Baleares reclama al Gobierno medidas para rebajar los alquileres

El conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, ha reclamado este jueves al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana poder sancionar los abusos en materia de alquiler, así como la adopción de determinadas medidas frente al elevado coste de las viviendas en Baleares.

Así lo ha trasladado Pons al Ministerio durante la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, en la que también ha realizado otras peticiones como medidas para evitar la concentración de viviendas en manos de los grandes tenedores.

Asimismo, el conseller Pons ha solicitado durante la reunión, presidida por el secretario de Estado de Movilidad, Transportes y Agenda, Pedro Saura, que se reconsidere la cuantía de los fondos de las ayudas específicas de alquiler COVID-19, porque se considera “insuficiente” la partida de 2,4 millones que se ha asignado a Baleares.

Pons ha asegurado durante su intervención que, ya de manera previa a la crisis el mercado de alquiler de vivienda en Baleares mostraba unos precios descompensados respecto a los sueldos medios, “una situación que se verá ahora agravada por la efecto de la crisis del COVID-19”. De esta forma, ha exigido la adopción de medidas para garantizar el acceso a la vivienda de la ciudadanía en unos momentos de mayor dificultad.

“La vivienda es un bien de titularidad privada pero de interés público, por lo que debe regularse de forma que se proteja su función social por encima de intereses privados especulativos”, ha destacado.

En este sentido, Pons ha reclamado al Gobierno que publique “de manera urgente el índice de precios de referencia que se tendrían que haber publicado a finales de marzo”, así como que quede fijado por ley un incremento máximo en los precios del alquiler.

EVITAR LA CONCENTRACIÓN POR PARTE DE GRANDES TENEDORES

Por otra parte, el conseller ha pedido una limitación en las operaciones de concentración de la propiedad de viviendas por parte de grandes tenedores. “De la misma forma que se ha protegido a las empresas españolas de la adquisición por parte de empresas extranjeras, se plantea la posibilidad de establecer límites en la concentración, aumentando el grado de intervención del Estado”, ha indicado.

Asimismo, el conseller ha pedido un Régimen sancionador en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y habilitar a las Comunidades Autónomas para que puedan inspeccionar y sancionar ante las situaciones irregulares en materia de alquiler.

“Hemos pedido que haya un régimen con capacidad inspectora y sancionadora que se delegue a las CCAA, para que los gobiernos puedan resolver por una vía administrativa los problemas que surjan y no se vaya solo por la vía judicial”, ha destacado Pons.

Por último, el conseller ha planteado que “hay mucha presión en el mercado de alquiler por el exceso de demanda y la restricción de oferta, agravada por la concurrencia con los alquileres turísticos”.

Por este motivo, ha asegurado que una vía para reducir esta presión y proporcionar alternativas de vivienda “consistiría en un aval del ICO que permitiera a familias que son solventes contratar hipotecas de hasta el 100% del valor de tasación o venta”.

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