La Justicia de Perú juzgará por cuarta vez el caso de la impulsora de Ni Una Menos
Arlette Contreras a su salida de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lima Norte. EFE

La Justicia peruana determinó este viernes que se realizará un cuarto juicio en el caso de violencia machista más emblemático de Perú, que desde 2015 tiene como víctima a la activista Arlette Contreras, impulsora del movimiento “Ni Una Menos” en Perú.

Contreras recurrió la condena de 11 años de prisión contra su prófugo agresor Adriano Pozo para que se endureciese con más años de cárcel y más dinero en concepto de indemnización, ya que la sentencia producto del tercer juicio valoró el intento de feminicidio pero desestimó el cargo de intento de violación.

Así, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima Norte dio parcialmente la razón a Contreras, ya que anuló la absolución para el delito de intento de violación pero ordenó que se se repita el juicio sobre este punto y confirmó el resto del fallo, sin aumentar la pena, lo que no dejó conforme a la denunciante.

CONTRERAS SIN ESPERANZA

“Ya no me queda esperanza en el sistema de justicia peruano. No solo me ha fallado a mí, sino a miles de mujeres. Tengo casi 5 años luchando por justicia”, señaló Contreras a los periodistas a la salida de la lectura del fallo.

El caso de Contreras se hizo conocido a nivel nacional en 2015 cuando se difundieron las imágenes de una cámara de seguridad que registraron como esta fue arrastrada de los pelos a lo largo del vestíbulo de un hotel por su expareja Adriano Pozo, que aparecía desnudo para forzarla a entrar a una habitación.

La activista feminista, candidata a congresista por el Frente Amplio de izquierdas para las próximas elecciones parlamentarias de enero de 2020, también denunció que “los operadores judiciales no están en capacidad de brindar justicia en Perú”. “Por eso ya hemos superado las 160 mujeres muertas por feminicidio“, agregó.

UNA “TORTURA” JUDICIAL

Contreras señaló que “la policía, los jueces, los fiscales, son responsables y tienen que recibir responsabilidad funcional. Se les tiene que destituir, no pueden seguir fallando a las mujeres”.

Sobre su caso agregó que se siente “cansada de impugnar todas las resoluciones” y que es “completamente injusto y violatorio” que se haya ordenado un nuevo juicio “porque esto es tortura mediante procesos crueles”.

La abogada de Contreras, Cynthia Silva, criticó también que las autoridades judiciales que tratan estos casos no tengan “capacidad de impartir justicia con perspectiva de género” y que se ha confirmado irregularidades en la condena por feminicidio y la absolución por tentativa de violación en los procesos judiciales.

Pozo se encuentra actualmente en paradero desconocido y figura en la lista de las personas más buscadas del país que divulga el Ministerio del Interior, en la que se ofrece hasta 30.000 soles (unos 9.000 dólares) a quien colabore con información que ayude a la Policía a ubicarlo y capturarlo.

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