El caso Cursach, ¿una "ficción malvada" a las puertas del juicio?

"Un auténtico fraude, una ficción malvada, un artificio de principio a fin". Así define una de las defensas del caso Cursach la instrucción de la causa, sobre cuya principal línea de investigación el juez ha abierto esta semana juicio oral y ha dejado a las puertas del banquillo a un total de 24 acusados a pesar de que, de forma paralela, la instrucción del caso se encuentra bajo el foco de la justicia y la actuación de sus antiguos investigadores ha sido duramente cuestionada por varios informes policiales.

Desde que el pasado mes de diciembre el actual instructor de la causa, Enrique Morell, pusiera fin a las pesquisas y diese el primer paso para su enjuiciamiento, no son pocas las defensas que se han alzado contra una decisión que consideran anómala y precipitada. Entre ellas, la de Bartolomé Sbert, ex número dos del empresario de la noche Bartolomé Cursach, cuyas denuncias -en julio de 2018- por presuntas filtraciones por parte de los anteriores investigadores dieron inicio a una macrocausa -en la actualidad en manos del Tribunal Superior de Justicia de Baleares- que puso en jaque la instrucción del caso Cursach.

Además de llamar la atención sobre la "inquietante urgencia en sentar a toda costa a determinadas personas en el banquillo", el abogado de Sbert hace especial hincapié en un aspecto que considera clave: el hecho de que los testigos de los que se sirvieron el exjuez del caso, Manuel Penalva, y el fiscal Miguel Ángel Subirán, para incoar en septiembre de 2017 el grueso del caso Cursach no han sido interrogados en ningún momento en presencia de las defensas.

En un reciente escrito al que ha tenido acceso Crónica Balear, el letrado, quien ya en septiembre de 2017 reclamaba el interrogatorio con contradicción de todos aquellos testigos, atribuye la denegación de tales diligencias "al temor a que se destapase el fraude, la violencia y la intimidación ejercidas por anteriores juez, fiscal y policías sobre los testigos". Por ello, insiste en la necesidad de practicar estas pruebas con la asistencia de todas las partes personadas.

Maquinaria para "instrumentalizar" a los testigos del caso Cursach

La defensa de Sbert incide, a este respecto, en el "obsesivo interés en mantener un proceso penal asentado en la mentira, 'oficializada' en resoluciones judiciales del señor Penalva al margen de la realidad y su evidencia". "Un artificio sustentado con relatos de testigos manipulados mediante violencia, intimidación o recompensas ilícitas -según el testigo, espurios intereses o circunstancias- e informes de Blanqueo falsos", añade el abogado, Antonio Martínez, en referencia a las conclusiones vertidas al respecto por diversos atestados policiales.

Precisamente, los dos últimos informes de la Policía Nacional incorporados a la causa que investiga las presuntas irregularidades cometidas por Penalva y Subirán al frente del caso Cursach señalan cómo ambos se valieron de toda una “maquinaria” dirigida a instrumentalizar a testigos -algunos de los cuales conformaban un “siniestro” grupo de personas “con intereses propios” y “sin escrúpulos”-, obtener falsas pruebas incriminatorias, omitir las que podían poner en tela de juicio sus tesis y efectuar continuas e interesadas filtraciones a la prensa.

En esta línea, el abogado alude a los testigos "favoritos" de los antiguos investigadores y asevera cómo "se obligaba a estudiar a los testigos 'protegidos' antes de sus declaraciones" y se les "ilustraba" en lo que suponía "una dinámica de trabajo del equipo que constituían el anterior juez, el señor Penalva, el fiscal Subirán y los policías de Blanqueo con perfecto reparto de roles según necesidades".

Una testigo pide que los investigadores dejen de "amenazarle"

Un grupo que, en ocasiones, habría accedido a ejercer "violencia e intimidación" sobre algunos de los testigos debido, según el letrado, a que estos "no habrían sucumbido inicialmente a mentir (sosteniendo la ficción que se les obligaba a estudiar y repetir)", lo que llevó a los investigadores a acudir "a métodos más agresivos y propios de grupos criminales" y a instaurar "un clima de terror desde el poder que ostentaban y su condición de 'intocables'".

No en vano, una de las testigos protegidas del caso denunció la violencia sufrida durante sus declaraciones así como las amenazas y coacciones a las que aseguró haber sido sometida. Según relató, sus interrogadores "le insistían una y otra vez y le amenazaban con llamar a su madre", además de ponerle de manifiesto que "podría ir como testigo y no como acusada si reconocía los hechos, y que si no lo hacía, serían acusadas". Y ello a pesar de que, según asegura, los hechos sobre los que querían que confesara no habían sucedido. En un momento de su declaración, la testigo se vio incluso obligada a pedir a los investigadores "que parasen ya de amenazarle".

La defensa de Sbert va incluso más allá. A su juicio, "esa inexistencia de hechos delictivos, o de pruebas de absolutamente nada, con el 'circo mediático' que montaron, su evidente vértigo al fracaso que se cernía sobre la pésima labor y la obsesión acumulada, pudieron detonar el desespero degenerando el asunto hasta límites grotescos. No debe tampoco descartarse la afectación psicológica que los arrastrase a tamaña barbarie". "Todo lo anterior es difícil de asimilar, pero sucedió", sentencia.

Reiteración de diligencias en base a dos sentencias contra Baltasar Garzón

Otro de los abogados que en los últimos días se ha pronunciado sobre el curso que ha seguido el caso Cursach es el del director de la discoteca Tito's, Jaime Lladó. En un recurso de apelación, recrimina el hecho de que la mayor parte de las diligencias realizadas por Penalva con intervención de Subirán "lo fueron en secreto y en muchas de ellas sin acudir a la grabación audiovisual para dejar constancia de lo sucedido".

En línea de lo manifestado por la defensa de Sbert, asevera que se practicaron, además, sin la intervención de las defensas y "sin posibilidad de contradicción entonces o con posterioridad".

El penalista reitera así la necesidad de repetir la práctica de las diligencias del caso Cursach al haber sido recusados tanto Penalva -apartado de la causa por falta de imparcialidad- como Morell -por su amistad con el primero-. Se ampara para ello en dos sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que reprenden la falta de imparcialidad del exjuez Baltasar Garzón.

El objetivo de la defensa de Lladó, ejercida por Miquel Arbona, pasa por impedir que se invaliden tales diligencias una vez se hagan valer como pruebas en el juicio del caso Cursach y que, por tanto, éstas no puedan ser cuestionadas al haber sido acordadas por un juez recusado.

El letrado de Lladó respalda su solicitud en sendas sentencias del TC y del TEDH que censuran la parcialidad de Garzón durante el proceso judicial llevado a cabo contra el que fuese secretario de Estado para la Seguridad bajo el mandato de Felipe González, Rafael Vera, a raíz del secuestro, en 1983, de Segundo Marey por parte de los GAL.