Un extrabajador acusa a la Fundación Natzaret de defraudar a Hacienda

Un extrabajador de la imprenta de la Fundación Natzaret, entidad dedicada al cuidado de menores en riesgo de exclusión social y presidida por el Obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha acusado a la ONG de defraudar a Hacienda al no declarar los ingresos “que cobra como dinero B“.

En la demanda que ha interpuesto a raíz de su despido a finales del pasado mes de enero, el exempleado señala que la entidad puso fin a su contrato en base a unas cuentas supuestamente falseadas. Y es que, según sostiene, cuando menos en la actividad de la imprenta la entidad presenta una “arquitectura fraudulenta” a nivel contable y fiscal.

Una práctica en la que, asegura en la demanda, a la que ha tenido acceso Crónica Balear, la Fundación Natzaret ha incurrido “camuflando ingresos –con la Iglesia hemos topado– y no declarando al fisco los ingresos que obtiene como dinero B”.

Por ello, considera que la ONG, “al margen de erosionar el dicho bíblico de ‘al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios’, vulnera con actividad presuntamente irregular la legislación contable y fiscal“. Un hecho que cree “crucial” en el contexto de su despido al insistir en que las cuentas que la entidad adujo en la carta en la que le comunicó la extinción del contrato “no son de fiar“.

En su escrito, el demandante describe el modus operandi de la entidad para evitar la declaración de los ingresos e introducirlos en su contabilidad B y advierte de que se trata de un procedimiento que podrá demostrar en el momento procesal oportuno mediante la aportación de documentos que así lo acreditan.

El exempleado recuerda que en la misiva que se le entregó el patronato de la fundación alegaba cambios organizativos y económicos para proceder a la extinción del contrato. Señala que la empresa no le abonó indemnización alguna como tampoco expuso en la carta los hechos que originaron el despido.

La Fundación Natzaret “miente”

Amparándose en lo dispuesto por el Estatuto de los Trabajadores, el extrabajador abunda en que “existen causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción”, unas circunstancias que no se dieron en su caso.

En esta línea, la demanda hace hincapié en otros puntos en los que, sostiene, la entidad “miente” en su misiva, como el hecho de alegar que la imprenta había quedado desfasada a nivel tecnológico.

También, añade, “farisea” en cuestión de inversiones. No en vano, explica que a lo largo de los últimos años la fundación ha ido adquiriendo distintas máquinas por un importe global de 183.806 euros, con lo que se daba respuesta a las demandas que al respecto habían formulado los trabajadores.

“Al fin teníamos maquinaria puntera para prolongar la actividad por lo menos treinta años más“, recalca el extrabajador, quien apunta que “también están mintiendo en cuanto a que el mercado de las artes gráficas está en retroceso y que lo básico es centrarse en atraer clientes hacia los productos que se están ofreciendo”.

En este sentido, incide en que “sólo quedaba invertir en la cuestión de recursos humanos a nivel de contratar un comercial polivalente con el objetivo de atraer a nuevos clientes a la imprenta de la Fundación Natzaret y no precisamente despedir trabajadores (…) Pero el director estaba más centrado en defenderse en un proceso judicial [en alusión a la causa por supuestos abusos sexuales de la que finalmente fue exculpado] que en la gestión de la imprenta”.

El exempleado rechaza las razones económicas aducidas por la entidad

El demandante, representado por el abogado Pablo Alonso de Caso, subraya que tampoco se daban los requisitos para despedirle por causas de índole económica, ya que de los resultados de la empresa no se desprende una situación económica negativa y, además, “no hay que olvidar el resto de ingresos que percibe la fundación, por ejemplo vía donaciones“.

Tampoco, recalca, existían pérdidas actuales o previstas ni se había producido “una disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas”.

El extrabajador señala que su despido “no es razonable” cuando, además, la fundación contrató después a varias personas a pesar de que la entidad le había comunicado que su puesto había sido amortizado. Tampoco especificó la empresa qué cambios de organización se habían producido.

“Podrían haberme reubicado en otro puesto de trabajo“, afirma el demandante. “Pero al director de la fundación le pesa más el criterio de la consanguinidad y amistad a la hora de contratar y mantener al personal que el de la profesionalidad. De ahí que contratara a su tía y a su prima y a otras personas por amistad”, añade.

El demandante concluye que la situación que se produjo en realidad fue “la pérdida, por mala gestión del gerente, de un cliente al haber perdido un servicio licitado por la administración pública”. Sin embargo, agrega, continuaba “el resto de volumen de trabajo y la capacidad de conseguir y atender más trabajo“. “La pérdida de un cliente no es causa suficiente para la extinción de contratos por cauce objetivo. Existen muchos potenciales clientes que atender”, sentencia.

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