audiencia palma

La Audiencia de Palma ha fijado para el 20 de diciembre una vista previa de la causa contra 13 acusados de crear un entramado empresarial que regentaba establecimientos de hostelería en Mallorca para defraudar a Hacienda y Seguridad Social, para quienes la Fiscalía pide condenas que suman 388 años.

La sección primera del tribunal provincial ha suspendido la celebración de una vista previa que estaba prevista este viernes y ha fijado una nueva fecha para diciembre, ante la posibilidad de que las partes negocien un acuerdo.

La Fiscalía solicita penas de entre 28 años y 30 años de prisión para cada uno de los acusados, así como cuantiosas multas, porque considera que, al menos desde 2009 hasta 2015, se pusieron de acuerdo e idearon, estructuraron y gestionaron “un entramado empresarial” destinado a eludir sus “obligaciones fiscales”, alterando los beneficios obtenidos en los locales de hostelería que regentaban, con una contabilidad paralela “muy inferior a la real”.

Con esta finalidad crearon hasta 37 sociedades mercantiles que explotaban establecimientos de hostelería en Mallorca que “integraban todas ellas una misma unidad económica”, y los socios se realizaban pagos en efectivo para equilibrar los beneficios.

Se trata de una causa iniciada a raíz de las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional, a través de la Ucrif, en el transcurso de las cuales se procedió al cierre de hasta 35 establecimientos.

La inspección realizada por la Agencia Tributaria de estas sociedades concluyó que las cuotas dejadas de ingresar en concepto de impuesto de sociedades ascendió a 5,1 millones de euros entre 2009 y 2014; y en concepto de IVA 6,8 millones.

Para lograr también una reducción de las cuotas a abonar a la Seguridad Social por los trabajadores contratos, “los acusados mantenían una política de contratación ficticia celebrando contratos por menos horas de las realmente trabajadas”, según la Fiscalía, un procedimiento por el que el entramado dejó de pagar cuotas por 1,1 millones entre 2011 y 2015.

Además de no cotizar por todas las horas que trabajaban los empleados, no respetaban las jornadas de descanso semanal. Según la Fiscalía, contrataban a trabajadores extranjeros en situación de necesidad, y en varios casos en situación irregular en España, porque aceptaban las condiciones que les imponían.

En 16 de los locales de hostelería del entramado, los investigadores detectaron conexiones irregulares al tendido eléctrico mediante las que defraudaron 1,3 millones de euros.

La Fiscalía considera que, de los 13 acusados, dos hermanos estaban al frente de la organización, junto con su asesor jurídico, que daba las directrices para realizar el fraude; y otros dos supervisaban la doble contabilidad y la contratación.

El ministerio público acusa de doce delitos contra la Hacienda Pública, uno contra la Seguridad Social, un delito continuado contra los derechos de los trabajadores y otro de defraudación de energía eléctrica.

2 Comentarios

  1. Fue una estupenda operación policial muy a pesar o a pesar de la institución que debería haber liderado la actuación. No se explica que durante años y años se hubiera dado esa tropelía sin que la I de Trabajo no se enterara de nada

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