Las finanzas opacas, el lado oscuro de la gestión griega del coronavirus
El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. Foto de archivo.- Foto: EFE.

El éxito de Grecia frente a la pandemia del coronavirus, gracias a la adopción rápida de medidas, tiene su lado oscuro: la premura ha facilitado una gestión financiera opaca.

Así, el Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis aprovechó el periodo de confinamiento para multiplicar los contratos del Estado con empresas privadas sin licitación.

En todos los casos, el argumento del Gobierno ha sido que la crisis sanitaria necesitaba acciones inmediatas. Y que los concursos públicos requerían meses hasta poder cerrarse.

“Las circunstancias excepcionales no justifican ningún compromiso en asuntos de buena gobernanza”, destaca la presidenta de la sección griega de Transparencia Internacional, Ana Damasku.

Damasku recalca que “la transparencia y la cooperación son de importancia crucial durante la pandemia”. Y que todas las decisiones que se toman mediante procedimientos de urgencia “deben ser justificadas y someterse al control público”.

Contratos cuestionables

Uno de los primeros contratos adjudicados sin concurso fue con siete empresas privadas dedicadas a la formación de adultos. Sus propietarios manifestaban públicamente su afinidad al partido de Nueva Democracia y su supuesta amistad con Mitsotakis. A cambio de 36 millones de euros, las compañías debían ofrecer cursos a distancia a científicos que habían tenido que suspender su actividad a causa del confinamiento.

Tan solo unos días después de adjudicar estas licitaciones el Gobierno tuvo que revocar los contratos, ya que se comprobó que ninguno de estos centros tenía programas de formación para científicos.

Subvenciones a medios inexistentes

En otro caso, también con el pretexto de la urgencia y la necesidad de subvencionar a los maltrechos medios del país, Grecia decidió repartir 20 millones de euros para una campaña de información sobre el coronavirus.

Para la distribución de esos fondos no solo contrató sin concurso a una empresa -facturó 600.000 euros por sus servicios- sino que entre el más de un millar de periódicos, radios, cadenas de televisión y páginas web que recibieron el dinero, había portales de internet inexistentes en el momento de la licitación.

Dos meses más tarde, aún no se ha publicado la lista completa de los medios que percibieron esta subvención, la cuantía que recibió cada uno ni los criterios que se aplicaron a la hora de repartir el dinero.

La urgencia ha sido también el argumento del Organismo Nacional de Turismo a la hora de encargar sin concurso por más de cinco millones de euros una campaña de publicidad para atraer turistas este verano.

Además, en uno de los primeros decretos ley aprobados para hacer frente a la pandemia, el Gobierno triplicó a 60.000 euros el techo de los contratos que los organismos del Estado pueden adjudicar sin concurso público.

Esta disposición, que se mantendrá en vigor después de la crisis del coronavirus, incrementa la tentación al clientelismo de los alcaldes en Grecia. Desde el otoño pasado tienen la libertad de adjudicar contratos sin necesitar el visto bueno del consejo municipal.

Las finanzas opacas del Ministerio de Migración

Sin embargo, las prácticas opacas no se limitan a las acciones relacionadas con la gestión de la pandemia.

El ministerio de Migración, también con el pretexto de la urgencia, adjudicó en marzo la construcción de cuatro nuevos campamentos de refugiados sin convocar concursos.

En este caso el argumento del Gobierno era que urgía descongestionar los campamentos de refugiados en las islas del mar Egeo. Allí, cerca de 40.000 personas malviven en campos con capacidad para menos de 6.000.

La construcción de uno de ellos -el nuevo campamento de Malakasa- costó casi diez veces más que otros campamentos similares. Así lo denunció un artículo el periódico Kathimeriní.

Según el periódico, el Gobierno ha perdido la confianza de las autoridades de Bruselas, que le reprochan gestionar mal los fondos europeos para la migración.

Por si esto fuera poco, la última reforma de la ley de Asilo aprobada en mayo prevé que el Ministerio de Migración dispondrá de fondos secretos. Su cuantía aún no se ha anunciado.

La ley prevé que la gestión de estos fondos estará a cargo del secretario general del ministerio y de dos altos funcionarios. Y que todas las facturas que se extiendan se deberán destruir en un plazo de seis meses.

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