El TSJIB apunta a la coordinación entre Penalva, Subirán y policías para presionar a testigos

Esther Ballesteros | 07/05/2020

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) apunta, por primera vez desde que el pasado mes de enero asumiese la causa que investiga las presuntas irregularidades cometidas por el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y varios agentes de Blanqueo al frente del caso Cursach, a la actuación "coordinada" entre todos ellos para presionar a testigos e investigados con el objetivo de apuntalar sus acusaciones.

Mediante un auto de 19 páginas al que ha tenido acceso Crónica Balear, la primera resolución de calado que dicta la Sala de lo Civil y Penal desde que la causa quedara en suspenso a raíz de la declaración del estado de alarma, el órgano judicial se pronuncia tajante acerca de las coacciones que los antiguos investigadores habrían ejercido en sus interrogatorios a fin de construir a la carta las pesquisas y allanar futuras condenas.

Es más, considera "imposible distinguir" las diligencias de investigación "que afectan a unos de las que se refieren a otros" [en referencia, por un lado, a Penalva y Subirán y, por otro, a los agentes] dado que todos ellos habrían actuado "de manera coordinada".

Con este hecho, la máxima instancia judicial de las islas deja las puertas abiertas a investigar a ambos juristas y a cuatro policías nacionales del grupo de Blanqueo por la supuesta comisión de delitos que van más allá de los hechos por los que el TSJIB se arrogó estas pesquisas.

Y es que desde entonces, asevera el magistrado Carlos Gómez, la Sala ha recibido numeroso material de investigación "relevante para la presente causa".

Se trata, entre otros numerosos documentos, del conjunto de las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional que desvelan las prácticas presuntamente delictivas de las que Penalva, Subirán y varios agentes del grupo de Blanqueo habrían hecho uso cuando se encontraban al frente de las distintas líneas de investigación del caso Cursach.

En su auto, el TSJIB deniega, además, el incidente de nulidad planteado el pasado 10 de marzo por juez y fiscal, quienes buscaban invalidar las actuaciones judiciales llevadas a cabo contra ellos. También el formulado por dos de los efectivos policiales investigados.

Al hilo de los presuntos delitos a los que alude el tribunal en su auto, los dos juristas alegaban, en el escrito en el que reclamaban la nulidad de las investigaciones, que esta causa "no puede comprender otros hechos" que no figuren en la exposición razonada que la anterior instructora del caso elevó al TSJIB para que éste asumiera las pesquisas contra ellos. Es decir, pedían que la causa quedara acotada a las supuestas filtraciones de las actuaciones del caso Cursach efectuadas a la prensa y a la demora deliberada de ciertas declaraciones testificales.

El abogado de Penalva y Subirán aseveraba, no obstante, que su planteamiento no impedía que, si en el curso de las investigaciones salen a la luz otros hechos presuntamente delictivos, las pesquisas no pudieran extenderse a éstos. "Pero lo que no cabe es que dicha ampliación del objeto de la investigación se produzca ya en el momento inicial de la llegada de la causa al Tribunal Superior de Justicia", incidía.

Al respecto, el tribunal insiste en que, después de haber asumido el caso, "el objeto de la presente investigación consistirá en los hechos atribuidos a los aforados en la exposición razonada, pero también en cualesquiera otros relacionados que puedan ponerse de manifiesto en el curso de las actuaciones judiciales".

No sólo eso. De acuerdo a otra de las medidas acordadas en su resolución, la Sala quiere conocer si Bartolomé Sbert, ex número dos del empresario del ocio Bartolomé Cursach, sufrió presiones, coacciones y amenazas por parte de los antiguos investigadores tanto en sede policial y como judicial, como alega el empresario. Para ello, el tribunal ha accedido a tomarle declaración, tal como solicitaba su abogado.

Asimismo, el tribunal afirma no albergar "dudas" acerca de que "la verdadera situación del piso de la calle Lluis Martí nº 38 de Palma" -en el que la testigo protegida 31 del caso Cursach ubicaba un burdel al que acudían altos cargos políticos- "no se correspondía con la que describía en sus manifestaciones". Deniega, por este motivo, citar a declarar a varios testigos "que ya han aportado datos sobre tales extremos en sede policial".

Las investigaciones llevadas a cabo en torno a las declaraciones de la testigo -en cuyo testimonio los antiguos investigadores sustentaron buena parte de sus pesquisas- echaron por tierra sus afirmaciones: aseguraba ser la madame en un burdel al que acudían los altos cargos a pesar de que aquél nunca existió y aportó una supuesta agenda en la que aseguraba que su socia Alicia hacía anotaciones pese a que ésta había fallecido varios años antes.

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