Condenados un ingeniero del Consell y un empresario por el desvío de al menos 15.700 euros

Un ingeniero del Consell de Mallorca y un empresario se han confesado culpables este lunes de delitos de prevaricación y estafa, respectivamente, por el desvío de al menos 15.724 euros públicos, mediante la presentación de facturas inveraces entre los años 2007 y 2011, vinculadas al contrato de mantenimiento de carreteras.

Sus defensas y la Fiscalía han alcanzado un acuerdo, que se ha ratificado por la mañana en una vista en la Audiencia Provincial de Baleares.

La Fiscalía ha retirado la acusación para cinco personas, entre ellas, la exsecretaria técnica de Obras Públicas, Malén Tortella -quien posteriormente fue gerente de Emaya con Unió Mallorquina-.

El ingeniero del Consell de Mallorca encargado del contrato, Francisco Sánchez, ha aceptado una pena de ocho años y medio de inhabilitación para empleo público en la administración insular o local; y el empresario Francisco Soler -socio de dos de las empresas de la UTE contratista- ha aceptado 11 meses de cárcel, que han sido sustituidos por una multa de 11.880 euros.

En virtud del acuerdo firmado entre las partes, el empresario ha reconocido que ideó un plan para enriquecerse injustamente en perjuicio del Consell. El Consell abonaba a la empresa costes por servicios que no se habían prestado, al incluir conceptos por trabajadores que no se correspondían con la realidad.

El escrito de conformidad reseña que el empresario presentó a la UTE las facturas y que ésta, sin conocimiento del fraude, las trasladaba a la administración insular.

Se recoge también que el ingeniero director del contrato "omitió de forma reiterada y deliberada el control de vigilancia que tenía encomendado", a sabiendas de que de este modo se pagarían importes que no se habían comprobado. Esto permitió que la empresa tuviera dados de alta a menos trabajadores de los exigidos por el pliego.

La cantidad defraudada al Consell se ha cifrado en al menos 15.724,45 euros, fondos que el empresario condenado ya ha devuelto.

La investigación se inició por una querella en abril de 2013, a raíz de una denuncia de septiembre de 2012.