pozo rescatar Julen
EP

La Fiscalía ha pedido tres años de prisión para el dueño de la finca de Totalán (Málaga) donde murió el pequeño Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo de gran profundidad y cuyo cuerpo fue rescatado 13 días después, al considerar que los hechos son consecutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave.

En el escrito de acusación, el fiscal pide la apertura de juicio oral contra David Serrano, dueño de la finca; e incide en que «no había señalizado ni advertido» de la presencia de la prospección.

El ministerio público insiste en que el acusado «era el único conocedor» de la existencia del pozo por el que cayó el pequeño, añadiendo que «los demás desconocían» la presencia del mismo ya que «apenas se veía».

Asimismo, se pide que el acusado indemnice a los padres de Julen por la muerte de su hijo y, de igual modo, a la Junta de Andalucía en el valor de los daños y perjuicios causados que se determinen en la ejecución de la sentencia.

RELATO DE LOS HECHOS

En las conclusiones provisionales del escrito se indica que el acusado el 13 de enero de 2018 fue junto con su pareja y su hija menor, así como con los padres de Julen y el pequeño a la finca. Cuando llegaron, el acusado aparcó en la explanada en la que había realizado una obra con una canalización o zanja en forma de ‘L’ con la finalidad de asentar un futuro muro, que pretendía construir y que, además, se dispuso a mostrar al padre del pequeño, desplazándose ambos por la finca e iniciándose las tareas necesarias para hacer la comida.

Los menores, mientras tanto, y según el relato del ministerio público, estaban junto a sus madres. Así, la madre de Julen «se sentía indispuesta» por lo que dijo a su marido que iba a llamar al centro de trabajo para avisar de «la imposibilidad de acudir», encomendando el cuidado de Julen al padre.

Así, tras alejarse la madre del lugar, Julen quedó junto a la hija del acusado. Entonces el menor se bajó de la silla y se metió en la zanja de canalización en forma de ‘L’ y «comoquiera que la misma favorecía su control, al ser de 50 centímetros de profundidad no se lo impidieron, caminando dentro de ella».

Julen se puso a correr por la misma, según el fiscal, y al ver que echaba a correr, la pareja del acusado comenzó a gritar el nombre del menor, reaccionando «de forma inmediata» el padre, corriendo ambos en dirección de Julen para pararlo y evitar «que se hiciera daño con las piedrecitas o las paredes de la zanja».

Según el relato, al llegar a su extremo final «de forma repentina y sorprendente» desapareció de la vista, ya que «Julen se coló por la boca del pozo que se encontraba a ras del suelo de la zanja, «en el extremo final y sin tapar, precipitándose en su interior». La boca del pozo era de 28 centímetros de diámetro, reduciéndose posteriormente hasta los 21-22 centímetros.

Tanto la pareja del acusado como los padres de Julen «desconocían» que estaban preparando la comida «a 17 metros de distancia de un pozo sin tapar; al igual que tampoco sabían que estaba el mismo al final de la zanja en forma de ‘L’ en el lado corto; y que Julen corría en dirección a la boca del mismo.

En acusado, según el fiscal, no había señalizado ni advertido la existencia del pozo «justo al lado del lugar en el que iban a comer». Se precisa, asimismo, que el acusado «sí había avisado al padre de Julen de la presencia de pozos» pero cuando lo hizo «estaban junto a otro pozo que se encontraba en otra zona de la finca correctamente señalizado y cerrado» por lo que el padre del pequeño «no le dio más importancia».

Además, según señala el fiscal, el acusado «era el único conocedor» de la presencia del pozo por el que se cayó el pequeño, añadiendo que «los demás desconocían» la presencia del mismo ya que «apenas se veía».

Según señala, también el dueño «a sabiendas de todo ello y de la falta de protección suficiente y adecuada, no adoptó medida alguna para evitar cualquier posible resultado lesivo, poniendo en peligro la vida de los dos menores; su propia hija y la de Julen, que finalmente cayó por él».

El padre del niño intentó sin éxito sacar a Julen del pozo «lesionándose los brazos en su intento de alcanzarlo, apartó los dos bloques de hormigón que rodeaban la boca y metió una goma de regar con el intento de que Julen se agarrara» pero «era imposible» pues «desconocía» que el pozo tenía 110 metros de profundidad y que el menor se encontraba precipitado hasta el fondo, apunta el relato.

Tras esto y una vez el menor cayó, según el fiscal, se alertó a los efectivos, «que se personaron en el lugar de los hechos iniciándose todas las actuaciones necesarias para el rescate del menor» que «despertó la atención mundial» y «en el que el sacrificio y la entrega de todos los participantes, trabajando sin descanso las 24 horas del día, nos enorgullece».

Julen cayó el domingo 13 de enero a al pozo y su cuerpo fue encontrado a las 01.25 horas de la madrugada del sábado 26 de enero por los equipos de rescate que lo buscaban desde el momento del suceso; y a las 03.29 horas se logró subirlo a la superficie.

Cabe recordar también que la Junta de Andalucía ha remitido al juzgado que lleva el caso por la muerte de Julen un escrito para personarse como perjudicada en el procedimiento. Así lo aseguraron  fuentes judiciales, que indicaron que esto da opción a la Administración andaluza a reclamar el coste derivado del rescate.

De esta manera, se ha cifrado en 687.749,51 euros el coste de todas las actuaciones que se hicieron para rescatar a Julen. Se trató de una verdadera obra de ingeniería civil en un contexto de emergencia, con unas condiciones muy adversas en cuanto a las dificultades del terreno.

Por otro lado, la Secretaría General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Hacienda procedió a la apertura de dos expedientes sancionadores contra el propietario de la finca donde falleció Julen y contra la empresa perforadora del pozo en concepto de «presuntos autores por infracción muy grave en materia de seguridad minera», y que ambos casos comporta una sanción dentro de una horquilla que oscilaría entre los 300.001 euros y el millón de euros.

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga que instruye el caso de la muerte del pequeño Julen, considera que el dueño de la finca de Totalán cometió presuntamente un delito de homicidio por imprudencia grave. Así se indica en un auto, recurrido por la defensa del único acusado, en el que se dispone que sigan las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado, apuntando que David Serrano, propietario de la parcela, pudo cometer un delito de homicidio por imprudencia grave.

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