El exjuez Florit: “mi deber era investigar las filtraciones por encima del derecho al secreto profesional”

Esther Ballesteros | 27/02/2020

El juez Miguel Florit (2i) junto a su abogado, Josep Zaforteza (3i)

“Para mí era más importante averiguar el delito que el derecho al secreto profesional”. En estos términos se ha pronunciado este jueves el juez que comenzó a investigar las presuntas filtraciones efectuadas en el marco del caso Cursach, Miquel Florit, quien se ha sentado en el banquillo de los acusados a raíz de la intervención, en diciembre de 2018, de los teléfonos móviles de dos periodistas que cubrían las informaciones relativas a la anterior causa.

En un juicio sin precedentes en Baleares que se ha prolongado durante más de once horas, Florit, quien se enfrenta a peticiones que suman 42 años de inhabilitación por supuestos delitos, entre otros, de prevaricación y contra el derecho al secreto profesional, se ha mostrado tajante durante toda su comparecencia: “pensé que mi deber era investigar un delito grave [en alusión a las filtraciones] y que, ante esto, debía sucumbir el secreto profesional. Así lo ponderé”.

El jurista, ya jubilado, ha sido juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) a raíz de la querella interpuesta por los medios de comunicación y redactores afectados por las medidas que adoptó, unas decisiones que marcarían el resto de su trayectoria judicial y que desencadenarían la indignación de buena parte de la profesión periodística.

Durante su declaración, el exmagistrado, quien asumió las investigaciones del caso Cursach después de varias defensas recusaran por imparcialidad a su antecesor al frente del procedimiento judicial, Manuel Penalva -apartado de la causa en marzo de 2018-, ha explicado que si acordó requisar los dispositivos de los periodistas fue bajo la convicción de que no atentaba contra su secreto profesional.

No en vano, ha precisado que la medida no buscaba conocer el contenido de las llamadas incluidas en los teléfonos de los redactores sino obtener el listado de números que permitiera contrastarlos con los de los funcionarios que podían haber suministrado la información a la prensa. Y es que, según ha señalado, para entonces el juez ya contaba con indicios suficientes de que dos miembros del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional que había participado en las diligencias del caso Cursach habían efectuado las filtraciones.

En concreto, las investigaciones sobre estos hechos fueron incoadas después de que se publicase en los medios el contenido de un informe policial que "ni siquiera" Florit había leído, según ha recalcado. Tampoco había dado traslado del mismo a las defensas personadas en el caso Cursach. "Me pareció un hecho gravísimo", ha subrayado.

El que fuese titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, quien ha declarado desde el estrado al lado de su abogado, José Zaforteza, ha apuntado que incluso semanas antes de que el informe saliera a la luz varias defensas ya habían denunciado la filtración de diversas actuaciones del caso Cursach declaradas secretas. "El informe fue la gota que colmó el vaso", ha explicado Florit.

Denuncias previas contra las filtraciones

Al respecto, ha recordado que un atestado policial constató que se habían filtrado documentos, informes y declaraciones de testigos en "unas 25 ocasiones". Pero, antes de alcanzar tal conclusión, ya se habían recabado indicios del origen de las filtraciones tras las declaraciones voluntarias que efectuaron los policías que presuntamente difundieron el informe y que, tras ser detenidos, entregaron sus teléfonos y autorizaron el acceso a su contenido.

Sin embargo, la intervención de sus propios dispositivos llevó a los medios de comunicación y periodistas afectados -Europa Press, la empresa editora de Diario de Mallorca, Efe, Blanca Pou y José Francisco Mestre- a querellarse contra Florit. Consideran que los autos que el juez dictó para la confiscación de sus móviles y de su material informático son “manifiestamente injustos” y vulneran el derecho al secreto profesional periodístico, aspectos de los que, según los querellantes, el magistrado tenía “plena conciencia”.

Frente a tales acusaciones, el exjuez ha recordado que el auto en el que se acordaba la requisa de los dispositivos establecía que la entrada y registro en las oficinas de los medios podía evitarse si accedían voluntariamente a la entrega de sus teléfonos y documentos y, de hecho, según ha alegado, así lo hicieron. Asimismo, ha añadido que los teléfonos en ningún momento fueron manipulados y les fueron devueltos días después de su incautación.

Uno de los redactores que entregó su móvil: "no vi alternativa"


En contra de estas manifestaciones, Mestre ha explicado que entregó su teléfono móvil para evitar "una escena de registro" en la sede del Diario de Mallorca "en un día normal de trabajo y que lo hizo en cumplimiento "de una orden judicial”. “No vi alternativa", ha remarcado.

Del mismo modo, Pou ha recordado que el día en el que varios agentes se personaron en las dependencias de Europa Press en Palma y le mostraron la parte dispositiva del auto en el que se requería la incautación del teléfono y del ordenador que empleaba, les manifestó que quería hablar con los servicios jurídicos de la empresa. Sin embargo, según ha relatado, los efectivos policiales se lo negaron: "me dijeron que no, que 'esto es la Ley'".

Es más, ha apuntado que cuando les trasladó que, con esa medida, su secreto profesional “quedaba en papel mojado”, los agentes le respondieron: “se está investigando un delito y el secreto profesional queda en un segundo plano”.

Carrau: "se han filtrado muchas cosas y a lo largo de mucho tiempo"

Quien también ha comparecido como testigo es el fiscal Juan Carrau, quien avaló con un informe previo la intervención de los dispositivos. Durante su declaración ha recriminado que en el marco del caso Cursach "se han filtrado muchas cosas y a lo largo de mucho tiempo”. Ha señalado, en línea de lo defendido por Florit, que antes de que se procediera a la incautación de los móviles por la filtración del informe policial varias defensas ya habían denunciado diversas filtraciones, “pero esto nunca había sido perseguido. Mi criterio fue que se persiguiera”.

A lo largo de su interrogatorio, el fiscal ha apuntado a la frecuencia con la que, en base a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que "obliga a obtener las evidencias del delito", los jueces requieren a los medios de comunicación los distintos soportes que las contienen, "como sucedió, por ejemplo, en el caso Villarejo". "La finalidad era la misma", ha remarcado.

Acerca del informe policial filtrado, en el que se apuntaba a una supuesta defraudación fiscal de 50 millones de euros y se reclamaba la detención de hasta 18 personas, Carrau ha aseverado que su difusión fue un hecho "muy grave" por cuanto las informaciones publicadas al respecto aludían, entre otros datos, a las personas cuyo arresto se solicitaba y a las entradas y registros que se pretendían reclamar, lo que suponía que el objetivo de estas diligencias "podía quedar sin efecto".

Carrau ha recordado, asimismo, el instante en el que Florit le transmitió que no era necesario analizar los móviles de los redactores dado que "ya había mucha prueba sobre los dos policías" investigados por las presuntas filtraciones y, además, se sentía "muy presionado" por la situación generada tras la incautación de los dispositivos.

Finalmente, ha revelado que, cuando "alguien avisó" a uno de los dos miembros de Blanqueo de que las filtraciones se estaban investigando, se levantó de la mesa en la que estaba tomando café, "se puso a llorar y dijo: 'me van a arruinar la vida'", un episodio al que se ha hecho referencia en varias ocasiones durante el juicio.

La intervención de los móviles, un “precedente peligrosísimo”

Ya al término de la vista oral, las acusaciones, que han mantenido su petición de condena contra Florit, han puesto de manifiesto que el juicio “ha confirmado lo que ya pensábamos”: que “fue una gravísima actuación de un representante del Poder Judicial” que, “olvidando las garantías propias del Estado”, aceptó dar curso “a unas peticiones aberrantes de la Policía judicial y avaladas por el Ministerio Fiscal”.

Unas medidas que, ha aseverado uno de los abogados querellantes, “destrozan la confianza del público en el periodismo, vital para el mantenimiento de la libertad de prensa, de una sociedad democrática y de la opinión pública”.

Asimismo, otro de los letrados ha incidido, en esta misma línea, cómo la intervención de los móviles de los periodistas sienta un “precedente peligrosísimo” que ha confiado en que “no se generalice”. “La ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz, para lo cual es necesaria la protección de las fuentes”, ha recalcado el abogado, quien ha abundado en que si ese derecho “queda al albur de las decisiones de un juez” que lo vulnere, “devendrá en ilusorio”.

La defensa de Florit: “no se ha aportado ni una sola referencia a por qué se considera injusta su actuación”

Cuando pasaban las 20.00 horas, la defensa de Florit ha tomado la palabra para responder, tajante, a las acusaciones. Lo ha hecho para subrayar cómo, durante el juicio, no se ha aportado “ni una sola referencia a por qué se considera injusta” la actuación del exjuez. “Se nos dice que quería descubrir las fuentes, pero nada más lejos de la realidad”, ha espetado.

En línea de lo manifestado por Florit, Zaforteza ha considerado “gravísimo” que se publicase en prensa un informe que “ni siquiera había sido proveído”, una circunstancia que “desgraciadamente viene ocurriendo en esta Comunidad Autónoma desde 2007. No es de recibo que un señor se levante por la mañana y se entere por el periódico de que piden su detención”.

“Se habían presentado escritos hasta la saciedad [en los que se denunciaban las filtraciones] y Florit hace lo que tiene que hacer: investigar un delito”, ha insistido el penalista. Y ha hecho referencia al hecho de que, “sin querer”, enviase el oficio para indagar la procedencia del informe policial “al grupo de Blanqueo, principal sospechoso de la filtración”.

El abogado ha incidido en que los distintos autos dictados por Florit daban continuación a “otras medidas de investigación que ya estaban en marcha” y ha rechazado que el magistrado buscase llevar a cabo “una caza de brujas, como se nos pretende decir”.

Sobre si se lesionó el secreto profesional de los periodistas, ha recalcado que, “evidentemente, se llevó a cabo una ponderación y se optó por la medida menos gravosa”. “¿Por qué debe el secreto profesional prevalecer sobre otros derechos?”, ha remachado.

“Y aquí se plantea otro debate: si se investiga un delito de revelación de secretos, no sólo lo comete quien hace la filtración sino también quien la recibe si a su vez la transmite. Y en este caso interesaba que se creara un determinado clima contra los acusados”, ha sentenciado para, finalmente, pedir la libre absolución de su patrocinado.

Sentimiento general

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