Acusan a Penalva y Subirán de obstruir con audios "ilegales" la causa que les investiga

La defensa del exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que inadmita uno de los audios aportados por el juez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán para defenderse en la causa que les investiga por su papel al frente de la instrucción del caso Cursach. Según alega, se trata de grabaciones "unilaterales y absolutamente ilegales, procesalmente hablando", con las que, además, ambos juristas buscan "sentirse por encima de la legalidad" y servirse del "todo vale".

"Da la sensación de que los investigados Penalva y Subirán pretenden realizar una instrucción paralela a la presente, sin las garantías que ofrece nuestra Ley Ritual, cosa que en este punto de la investigación no nos sorprende, desgraciadamente", asevera el abogado del exparlamentario en un escrito al que ha tenido acceso Crónica Balear.

En concreto, se refiere a las grabaciones telefónicas que los investigados han realizado en las últimas semanas a diversos testigos del caso Cursach y que han entregado recientemente al tribunal con el objetivo de demostrar que nunca les coaccionaron para obtener falsas acusaciones, como denuncian diversos informes policiales incorporados al caso bajo cuyo punto de mira se encuentran juez y exfiscal.

La defensa de Gijón alude, especialmente, a un audio en el que Subirán "intenta hacer una especie de interrogatorio" a un exempleado municipal que en su día declaró como testigo en el marco del conocido como caso ORA, una de las líneas de investigación en las que se desgajó el caso Cursach. Sobre ello, el letrado asevera que, si Penalva y Subirán creen oportuna la práctica de determinadas diligencias de investigación, "deben (o deberían) tener conocimiento de que el cauce procesal oportuno es interesarlas" al magistrado que instruye la causa que les investiga, Carlos Gómez.

"Es este magistrado el que dirige la instrucción, y no unos meros investigados. Y es este magistrado quien debe valorar dichas diligencias y acordar o no su pertinencia", recalca el penalista. Y es que, tal y como subraya, el procedimiento empleado por los dos antiguos investigadores del caso Cursach constituye un “parasumario” que "vulnera los más elementales derechos de las partes, como es la posibilidad de poder formular preguntas a los testigos. Un extremo que esta forma de actuar priva, lo que vulnera flagrantemente el derecho a la defensa". Y apostilla que, a pesar de que "no nos sorprende dicha actuación referida a los investigados, no por ello se debe permitir".

El abogado recalca, tajante, que "no es de recibo que un mero investigado, sobre el que pesan indicios más que racionales de criminalidad, se permita erigirse como interrogador de un testigo, pudiendo hacer las preguntas que desee" y sin que a la persona interrogada se le haya tomado "juramento o promesa de decir verdad".

En su escrito, el letrado subraya, por otro lado, que las conversaciones telefónicas grabadas y aportadas al caso, "independientemente de su legalidad estricta, sí ponen de manifiesto una determinada forma de actuar y pensar de los investigados, cual es el sentirse por encima de la legalidad y que todo vale".

"No nos olvidemos de que la grabación se fundamenta en puras mentiras. La primera, que el investigado Subirán se presenta como fiscal del caso ORA, cuando gracias a Dios hace tiempo que no lo es. Y, por otro lado, no informa a la persona con quien habla de que dicha conversación va a ser grabada, hecho que pone de manifiesto un determinado talante moral", abunda la defensa de Gijón.

El letrado pide así que el magistrado advierta a Penalva y Subirán de que se abstengan de realizar este tipo de diligencias, al considerar que, con ello, "interfieren de forma ilegal en este instrucción y faltan objetivamente al respeto" al instructor del caso "al investigar al margen y de forma paralela". Recalca que, de persistir en esta actitud, los hechos podrían llegar a ser constitutivos de un delito de obstrucción a la justicia.

"Entendemos que esta causa, entre otras cosas, debería servir para poder erradicar de nuestro sistema judicial que pueda haber operadores jurídicos que actúen de forma arbitraria, ilegal y poco o nada respetuosa con los derechos y las libertades de los ciudadanos. Pues ello, desgraciadamente, redunda de forma directa en un inadmisible descrédito de la Administración de Justicia, así como en un descrédito de las instituciones de Judicatura y Fiscalía que no debemos permitir", proclama el abogado.

Y apela, en este sentido, a la necesidad de que quede claro que "estos investigados son y deben ser la excepción y que el colectivo que formamos jueces, fiscales y abogados no nos regimos con unos parámetros éticos tan discutibles como inaceptables. La inmensa mayoría de nosotros actuamos con rigor y con respeto a las leyes y a las personas", concluye.

A lo largo de la instrucción de esta causa, Penalva y Subirán han entregado diversos documentos y grabaciones con los que pretenden rebatir los delitos de detención ilegal, prevaricación, revelación de secretos y deslealtad profesional que pesan sobre ellos. Ambos investigados aseguran ser víctimas, además, de un complot entre Policía y Fiscalía dirigido a echar por tierra la labor indagatoria que llevaron a cabo.