El juez Miguel Florit
EP

Divulgación de información secreta, coacción a testigos e imputados, falseamiento de declaraciones y difusión de resoluciones injustas que atentan contra la libertad. Son algunas de las acusaciones que el juez instructor del conocido como caso Whatsapps, Miquel Florit, vierte contra su antecesor al frente de las investigaciones, Manuel Penalva, y el fiscal Miguel Ángel Subirán, en el escrito que ha elevado ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para que éste asuma las pesquisas contra ambos a raíz las actuaciones que habrían llevado a cabo con el objetivo de alterar pruebas y facilitar futuras condenas en el marco del caso Cursach.

Mediante una exposición razonada de quince páginas, a la que ha tenido acceso Crónica Balear, Florit apunta a que de lo investigado hasta el momento se desprende que tanto Penalva como Subirán, en la actualidad apartados del caso, se concertaron con varios agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional para construir a la carta, de forma supuestamente delictiva, la instrucción en torno a las actividades desplegadas en los últimos años por el empresario del ocio Bartolomé Cursach.

De hecho, el magistrado apunta en su escrito a la existencia de indicios “fundados, serios y cualificados” contra ambos que justifican, por su condición de aforados, que sea la máxima instancia judicial de las islas la que se arrogue las investigaciones y determine hasta qué punto hicieron uso de las filtraciones a la prensa e instrumentalizaron a testigos a fin de allanar la condena de los numerosos investigados en el caso Cursach.

En sus alegatos, el juez reconstruye el recorrido efectuado en el caso Whatsapps hasta el momento de pedir al TSJIB que se haga cargo del mismo. Y se expresa con contundencia. Según relata, Penalva y Subirán, concertados con los agentes de la Policía Nacional, difundieron de manera continuada e interesada información confidencial y secreta, propiciaron la emisión de resoluciones que supusieron el encarcelamiento de al menos tres de los investigados del caso Cursach y presionaron a testigos e imputados para que prestasen declaración de forma incriminatoria.

Y detalla cómo se ha constatado documentalmente la existencia de al menos 37 publicaciones en prensa relacionadas con documentos confidenciales a los que las partes no tenían acceso por encontrarse bajo secreto sumarial.

El epicentro de las pesquisas lo constituye el chat de whatsapp hallado en el teléfono de uno de los agentes investigados: lo integraban Penalva, Subirán y varios efectivos policiales de Blanqueo y a través del mismo los investigadores habrían urdido su trama de revelación de secretos. Y a él se refiere Florit en su exposición razonada. Según el juez, de las conversaciones mantenidas por todos ellos “resultaría que los integrantes del grupo habrían acordado la comunicación a medios periodísticos” de las diversas actuaciones policiales y judiciales en las que habían intervenido.

Se apoya en sentencias del Tribunal Supremo

Se trata de unos hechos con “inequívoco carácter delictivo”, según Florit, quien se apoya en un auto de la Audiencia Provincial de Baleares en el que se admitía la personación de los afectados por estas divulgaciones y alude, incluso, a varias sentencias del Tribunal Supremo en las que se condena a funcionarios de Policía y de la Guardia Civil por transmitir información confidencial obtenida en el ejercicio de sus funciones.

Florit también hace referencia a los delitos de prevaricación y detención ilegal en los que habrían incurrido Penalva y Subirán a raíz de la detención de tres empresarios cuyo arresto  habría sido auspiciado de forma fraudulenta, así como a la postergación ex profeso de distintas declaraciones testificales para justificar así sus medidas de prisión.

“La práctica de distintas diligencias se habría acordado y realizado con la mera finalidad de justificar el auto de prisión y su mantenimiento y no para avanzar en el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación”, recalca Florit, quien asevera que la decisión de decretar los encarcelamientos fue incluso publicada en prensa antes de que se dictase el auto que así los acordaba.

Sobre las coacciones a las que habrían sometido a determinados testigos, el juez asevera que el chat investigado evidencia que en numerosas ocasiones las declaraciones eran “dirigidas y preparadas” por los intervinientes en el grupo de whatsapp con el objetivo de que los testigos realizasen falsas incriminaciones contra varios de los investigados en el caso Cursach. Según Florit, a una testigo se la llegó a interrogar en una cafetería en presencia, únicamente, de Penalva y del policía en cuyo móvil fue localizado el chat.

Y señala que la intervención de los miembros del grupo sobre los testigos “alcanza no únicamente al contenido de sus declaraciones sino a las entrevistas y relaciones que con los medios de prensa deben hacer. De este modo, se les indica qué entrevistas deben realizar, con qué medios y qué contenido de información deben dar”.

Fue el abogado de Bartolomé Sbert, mano derecha de Cursach, el primero que apoyó la pertinencia de elevar la causa al TSJIB debido a la multiplicidad de delitos que habrían cometido los investigadores. “Si bien éramos conscientes de que la instrucción [del caso Cursach y sus distintas piezas] estaba viciada de raíz, nunca hubiésemos imaginado el nivel degenerativo que ocultaba. Jamás”, señalaba el letrado. También la Fiscalía ha solicitado que el órgano judicial se haga cargo de las pesquisas en torno a Penalva y Subirán.

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