Cursach pide anular la causa abierta contra él tras las irregularidades detectadas en la instrucción

El empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach ya ha puesto las cartas sobre la mesa en el marco de la causa abierta contra él y otros 23 acusados, quienes se encuentran a las puertas del banquillo por una presunta trama de extorsiones y tratos de favor que, sin embargo, ha sido duramente cuestionada por varios informes policiales que apuntan a las numerosas irregularidades cometidas durante la instrucción del caso Cursach.

En el escrito de defensa que el empresario ha presentado para rebatir las acusaciones que pesan sobre él, su abogado reclama la nulidad de la causa al sostener que se ha vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías. Junto a él, las defensas del resto de investigados, entre quienes se encuentra su exnúmero dos, Bartolomé Sbert, han entregado sus alegatos contra unas pesquisas que han llegado a tildar de "auténtico fraude, una ficción malvada y un artificio de principio a fin".

A lo largo de su escrito, al que ha tenido acceso Crónica Balear, la defensa de Cursach, ejercida por el fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional Enrique Molina, refuta con contundencia el relato de hechos que la Fiscalía mantiene contra su patrocinado, para quien reclama ocho años y medio de prisión por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa, coacciones y cohecho activo.

El empresario plantea, además, más de 150 testificales con el objetivo de apuntalar su inocencia, entre las que se encuentran las de los autores de los informes con los que la Policía Nacional, a lo largo del último año, ha puesto en entredicho la instrucción del caso Cursach, sostenida en base a declaraciones presuntamente manipuladas de testigos protegidos cuya identidad el empresario solicita que se desvele "a fin de conocer la existencia de razones espurias que pudieran viciar el contenido de sus manifestaciones".

Profundizando en los hechos que se le atribuyen, el abogado asegura que Cursach "jamás ha pagado ni ordenado pago alguno, ni ofrecido dádiva o presente" a ningún funcionario o autoridad pública a cambio de ver beneficiados sus intereses personales, profesionales o comerciales, como tampoco "nunca ha amenazado ni ha ordenado a nadie que amenace" a ningún responsable de la Administración para favorecerle.

En esta línea, incide en que "nunca ha amenazado ni coaccionado a ningún empresario dedicado a actividades de ocio para eliminarlo como competidor en dicho sector económico. Por tanto, nunca ha precisado hacer regalo alguno a autoridad o funcionario público por si llegado el momento fuera preciso contar con su favor", precisa Molina.

En esta línea, el abogado hace especial hincapié en las fiestas privadas con alcohol, drogas y sexo que, según postula la Fiscalía, Cursach pagó a varios policías locales con el objetivo de asegurarse su protección y favorecer la buena marcha de sus negocios. Frente a ello, la defensa del empresario alega, tal como lo ha hecho durante la instrucción de la causa, que nunca ha agasajado "a ningún funcionario" de la Policía Local de Palma ni ordenó que así se procediera. "No organizó ni celebró fiestas privadas en las que se ofrecieran servicios sexuales, consumiciones alcohólicas ni de sustancias estupefacientes costeadas por él, ni dentro del establecimiento Tito's ni en ningún otro sitio", recalca.

En este sentido, asevera cómo en el escrito de acusación de la Fiscalía "no aparecen identificadas ni las fechas en que dichas fiestas habrían tenido lugar, ni las personas que supuestamente hubieran intervenido en las mismas como prestadoras de los 'agasajos sexuales'. Tampoco se dice en qué consistieron los actos de suministro de sustancias estupefacientes, ni cuáles fueran éstas sustancias, ni quién las facilitaba ni a quién se entregaban".

Recalca, además, que para impedir el consumo ilegal de drogas tóxicas en el interior de Tito's la propiedad del establecimiento tenía contratada una agencia privada que "periódicamente levantaba y reportaba cualesquiera comportamientos ilegales que detectara en el interior del establecimiento".

La defensa subraya, respecto a otra de las inculpaciones de la Fiscalía, que el empresario "nunca impartió órdenes" a las unidades de Policía Local para que se avisase previamente de las inspecciones en los locales del Grupo Cursach. "Con independencia de que la afirmación es gratuita e incierta, no se acompaña de mayor definición de fechas, locales, personas que daban los avisos y receptores de los mismos", abunda al respecto.

Otra de las acusaciones de la Fiscalía que rebate el abogado es el supuesto desarrollo de actividades de seguridad privada por parte de funcionarios de policía en varias discotecas del Grupo Cursach. Unos hechos que, según señala el letrado, relata el Ministerio Público de forma "amalgamada y sin amparo objetivo". "La atribución de responsabilidad al señor Cursach resulta igualmente vaga, genérica y confusa hasta el punto de llegar a imposibilitar a la defensa conocer cuál sea el hecho delictivo imputado".

Al hilo de lo anterior, considera "nula" la identificación de las personas que supuestamente prestaban tales servicios de seguridad. De hecho, insiste en que "no se detalla el nombre de ninguna de las que hubieran prestado dichos servicios y, por el contrario, sí el de los mandos policiales que habrían recibido un porcentaje (se desconoce cuál) de los honorarios percibidos (se desconoce cuánto) por quienes actuaban como porteros (se desconoce quiénes pues el escrito de acusación no los identifica)".

"Si a la indeterminación de estos detalles elementales se suma la falta de concreción de las actividades sobre las que se especula que los 'porteros policía' realizaban, la quiebra de la acusación y, como consecuencia de ella, del derecho de defensa, es manifiesta", señala.

También sobre ello asevera que es "absolutamente falso" que "los porteros policía solucionaran 'extrajudicialmente' los problemas que se planteaban en los centros de ocio, que garantizaran el acceso de sustancias estupefacientes a las discotecas o se encargaran de canalizar preavisos de inspecciones. Se desconoce, por inconcreción en el escrito de acusación, cuáles fueron los problemas 'solucionados', las drogas introducidas o los preavisos reportados por tales 'porteros policías', ni sus fechas ni el modo de proceder. La ausencia de rigor impide el ejercicio constitucional del derecho de defensa", sentencia.