La exalcaldesa de Ses Salines niega haber hostigado a dos funcionarios que denunciaron irregularidades

Redacción | 14/10/2020

La exalcaldesa de Ses Salines Maria Bonet (PP) ha negado este miércoles, en la Audiencia Provincial, haber hostigado a dos funcionarios que habían denunciado presuntas irregularidades en el Ayuntamiento.

Bonet afronta este miércoles un juicio por presuntos delitos de prevaricación, obstrucción a la justicia y acoso laboral, por los que la Fiscalía pide una condena de tres años de cárcel y doce años de inhabilitación especial.

La Fiscalía acusa a Bonet de haber obstaculizado el trabajo de dos funcionarios, ambos arquitectos, y de abrirles un expediente de forma injustificada, supuestamente en venganza por una denuncia contra ella. En el juicio, la exalcaldesa ha sostenido que cuando tuvieron lugar los hechos que se le imputan todavía no tenía conocimiento de la denuncia.

Bonet ha rechazado asimismo que se negase a firmar los escritos de los dos funcionarios para entorpecer su trabajo, sino que ha indicado que quería leer los documentos que le traían antes de firmarlos.

Sin embargo, según la exalcaldesa, los funcionarios no se marchaban hasta que los hubiera firmado. "Fue un acoso constante, me perseguían", ha declarado. Bonet ha indicado que por esto dio una orden para que los escritos se entregasen a través de otro trabajador.

Por otra parte, ha indicado que el motivo de la destitución de uno de los funcionarios de su puesto como jefe de urbanismo fue "por falta de confianza", y ha defendido que el expediente disciplinario fue adecuado.

"LA SANCIÓN ESTABA ESCRITA ANTES DE ACABAR LA INSTRUCCIÓN"

Por su parte, el funcionario que impulsó la denuncia por presuntas irregularidades en el Ayuntamiento ha mantenido su versión. Ha afirmado que cuando informó de sus sospechas esto "cayó muy mal" en el consistorio.

Además, ha asegurado que la alcaldesa sí sabía de la denuncia cuando se produjeron los hechos, aunque ha admitido que quizá no conocía su contenido concreto o a qué expedientes afectaba.

En cuanto al expediente contra él, el funcionario ha mantenido que se puso al cargo a un "instructor político" porque aunque se había solicitado la intervención de una persona externa -del Govern- era del mismo partido que la alcaldesa. "La sanción ya estaba escrita antes de que acabase la instrucción", ha afirmado.

Igualmente, el funcionario ha denunciado que con el expediente se convirtió la comunicación de una irregularidad en una supuesta "falta de respeto".

Al inicio de la vista se ha comunicado que los denunciantes han renunciado a la acción civil, por lo que se ha retirado la defensa del Ayuntamiento de Ses Salines, personado como responsable civil subsidiario. Originalmente se pedía una indemnización de 5.000 euros para cada uno de los funcionarios por los daños morales, que tendrían que haber pagado conjuntamente la acusada y el Ayuntamiento en caso de condena.

ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA

La acusación pública señala que después de la denuncia de los dos arquitectos -por la que se incoaron diligencias en un Juzgado de Manacor- la entonces alcaldesa "comenzó a obstaculizar el trabajo de los dos funcionarios, directamente o a través de órganos del Ayuntamiento, como respuesta a la intervención de dichos funcionarios respecto a las supuestas irregularidades".

El fiscal subraya que lo hizo "siempre con conocimiento de que su actuación no respondía a la persecución del interés público que debía presidir sus actuaciones".

Así, en su escrito la Fiscalía acusa a Bonet de haber impedido que los funcionarios presentaran informes, imponiéndoles que procedieran a la comunicación directa de sus actuaciones. Sin embargo, cuando se dirigían directamente a ella, se negaba a recibir las comunicaciones, según la versión del Ministerio Público.

El fiscal detalla que los dos funcionarios no pudieron acceder a expedientes administrativos relacionados con su trabajo, y que uno de ellos fue destituido como jefe de urbanismo después del informe previo -sobre la paralización injustificada de 13 informes de disciplina urbanística- que dio lugar a la investigación contra la alcaldesa.

Finalmente, en mayo de 2015, la alcaldesa abrió un expediente disciplinario a los dos trabajadores, "con conocimiento de que las actuaciones de los funcionarios no habían sido constitutivas de infracción administrativa", según la Fiscalía. Con la apertura del expediente se les impuso una suspensión provisional de funciones durante un máximo de seis meses, y posteriormente fueron sancionados.

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