El juez envía a juicio a solo 7 de los 36 procesados por el amaño en los exámenes de la Policía Local de Palma

Esther Ballesteros | 20/07/2020

Tras múltiples avatares desde que en 2013 se iniciaran las investigaciones, la causa relativa al presunto amaño de las oposiciones a oficial de la Policía Local de Palma ha acabado con siete de sus 36 procesados a las puertas del banquillo. Así lo ha acordado el juez Enrique Morell en lo que supone, al igual que ha sucedido con la causa matriz del caso Cursach, una nueva 'siega', por falta de pruebas, de los hechos que inicialmente se investigaron así como de la totalidad de personas que fueron imputadas y que, siete años después, han sido finalmente exoneradas.

Mediante un auto al que ha tenido acceso Crónica Balear, el Juzgado de Instrucción número 12 da respuesta a un escrito previo del fiscal Juan Carrau, quien descarta que el objetivo final de la supuesta manipulación de los exámenes fuese la creación de una presunta trama policial dirigida a favorecer los intereses del empresario Bartolomé Cursach.

De hecho, la resolución tumba las inculpaciones vertidas por el propio Morell en el auto con el que, el pasado mes de diciembre, procesó a los 36 encausados. En aquella resolución, el juez les acusaba de actuar como una "organización criminal" cuyo fin último era el de crear una estructura "corrupta", e incluso "dócil y maleable", que les permitiera actuar "con absoluta impunidad" e "instrumentalizar" las distintas unidades policiales en beneficio de intereses "de la más variada índole".

Finalmente, tal tesis ha quedado desechada después de que la Fiscalía y el juez hayan acotado los hechos al supuesto amaño de las oposiciones en sí y haya abierto juicio oral contra quienes presuntamente participaron en el mismo mediante la filtración de exámenes del concurso convocado en 2012 para acceder a la plaza de oficial. Se trata del exintendente jefe de la Policía Local Antoni Vera, el exdirector general de Seguridad Ciudadana Enrique Calvo, un excomisario jefe y cuatro agentes.

En concreto, la Fiscalía reclama para Vera un año y medio de prisión así como 13 años y 8 meses de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos, mientras que Calvo se enfrenta a otra petición de un año y medio de cárcel y 12 y medio de inhabilitación -prevaricación y revelación de secretos-. La acusación pública solicita la misma pena de prisión para el excomisario jefe y para tres de los agentes, mientras que para el cuarto reclama 15 meses de inhabilitación.

Según sostiene el Ministerio Público, Calvo, Vera y el comisario jefe decidieron, "de mutuo acuerdo", alterar de forma fraudulenta el resultado de las oposiciones a fin de que "resultasen beneficiados determinados agentes de la Policía Local" que iban a participar en las pruebas. La acusación señala que, posteriormente, los resultados de los exámenes fueron remitidos por correo electrónico a los efectivos policiales a quienes querían favorecer con la supuesta manipulación en la asignación de plazas.

Vera niega las acusaciones

En el marco de estas investigaciones, Vera negó en su día haber sido él quien filtró las preguntas de las pruebas que dieron lugar al supuesto amaño de las oposiciones. Asimismo, aseguró no haber promocionado nunca, dentro de la Policía, a ningún agente adscrito a alguna ideología u organización en concreto. El exintendente presentó su dimisión en septiembre de 2013, tras estallar las investigaciones.

Respecto a los otros 29 investigados, el magistrado da respuesta al escrito de Carrau en el que solicita el archivo para varios de ellos por no haber hallado indicios delictivos suficientes con los que formular acusación y, para otros, por ya encontrarse procesados por hechos idénticos en otra de las líneas de investigación del caso Cursach, la relativa a supuestos tratos de favor entre el empresario mallorquín y los agentes encausados.

De hecho, la decisión de Morell, en diciembre, de dejar a estos policías a las puertas del banquillo por ambas causas, a pesar de recaer sobre ellos las mismas acusaciones, generó una amplia indignación y una oleada de recursos por parte de numerosas defensas -e incluso de una de las acusaciones- no sólo por el hecho de que sus patrocinados se enfrentarían a dos juicios por las mismas imputaciones, sino por considerarla anómala y precipitada -apenas unos días antes Morell había asumido las pesquisas-.

Debido a ello, cinco meses después el juez archivó las pesquisas para algunos de los agentes investigados, una decisión con la que el magistrado quería evitar la conculcación del conocido como principio ‘non bis in idem‘. El instructor admitía así los recursos que habían interpuesto varios de los acusados, entre quienes se encontraban el agente Feliciano Franco y el exjefe de la Patrulla Verde Gabriel Torres.

Morell, recusado por una de las acusaciones particulares

El estallido de las investigaciones sobre los exámenes de la Policía llevó a la Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía y por orden del juez José Castro (en la actualidad jubilado y quien entonces se encontraba de guardia) a registrar, en septiembre de 2013, las dependencias de la Policía Local de Palma. Varios meses después fueron detenidos ocho agentes por su supuesta implicación en los hechos.

Cabe señalar que el auto de apertura de juicio oral ha sido dictado por Morell apenas seis días después de que le recusara una de las acusaciones particulares de la causa. La acusación cimenta su planteamiento en el hecho de que, a su juicio, el "único interés" del juez pasa por que el caso “sea remitido para su enjuiciamiento, obviando plazos y requisitos procesales y causando indefensión en las partes". Y todo ello "con el fin de beneficiar a sus amistades”, en alusión a su compañero de judicatura Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán.

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