La CIJ ordena a Birmania adoptar todas las medidas posibles para evitar un genocidio rohingya
UNICEF

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha ordenado a Birmania que “adopte todas las medidas que estén en su poder” para evitar que se produzca un genocidio contra la minoría musulmana rohinghya, según informa la BBC.

La CIJ se ha pronunciado así tras la denuncia presentada por Gambia contra el Gobierno que dirige Aung San Suu Kyi por la represión contra los rohingyas y que había pedido medidas cautelares a la espera de que la corte dicte un veredicto.

El pasado diciembre, durante la vista preliminar, fue precisamente la propia Suu Kyi la encargada de defender la posición del Gobierno. La líder birmana ha sido duramente criticada por la campaña de sangrienta represión con que el Ejército birmano respondió en el verano de 2017 a una serie de ataques de milicianos rohingyas en el estado de Rajine. Como resultado de la misma, más de 700.000 de ellos se refugiaron en el vecino Bangladesh.

La comisión de investigación de la ONU llegó a la conclusión un año después de que el Ejército birmano tuvo una “intención genocida” en su respuesta. “La necesidad militar nunca justificaría los asesinatos indiscriminados, la violación grupal de mujeres, la agresión a niños y la quema de localidades enteras”, sostuvieron los investigadores de la misión creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Así las cosas, y ante la ausencia de rendición de cuentas a nivel interno en el país, Gambia, con su ministro de Justicia, Aboubacarr Tambadou, a la cabeza, presentó el pasado noviembre un recurso ante la CIJ denunciando a Birmania por incumplir la Convención sobre Genocidio que prohíbe esta práctica y de la que el país asiático es parte desde 1956.

Esta es la primera vez que un país denuncia a otro sin una relación directa con los presuntos crímenes sustentándose en la Convención sobre el Genocidio. El paso, resultado de la implicación personal de Tambadou tras visitar los campos de refugiados rohingya en Cox’s Bazar y su experiencia trabajando en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) por el genocidio en el país africano, cuenta con el respaldo de 57 estados miembro de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI).

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