Cursach y Sbert desmontan la última estrategia de Penalva y Subirán de invalidar el 'caso Whatsapps'

El empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach y su exnúmero dos Bartolomé Sbert vuelven a tomar la palabra. Y lo han hecho para rebatir los alegatos con los que el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán solicitaron en marzo anular las investigaciones relacionadas con el chat que mantenían abierto con varios policías de Blanqueo y del que se desprenderían importantes indicios en torno a las presuntas prácticas ilegales que llevaron a cabo a la hora de instruir el caso Cursach.

"¿Quién se imaginaba que un juez y fiscal delinquirían, dejando, además, rastro escrito de un desolador panorama delictivo, inconcebible, hasta el momento, en un Estado de Derecho?", llega a preguntarse la defensa de Sbert.

En sus escritos, a los que ha tenido acceso Crónica Balear, los dos empresarios refutan, punto por punto, las argumentaciones esgrimidas por ambos juristas, quienes recriminaban que la localización del chat de whatsapp se produjo mediante una vulneración procesal y con el quebrantamiento de su derecho al secreto de las comunicaciones.

Al respecto, la defensa de Cursach, ejercida por el abogado y fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional Enrique Molina, acusa a Penalva y Subirán de "tergiversar la realidad de los acontecimientos" y recuerda que el acceso al chat tuvo lugar gracias a la "autorización libre, voluntaria y personal" de uno de los policías participantes en el grupo.

Y es que, tal como abunda el letrado, el agente prestó su consentimiento, el 18 de diciembre de 2018, para que los investigadores pudieran acceder a todos los datos contenidos en su teléfono móvil. Y "entre tales datos se encontraba el registro de las conversaciones por él mantenidas con los aforados", en alusión a Penalva y Subirán.

La defensa de Cursach recalca así que el modo en que el chat fue hallado "dota de cobertura legal y constitucional" a la incorporación de tales conversaciones en el proceso judicial que indaga las supuestas irregularidades cometidas por los antiguos investigadores del caso Cursach.

PENALVA Y SUBIRÁN "FALTAN A LA VERDAD"

El abogado insiste en que juez y fiscal "faltan a la verdad" cuando afirman que el policía no ofreció su consentimiento. Y recalca que la autorización, como consta "expresamente" por escrito, se prestó "con todas las garantías y con asistencia letrada". "Es más, tanto el autorizante como su defensa participaron activamente en el volcado del contenido de su teléfono", añade.

Asimismo, recuerda cómo el volcado "se realizó judicialmente, con la presencia del Letrado de la Administración de Justicia y el letrado del investigado, que no realizó observación alguna", respondiendo así al alegato de los dos juristas que apuntaba a que la diligencia se llevó a cabo sin control judicial.

"Cuestión diferente es la estrategia que utilicen las defensas para eludir las posibles responsabilidades penales derivadas de los comportamientos puestos de manifiesto en las conversaciones registradas. Pero no puede negarse lo evidente", enfatiza el letrado de Cursach.

NO SE VULNERÓ EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES NI EL DERECHO A LA INTIMIDAD

En relación con la vulneración del secreto de las comunicaciones denunciada por Penalva y Subirán, la defensa del empresario se ampara en abundante jurisprudencia constitucional así como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -citando los conocidos como 'caso Malone', 'caso Barberá, Messegué y Jabardó', 'caso Colozza' y 'caso Albert  y Le Compte'- para reiterar que la localización del chat no se produjo como consecuencia de una interceptación de las comunicaciones como tampoco se vulneró el derecho a la intimidad.

Al contrario, en el caso del policía en cuyo móvil se hallaron las conversaciones de whatsapp, recalca que aquél "se mostró dispuesto desde el inicio de las diligencias a colaborar con los agentes investigadores y prestó su consentimiento expresa, libre e inequívocamente con la asistencia de letrado asesor de su confianza, con lo que el respeto al derecho a preservar la intimidad quedó plenamente garantizado".

Finalmente, desmonta otro de los alegatos de Penalva y Subirán, quienes se remitían a la sentencia que absolvió al juez que relevó a Penalva al frente del caso Cursach, Miquel Florit -a raíz de la intervención de los teléfonos móviles de dos periodistas que cubrían las informaciones relativas a la causa- para solicitar la nulidad de las diligencias que se practicaron tras la requisa de los dispositivos.

En este sentido, el letrado asevera que "no se llega a entender bien qué es lo que se pretende alegar" cuando la defensa de Penalva y Subirán mencionan esta resolución judicial más allá "introducir confusión con datos que le son ajenos".

E incide en que el acceso consentido al teléfono del que se extrajo el chat no se deriva de la intervención de los móviles de los periodistas sino de un proceso de investigación en torno al grupo de Blanqueo "por la revelación, a través de los medios de comunicación, de un informe policial secreto y la constatación de que dicho proceder ilícito se había repetido sistemáticamente a  lo largo del tiempo".

"El objeto de la investigación y su ampliación ya estaban decididos desde hace más de un año", subraya. De hecho, para cuando Florit acordó la incautación de los móviles a los periodistas, los investigadores ya disponían de datos que apuntaban a la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por parte de los antiguos investigadores del caso Cursach.

EL ABOGADO DE SBERT APUNTA A LA "CONTINUA DEFORMACIÓN DE LA REALIDAD" POR PARTE DE JUEZ Y FISCAL

Por su parte, el abogado de Sbert, Antonio Martínez, se adhiere en su escrito a los alegatos expuestos por la defensa de Cursach. Y va más allá. Considera que "no es de recibo la continua deformación de la realidad, ni el tono insidioso o, incluso, calumnioso" que, a su juicio, emplea en sus escritos la defensa de Penalva y Subirán.

"Los límites de la buena fe procesal rigen más que nunca cuando se es parte. Aunque se ejerza el derecho de defensa", expone el letrado, quien señala que, cuatro meses antes de que se localizase el chat, otro de los agentes participantes en el mismo ya informó a los investigadores de la existencia de este grupo de whatsapp.

No sólo eso. Asevera que los propios integrantes del chat, entre ellos los propios Penalva y Subirán, han reconocido su contenido en sus distintas declaraciones judiciales. "Datos que destierran las 'conspiranoicas' tesis que los aforados difunden con denuedo para distraer la atención", afirma Martínez.

La defensa de Sbert abunda en que, si se produjeron dudas iniciales respecto a la identidad los componentes del grupo, "sólo gracias a la defensa de los aforados (con sus múltiples escritos al Juzgado de Instrucción número 12, reconociendo su autoría y contenido) pudo adquirirse plena seguridad" al respecto.

Cabe recordar que el pasado mes de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) otorgó un plazo de cinco días a Penalva y Subirán para entregar sus teléfonos móviles en la causa que les investiga. Sin embargo, la defensa de ambos anunció que no iban a aportar sus dispositivos. Por ello, el tribunal pidió a la Fiscalía que se pronuncie sobre la pertinencia de acordar la incautación de sus teléfonos. Se trata de un asunto que se encuentra, por el momento, pendiente de resolución.