El TSJIB investigará las irregularidades de la detención de los padres de Álvaro Gijón

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) investigará las presuntas irregularidades cometidas con la detención de los padres y el hermano del exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón en el marco del conocido como caso ORA.

Mediante una exposición a la que ha tenido acceso Crónica Balear, el magistrado Carlos Gómez, encargado de la causa centrada en las prácticas supuestamente ilegales cometidas por el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y varios agentes de Blanqueo al frente de las distintas líneas de investigación del caso Cursach -entre las que se hallaba el caso ORA-, da respuesta a un reciente escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción.

Y subraya, en línea de lo manifestado por el Ministerio Público, cómo uno de los últimos informes elaborados por la Policía Nacional en torno a las presuntas irregularidades llevadas a cabo por Penalva y Subirán “revela indicios que permiten investigar” si la detención de los familiares de Gijón, llevado a cabo en junio de 2017, fue “delictiva“.

Precisamente, el pasado mes de enero el juez Antoni Garcías archivó el caso ORA, cuyas investigaciones iban dirigidas, entre otros, contra el propio Gijón y el expresidente del PP de Palma José María Rodríguez.

La causa investigaba, en concreto, el presunto amaño del concurso para la adjudicación del control de la ordenanza reguladora de aparcamientos (ORA) y el pago de sobornos a cambio de esta concesión. Fueron estas pesquisas las que costaron la detención de los padres y el hermano de Gijón.

Al respecto, el informe de la Policía Nacional al que aluden la Fiscalía y el TSJIB apuntaba a que, con el arresto de los familiares de Gijón, los antiguos investigadores del caso ORA buscaban que el exconcejal llegara “jodido” a su declaración en la causa. Es más, señalaba que Penalva y el exjefe del grupo de Blanqueo ofrecían a los distintos detenidos del caso “poner fin a sus problemas judiciales” si, a cambio, implicaban a Gijón y a Rodríguez.

Por otro lado, la exposición del TSJIB recoge las conclusiones de la Policía Nacional acerca de la agresión que aseguró haber sufrido una de las testigos clave del caso Cursach, la número 31, en la puerta de su domicilio “a manos de dos sicarios enviados por el entorno” del empresario del ocio nocturno. Un episodio que, según los inspectores, “ha podido demostrarse sin ningún género de dudas que no existió nunca“.

La testigo, en cuyo testimonio los antiguos investigadores sustentaron buena parte de sus pesquisas, aseguraba, además, ser la madame en un burdel al que acudían altos cargos políticos a pesar de que aquél nunca existió. Asimismo, aportó una supuesta agenda en la que aseguraba que su socia Alicia hacía anotaciones pese a que ésta había fallecido hacía varios años.

En este sentido, el TSJIB apunta, reproduciendo las palabras de la Fiscalía, al “desprecio” mostrado por Penalva, Subirán y los agentes de Blanqueo hacia “los indicios de falsedad” relacionados con la agenda entregada por la testigo. Y alude, en esta misma línea, a la negativa de los antiguos investigadores a indagar si los lugares en los que supuestamente se ejercía la prostitución efectivamente existieron, lo que, según el Ministerio Público, constituiría “una posible conducta delictiva de prevaricación“.

Mediante su última resolución, la máxima instancia judicial de las islas va más allá de los delitos por los que este órgano asumió el pasado mes de enero la causa contra Penalva, Subirán y varios agentes de Blanqueo. De hecho, en un auto dictado a principios de mayo, el TSJIB ya señalaba haber recibido desde entonces numeroso material de investigación “relevante” que ampliaba, por tanto, el objeto de las investigaciones.

Frente a ello, tanto Penalva como Subirán alegaban, en un escrito en el que reclamaban la nulidad de las pesquisas, que esta causa “no puede comprender otros hechos” que no figuren en la exposición razonada que la anterior instructora del caso elevó al TSJIB para que éste asumiera las investigaciones contra ellos. Es decir, pedían que el caso quedara acotado a las supuestas filtraciones que los antiguos investigadores del caso Cursach efectuadas a la prensa y a la demora deliberada de ciertas declaraciones testificales.

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