Interinos y temporales públicos protestan en Palma ante la precariedad del colectivo
Redacción | 23/09/2020
La Coordinadora de interinos y temporales de la administración pública (Sintta, ATAP, CGT, Sidib y ASIJ) se manifiestan este jueves ante el Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort, para alertar de la "grave situación de precariedad" en la que se encuentra este colectivo en la Comunidad Autónoma.
La convocatoria (10.00 horas) coincide con la intervención dentro del pleno municipal del colectivo.
Según han explicado en un comunicado, en la intervención reclamarán que ante la "gravísima" situación social y laboral generada por la pandemia, las administraciones necesitan consolidar los servicios públicos, y resolver la precariedad y carencia de estabilidad de los trabajadores públicos temporales, figura de la cual se ha "abusado".
Según han apuntado, las cifras de la temporalidad en las Islas se extienden desde el 66 por ciento en el Consell de Mallorca, 83 por ciento en el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), 40 por ciento en el Ayuntamiento de Palma, 30 por ciento en Servicios Generales, 28 por ciento en Educación y 32 por ciento en Justicia.
Según han explicado, el pasado 19 marzo el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) condenó la conducta "fraudulenta" de las administraciones públicas españolas por "abusar" de las contrataciones temporales de sus trabajadores.
En la sentencia, han añadido, se aclaró que los procesos de estabilización y consolidación no pueden ser una medida adecuada para sancionar el abuso ni para reparar los daños a los afectados, que son las víctimas del abuso, porque no garantizan la estabilidad laboral real de los trabajadores.
Desde la Coordinadora han recordado que el trabajador "es la víctima" y no puede ser nunca la parte sancionada.
Por eso han reclamado procesos selectivos de consolidación laboral que incluyan mecanismos especiales y extraordinarios que la normativa actual reconoce.
La intervención pretende reclamar que haya voluntad política necesaria para encontrar soluciones, que ya ha sido demostrada en otros lugares del Estado como el Parlament de Catalunya, donde se ha reconocido el carácter fijo a muchos de sus trabajadores interinos del departamento de Educación, en base a la sentencia europea.
Según han apuntado, la actual estrategia de estabilización laboral que se quiere impulsar desde diferentes administraciones públicas supondrá un coste económico, social y laboral para sancionar el abuso muy elevado, con el despido de trabajadores con edades con riesgo de exclusión social y laboral, mayoritariamente mujeres, y desmontando equipos de trabajo formados con dobleros públicos durante muchos de años.
Por último, han añadido, se condenará a la sociedad a financiar las indemnizaciones millonarias que supondrán las demandas de miles de trabajadores afectados que están preparando ante los tribunales, y que tendrán que reconocer la jurisprudencia europea del TJUE.