajadores externalizados en IB3. En el mismo sentido se ha pronunciado la diputada del Grupo Mixto Patrícia Font, que ha calificado la internalización como una "asignatura pendiente" del Govern.

También la diputada del PI Maria Antònia Sureda ha avisado de la crisis en el sector periodístico, pidiendo la aprobación de una enmienda de apoyo al sector. La diputada del PSIB, por su parte, ha afirmado que quieren una "televisión pública y de calidad, plural, que hable nuestra lengua y tenga a sus trabajadores como pilar fundamental".

MÁS DE 700.000€ EN MULTAS POR 'INFRACCIONES COVID-19'

Entre los datos que la consellera ha proporcionado durante su intervención, ha informado de que las inspecciones conjuntas con otros organismos para controlas las medidas COVID-19 han levantado 789 actas en 1.059 actas. Más allá de los operativos conjuntos, las inspecciones habituales de las fuerzas policiales, han supuesto hasta el momento un total de 4.745 denuncias y se han notificado más de 700.000 euros en propuestas de sanción.

Asimismo, Castro ha destacado los refuerzos de personal en diferentes secciones de la administración -como el incremento del personal docente o la contratación de rastreadores de casos de COVID-19- y el esfuerzo en modernización, fundamental para "seguir funcionando en la nueva normalidad". Por otro lado, la consellera ha avanzado que este lunes se prevé llevar una propuesta legislativa a la Comisión de Coordinación de las Policías Locales.