Penalva y Subirán se valieron de testigos "sin escrúpulos" y hechos que nunca existieron

Esther Ballesteros | 24/12/2019

El juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán

Valiéndose de toda una “maquinaria” dirigida a instrumentalizar a testigos -algunos de los cuales conformaban un "siniestro" grupo de personas "con intereses propios" y "sin escrúpulos"-, obtener falsas pruebas incriminatorias, omitir las que podían poner en tela de juicio sus tesis y efectuar continuas e interesadas filtraciones a la prensa, el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y otros investigadores armaron a su antojo el caso Cursach. Así lo aseveran dos nuevos atestados policiales que echan por tierra las prácticas presuntamente delictivas de las que aquéllos habrían hecho uso para instruir la causa y apuntalar sus acusaciones.

Los informes, a cuyo contenido ha tenido acceso Crónica Balear, profundizan en los delirantes métodos que el exinstructor del caso y los demás investigadores -en la actualidad bajo lupa judicial por estos hechos- habrían empleado para sostener la existencia de un “entramado mafioso” dirigido a proteger los intereses del magnate del ocio nocturno en Mallorca.

“Podría decirse, sin pecar de exagerados” -señala uno de los atestados- “que la columna vertebral de la macroinvestigación que llevaron a cabo el juez Penalva, el fiscal Subirán y el resto de investigados habrían sido las agresiones y amenazas a testigos”. Y en estas prácticas, relatadas por testigos presuntamente coaccionados y dirigidos, se habrían basado para erigir sus imputaciones contra Cursach y decenas de imputados más.

“Si hay pruebas dudosas o pocas pruebas, pero hay agresiones o amenazas, es porque detrás hay un entramado mafioso”. Eran, según el atestado, las conclusiones que permitían a los investigadores consolidar sus tesis y sacar adelante la causa sin tan siquiera contrastar las afirmaciones de los testigos. Precisamente, incide el informe, en ellas se ha basado el grueso de las pruebas del caso Cursach.

Los autores de los nuevos informes aluden a los varios tipos de testigos a quienes habrían manipulado los investigadores para reforzar su relato. Hacen especial hincapié en uno de esos grupos, al que consideran “mucho más siniestro” que el resto. Lo constituirían “personas con intereses propios, sin escrúpulos, que no habrían dudado, avalados y respaldados por los investigadores, en acusar de la forma más temeraria posible a múltiples personas de hechos presuntamente falsos a sabiendas de su falsedad, y en una pavorosa unidad de acción”.

Agresiones nunca producidas

La Policía Nacional apunta, incluso, a agresiones en las que los investigadores se ampararon a pesar de que nunca se habrían producido. La más “paradigmática”, precisa, la que aseguraban que sufrió una de las testigos protegidas de la causa, la número 31, en la puerta de su domicilio “a manos de dos sicarios enviados por el entorno de Cursach”. “Una agresión esgrimida a partir de entonces en todo tipo de pruebas, escritos judiciales y medios de prensa”, añade el atestado.

Los autores del atestado recuerdan cómo la supuesta agresión fue relatada en su día “con dramatismo” durante el juicio celebrado contra Pedro Rosselló, sobrino de Cursach, por supuestas amenazas, y recalcan que “por sí misma ha parecido suficiente para dejar claro que aquí había buenos y malos”. “Una agresión que, a juicio de esta instrucción, ha podido demostrarse sin ningún género de dudas que no existió nunca”.

Los agentes subrayan que, a falta de comprobación, “todo apunta a la existencia de más amenazas falsas o infundadas en la causa, casualmente de manos de testigos ‘cuanto menos dudosos’ y a juicio por el contacto total con los investigadores, controlados por estos”.

En esta misma línea, ponen de manifiesto cómo los miembros del presunto “grupo criminal” investigado habrían, presuntamente, privado al tribunal sentenciador de la anterior causa de datos “esenciales” para conocer y valorar la realidad de los hechos. “Datos que habrían sido intencionadamente ocultados durante la instrucción, una instrucción dirigida y tendenciosa que no buscaba conocer la verdad, sino una condena” y a lo largo de la cual “no se hizo la más mínima investigación”.

Acusaciones contra Gijón y Rodríguez

Del mismo modo se pronuncian respecto a las incriminaciones contra el propio Cursach, el exdiputado del PP Álvaro Gijón, el expresidente de la formación en Palma y exconseller de Interior José María Rodríguez y varios mandos de la Policía Local acusados por la misma testigo de acudir “a fiestas y a orgías” supuestamente costeadas por Cursach. Se refieren, en concreto, a las bacanales que, según la testigo, se llevaban a cabo en un prostíbulo de la calle Lluís Martí.

“Se puede concluir que, como mínimo y por ser templados, habrían presuntamente continuado con las acusaciones tras tener conocimiento de que se trataba de delitos imposibles por no existir el club en las fechas reiteradamente señaladas por la testigo”, recalca el atestado.

E incide en que también habrían continuado utilizando pruebas “con pleno conocimiento de su falsedad, confeccionando declaraciones preparadas y falsarias y ocultando declaraciones y testimonios de máximo interés”.

Tal es la magnitud de las incriminaciones vertidas por la testigo que la Policía Nacional considera que la declarante “habría cometido numerosos delitos de acusación y denuncias falsas” contra el empresario, su sobrino, Gijón, Rodríguez y numerosos policías locales, a quienes “habría acusado a sabiendas de su falsedad y, en ocasiones, a pesar de ni siquiera conocerlos ni haber tenido contacto con ellos nunca”.

Sentimiento general

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