El juez del caso 'Dina' admite a Vox y a una asociación de juristas como acusación popular

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha admitido que el partido Vox se persone como acusación popular en la pieza número 10 del caso 'Tándem', conocida como 'Dina', en la que se investiga el presunto robo del teléfono móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham y la posterior publicación de su contenido en medios de comunicación.

Según el auto del juez, también admite la personación de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege, y explica que esta acusación popular se ejercerá como "ejercicio de pretensión punitiva autónoma" y no como adhesión a otra acusación ya existente en el procedimiento.

Sin embargo, el magistrado señala respecto a la querella interpuesta por los de Abascal contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias; contra su exasesora Dina Bousselham; contra la abogada de ésta Marta Flor, y contra el fiscal Ignacio Stampa, a los que imputa seis delitos por el contenido de un chat privado entre abogados de Podemos en los que Flor comenta determinada información que había obtenido del representante del Ministerio Público, que no puede ser admitida a trámite al constatarse "un defecto procesal subsanable".

Añade que no cumple el presupuesto previsto en el artículo 277 7º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), la firma del querellante, y les da 10 días para subsanar este defecto.

FIANZA DE 15.000 EUROS PARA VOX

Por otro lado, el juez señala en su auto que en el caso de Vox la fianza para poder personarse en la pieza 'Dina' se fija en 15.000 euros, mientras que a la Asociación Pro Lege le exigirá una de 10.000 euros.

Esta decisión la adopta teniendo en cuenta que en el caso 'Tándem' ya hay otras personaciones previas, como la de Podemos que abonó en su momento la cantidad de 30.000 euros, o PSOE que por personarse en la pieza separada 7 abonó la cantidad de 15.000 euros.

García-Castellón entiende que puesto que Vox es un partido con representación en el Congreso, puede hacer frente a esa suma. Sin embargo, a la asociación le pide una cuantía inferior porque tiene en cuenta que es de reciente creación y está formada por un escaso número de miembros.

EL CASO 'DINA' Y SUS GIROS

El caso 'Dina' arrancó en marzo de 2019, después de que la Policía Nacional encontrase en casa de Villarejo documentos de la ex asesora que parecían provenir de una extracción de datos de su teléfono móvil, cuyo robo denunció en noviembre de 2015. El asunto dio un giro a finales del pasado mes de mayo, cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, retiró la condición de perjudicado del vicepresidente tras constatar que tuvo en su poder la tarjeta del móvil de su exasesora durante varios meses antes de devolvérsela.

En el escrito de Vox denuncian una presunta implicación en los hechos del fiscal anticorrupción una presunta connivencia con la abogada de la formación morada. Hablan también de las contradicciones de las declaraciones de los implicados ante el juez hasta llegar a lo que consideran "ocultación y manipulación de la información ofrecida por los querellados al Juzgado para obtener diferentes réditos".

Según Vox, Bousselham ocultó al juez haber compartido las capturas de pantalla en las que Iglesias realizaba una serie de comentarios machistas sobre la comunicadora Mariló Montero. "La línea era culpar a Villarejo, sin embargo, más tarde la Policía Nacional acreditó que había mentido y tuvo que reconocer que las había pasado a terceros", explica Vox en la querella.

Añaden que el marido de Bousselham, Ricardo Sa Ferreira, dijo a las autoridades que tras el robo del móvil él no había vuelto a saber nada sobre la tarjeta. Sin embargo, para acreditar que ella no la destruyó, aportó como prueba una serie de correos electrónicos que había mandado a una tienda para intentar recuperar los datos.

El partido liderado por Santiago Abascal insiste en su querella en que la exasesora de Iglesias dijo que sus intentos de recuperar la información se produjeron en el verano de 2016, pero los correos son de febrero de 2017. Sin embargo, Dina Bousselham declaró en un primer momento que había recibido la tarjeta quemada y que no pudo acceder a su contenido, implicando así a Iglesias.