La Policía Nacional, sobre los testigos de Penalva y Subirán:

Blindaje de testigos, ocultación deliberada de pruebas, fabricación de otras para “conseguir acusaciones toda costa” y “sin ningún tipo de rigor”, un “sinfín de imputaciones e ingresos en prisión injustos“… La Policía Nacional vuelve a poner contra las cuerdas al juez Manuel Penalva, al fiscal Miguel Ángel Subirán y a varios agentes de Blanqueo por su papel al frente de las distintas líneas de investigación del caso Cursach.

En un oficio que el cuerpo acaba de entregar en la causa que indaga la presunta trama urdida por los antiguos investigadores del caso Cursach para apuntalar sus acusaciones y sostener la existencia de un “entramado mafioso” dirigido a proteger los intereses del empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach, el cuerpo policial avanza lo que constituirá el epicentro de su próximo informe. Y asevera que “la gravedad de los hechos investigados” es “enorme“.

El documento, al que ha tenido acceso Crónica Balear, profundiza en el modo en que Penalva y Subirán se valieron, presuntamente, de varios testigos protegidos que habrían sido utilizados para allanar futuras condenas contra aquellos a quienes investigaban. Y, en esta ocasión, centra sus conclusiones en las funciones ejercidas por los testigos 29, 13, 26 y 30, con quienes los antiguos investigadores habrían establecido “una especie de simbiosis en la que todos ganaban“.

Especialmente tajante se muestra la Policía Nacional respecto a las prácticas llevadas a cabo por el testigo protegido 29. Los investigadores avanzan que en el informe que prevén presentar en los próximos meses -que se sumará a los cuatro que han elaborado hasta el momento- “se presentarán pruebas objetivas de testimonios más que suficientes para acreditar que el testigo protegido 29 es una persona taimada, inteligente, que fabrica pruebas con una preparación que raya lo profesional“.

Y adelantan que analizarán con detalle cómo el testigo fue “acusando a cada persona que va entrando en la causa, cuestionado sus declaraciones, a abogados, testigos, y funcionarios, todo ello sin ningún respeto por la Justicia ni las instituciones del Estado, ni ningún reparo en atribuir hechos delictivos a cualquier persona inocente“.

Así, entre los perjudicados por las acusaciones de este testigo se encontraría Florian P., quien fue condenado a tres años de cárcel por presuntamente agredir, en junio de 2017, al testigo 29. La Policía Nacional señala que la ejecución de esta sentencia se encuentra suspendida de forma provisional mientras el cuerpo culmina sus pesquisas. No obstante, avanza que éstas “arrojan luz con datos objetivos que permitirían determinar la imposibilidad de dicha agresión“.

Es más, el oficio señala que el mismo testigo “podría haber atribuido otras lesiones a personas con las que mantenía litigio en el marco del caso Cursach” y que, sin embargo, “realmente se habrían ocasionado en contextos completamente diferentes“.

Entre tales episodios, el testigo aseguró haber sido víctima de una agresión, el 9 de mayo de 2018, que, según manifestó, “estaría directamente relacionada con su condición de testigo protegido en la causa Cursach”. Narró cómo le habían abordado por la espalda y le habían propinado varias patadas y puñetazos para luego causarle “un raspazo en la cara“.

El testigo protegido 29 manifestó que los agresores habían sido dos ciudadanos de nacionalidad rumana y que uno de ellos era el mismo que, según aseguró, le había agredido un año antes junto a Florian P. “Pero en realidad”, asevera la Policía, “el hecho que produjo las lesiones denunciadas  habría sido una pelea que habría mantenido con su compañero de piso“.

En su oficio, los agentes afirman, además, que se ha podido determinar que el testigo 29 utilizaría recurrentemente teléfonos móviles a nombre de terceras personas que “emplearía para sus ilícitas actividades, como acosar sus víctimas, hacer pasar por autores de delitos a terceras personas y autoamenazarse” para poder acusarlas.

En esta misma línea, subrayan que se produjo un “blindaje de los testigos” a fin de que “cualquier acusación o prueba que pudiera desmontar sus declaraciones incriminatorias quedara oculta y sin practicar”. No en vano, apunta que estas pruebas, la mayoría de ellas solicitadas por las defensas, “fueron rechazadas de forma continua” mientras Penalva, Subirán y los agentes de Blanqueo “sólo investigaban aquello que era adecuado para sus tesis acusatorias“.

Los investigadores destacan, asimismo, que la actuación de los testigos, presuntamente coordinada con juez, fiscal y los policías, “derivó en un sinfín de imputaciones e ingresos en prisión injustos“.

Y cómo mediante “la ocultación de pruebas y la compartimentación de
causas secretas hicieron que, nuevamente, se consiguieran condenas” motivadas por la carencia de “elementos esenciales de juicio” por parte del tribunal juzgador que “pudieran beneficiar a los acusados“. “Por contra, cualquiera de los testigos de la defensa eran tildados de acosadores y falsarios“, sentencian.

La Policía Nacional apunta que, a pesar de que su próximo informe se encuentra bastante avanzado, “requiere de unos meses para su finalización rigurosa” dado que su elaboración se ha visto afectada por el estado de alarma decretado el pasado mes de marzo.

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