El juez procesa al exjefe de la Policía de Calvià por supuestas extorsiones a locales de ocio

El juez Enrique Morell ha abierto la vía para sentar en el banquillo, en el marco de una de las líneas de investigación del caso Cursach, al exjefe de la Policía Local de Calvià José Antonio Navarro así como a otros seis investigados por, presuntamente, extorsionar a determinados empresarios del ocio en beneficio de otros locales de la competencia.

Mediante un auto de doce páginas al que ha tenido acceso Crónica Balear, el magistrado pone fin a las investigaciones contra uno de los primeros detenidos en el caso Cursach -fue arrestado y encarcelado de forma preventiva en 2014-, sin que, seis años después, los hechos hayan sido juzgados aún.

Desde su detención, Navarro ha rechazado tajante las acusaciones que pesan sobre él. No en vano, la Audiencia Provincial de Palma decretó su puesta en libertad sin fianza al estimar el recurso que su abogado, Jaime Campaner, interpuso contra el auto de prisión. Tras ello, nadie le ha incriminado de forma directa durante la instrucción de las pesquisas y, según su defensa, su imputación se ha cimentado "en rumores y conjeturas".

Frente a ello, el juez relata en su resolución diversos episodios en base a los cuales, a su juicio, la relación policía-empresario "se adentra en un terreno pantanoso" al haberse producido "una simbiosis de los intereses de ambas partes".

Una situación que, considera, se traduce "inevitablemente en las prebendas que reciben unos así como los preavisos, acoso a la competencia y demás variantes de trato de favor que reciben los otros".

"En definitiva, se habrían creado claras conexiones directas entre intereses económicos y empresariales (no sometimiento a inspecciones, inspecciones viciadas, falseadas e injustificadas o preavisos de su realización) en perjuicio de las exigencias de la Ley, de la lucha contra la corrupción, la libertad de mercado y de la igualdad de los ciudadanos", incide el juez.

Uno de los acontecimientos a los que el magistrado alude en su resolución tuvo lugar durante la noche del 30 al 31 de agosto de 2013: una dotación de la Policía Local de Calvià compuesta, entre otros, por dos de los investigados -y, supuestamente, "teniendo constancia de ello" Navarro-, entraron en uno de los locales de Magaluf y, "tras quitar la música, encender las luces y separar a trabajadores por un lado y a clientes por otro, dieron una batida con el perro detector de sustancias estupefacientes y drogas hasta localizar cocaína".

El auto señala, sin embargo, que la droga habría sido previamente colocada por los efectivos policiales en la parte baja de un sofá "sin que de la citada sustancia se haga reseña alguna en la diligencia que documenta la actuación policial".

Supuestas extorsiones "continuas" desde la Policía de Calvià

El juez considera, en relación a este suceso, que los dos agentes habrían exhibido a los encargados del establecimiento un envoltorio de lo que, afirmaban, era "cocaína del tamaño de una caja de cerillas y que dicen haber hallado en el local".

"Durante los cuarenta minutos que duró la actuación policial no se permitió ni a clientes ni a trabajadores abandonar el lugar", recalca Morell, quien destaca que de la intervención policial no se derivó sanción alguna ni para el local ni para los dueños del mismo.

Y es que, según narra en su auto, "parece que la actuación" de los dos policías "no tiene otra razón de ser de hacer gala" ante los propietarios del local "del poder que poseen y de la capacidad que tienen para perjudicarles en sus actividades, según su albedrío". Algo que, en la práctica, "supone que tengan que soportar una situación de extorsión continua en el tiempo que a ellos les perjudica, y beneficia a otros empresarios de la competencia".

La resolución llama la atención sobre el hecho de que, cuando los dueños del establecimiento acudieron al Ayuntamiento de Calvià para reclamar explicaciones por lo sucedido, Navarro, en presencia de otros miembros de la corporación municipal, reconoció los hechos "como un simulacro/entrenamiento con fines de adiestramiento del perro".

Insistieron, en este sentido, que todo ello era, "en definitiva, un simulacro de actuación para la intervención de sustancias estupefacientes" y que nada de lo actuado había dado lugar a expediente sancionador alguno. Acto seguido, según el juez, "les amenazó con que, si daban publicidad a los hechos en prensa, el Ayuntamiento pondría una querella contra ellos".

Negocios en paralelo a sus cargos en la Policía

Otro de los hechos a los que el instructor hace referencia radica en que Navarro y el exjefe de la Policía Local de Marratxí,  Antonio Ledesma, intervenían presuntamente de forma conjunta en contrataciones laborales así como en la llevanza de nóminas de diversos establecimientos dedicados al ocio, tratándose, según el auto, de negocios que "estaban obligados a controlar por razón de su cargo".

A este respecto, el magistrado apunta que las sociedades beneficiadas estaban participadas por dos empresarios que presuntamente "conocían y consentían" que los policías locales "gestionasen laboralmente sus empresas" puesto que aquéllos, de forma paralela, "intercedían en todo lo relativo a expedientes administrativos y sanciones" tramitados por el Ayuntamiento de Calvià.

La resolución añade que recibían así "un trato de favor" mediante el archivo de las denuncias dirigidas contra los establecimientos favorecidos, la retirada de multas o el pago de una cantidad muy pequeña de las mismas. Según el juez, las contraprestaciones recibidas por los policías consistían en la entrega periódica de dinero.

Delitos atribuidos a los investigados

Finalmente, sostiene que la Unidad Canina de la Policía Local de Calvià prácticamente no se utilizaba para perseguir las infracciones administrativas en materia de drogas ni delitos contra la salud pública. "En plurales ocasiones,
cuando con la ayuda de los perros detectaban droga, no levantaban acta de infracción", señala el juez.

El magistrado considera, en base a estas presuntas prácticas, que los investigados incurrieron en delitos de cohecho, prevaricación, extorsión, amenazas, coacciones, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, contra la salud pública y omisión del deber de perseguir delitos cometidos por funcionarios.

En su auto, el juez da un plazo de veinte días a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral por estos hechos o, por el contrario, reclamen el sobreseimiento de la causa en caso de que no aprecien delito.