Cursach y 15 acusaciones más piden que el TSJIB investigue a Penalva
Manuel Penalva

El empresario del ocio Bartolomé Cursach y otras quince acusaciones han solicitado que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) investigue la presunta trama delictiva que el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán urdieron, junto a varios agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, para construir a la carta sus pesquisas en torno a las actividades del magnate mallorquín.

En los escritos que han presentado a lo largo de las últimas semanas, los abogados que ejercen las distintas acusaciones particulares en el conocido como caso Whatsapps piden a la jueza que instruye la causa, Carmen Abrines, que eleve una exposición razonada a la máxima instancia judicial de las islas para que este órgano asuma las pesquisas ante los sólidos indicios de criminalidad que, consideran, pesan sobre Penalva y Subirán.

De hecho, inciden en la supuesta instrumentalización de imputados y testigos y en las continuas filtraciones a la prensa de las que habrían hecho uso los investigadores con el objetivo de reforzar sus tesis contra Cursach y otros numerosos investigados. Debido a la condición de aforados de Penalva y Subirán, señalan que debe ser el TSJIB el que se haga cargo del caso Whatsapps.

A este respecto, la defensa del empresario, en un escrito de cinco páginas al que ha tenido acceso Crónica Balear, se remite al que presentó el pasado mes de mayo cuando solicitó al entonces instructor del procedimiento, Miquel Florit, la elevación del mismo al TSJIB.

Peticiones de Cursach

No obstante, antes de ello, el letrado de Cursach considera necesario practicar las distintas diligencias que restan pendientes en el marco de estas investigaciones. De lo contrario, el Tribunal Superior podría devolver nuevamente las pesquisas a la actual jueza instructora.

Entre tales prácticas, el abogado del empresario y fiscal en excendencia de la Audiencia Nacional Enrique Molina apunta a la pertinencia de analizar diversa documentación relacionada con la causa sobre la que, posteriormente, deberán elaborarse sus informes policiales. El penalista reclama además que, ante la complejidad de estas diligencias, se prorrogue el plazo para dar término a la instrucción -lo que está previsto el próximo 20 de febrero- hasta al menos el 6 de agosto de 2020.

Cabe recordar que el anterior juez instructor del caso Whatsapps elevó el pasado mes de julio una exposición razonada al TSJIB para que éste se arrogase las investigaciones. En su escrito aludía a la divulgación de información secreta por parte de Penalva y Subirán, a la coacción a testigos e imputados, al falseamiento de declaraciones y a la difusión de resoluciones injustas que atentan contra la libertad.

Indicios “serios” contra Penalva

Florit, quien, por su parte, se encuentra pendiente de juicio por supuestamente vulnerar el secreto profesional cuando ordenó incautar el teléfono de dos redactores para investigar el rastreo de llamadas realizadas y la revelación de secretos que se habrían producido en el caso Cursach, apuntaba a los “fundados, serios y cualificados” indicios delictivos por parte de Penalva y Subirán.

Más en concreto, subrayaba cómo ambos, concertados con los agentes de la Policía Nacional, difundieron de manera continuada e interesada información confidencial y secreta, propiciaron la emisión de resoluciones que supusieron el encarcelamiento de varios investigados del caso Cursach y presionaron a testigos e imputados para que prestasen declaración de forma incriminatoria.

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