El código ético de Podemos contempla dimisiones para casos de cargos procesados o condenados

Redacción | 08/10/2020

El código ético de Podemos recoge el compromiso de renuncia de cargos públicos y orgánicos únicamente en caso de procesamiento o condenas y, en consecuencia, no tiene implicaciones para supuestos de imputación ni tampoco para peticiones de investigación, como la que atañe al secretario general, Pablo Iglesias.

Así lo recoge el documento ético vigente de la formación, publicado en su página web, y que estipula la dimisión en estos supuestos se contemple en los términos desarrollados mediante el reglamento de la Comisión de Derechos y Garantías.

En cualquier, esa obligación de renuncia ante procesamiento o condena incluirá siempre "los delitos de corrupción, los económicos, el acoso sexual, las violencias machistas, la pederastia y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, los ecológicos y los urbanísticos".

Después de que el juez del llamado 'caso Dina' haya pedido al Tribunal Supremo que le investigue al líder de Podemos, Pablo Iglesias, por presuntos delitos en la 'pieza Dina', dirigentes destacados del PP han reclamado la dimisión del también vicepresidente segundo del Gobierno.

Algunos, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han reclamado su renuncia y que Iglesias actúe conforme a su propio código ético, aludiendo con ello a una anterior versión del documento si es finalmente imputado.

Además, el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha asegurado que el vicepresidente estaría imputado si no fuese por su aforamiento.

Lo cierto es que el régimen ético actual de la formación morada solo contempla esa posibilidad para dirigentes del partido procesados o condenados.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado este miércoles elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para solicitar que investigue a Iglesias, por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito en relación a la 'pieza Dina' que se investiga en el marco del conocido como 'caso Villarejo'.

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